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En sus reivindicaciones y declaraciones públicas, gran parte de la dirigencia sindical se muestra enfrentada, muchas veces con virulencia, al empresariado. Desde la perspectiva de los derechos laborales, la realidad en general parece no ser asunto de confrontación: una amplia mayoría de los asalariados (72%) asegura que en su lugar de trabajo se respetan sus derechos, si bien otro 26% declara que esto no es así. A su vez, la percepción de estar en un sitio en donde se vulneran sus derechos, tiende a ser más intensa entre los trabajadores de nivel socioeconómico bajo, los informales, y aquellos empleados de empresas medianas y grandes.
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Así surge de una encuesta elaborada por el Siclab, una iniciativa de UniónCapital AFAP, a cargo de Equipos Consultores y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración para el análisis y seguimiento permanente de la calidad del empleo en Uruguay. Un informe difundido el jueves 10 constató que 19% de los trabajadores se reconoce como miembro de un sindicato, asociación de trabajadores o gremio profesional. Además, un 22% adicional declara que en su lugar de trabajo hay organizaciones de este tipo pero no pertenece a ellas.
Aquellos con nivel educativo alto, los que trabajan en el sector público, tienen más antigüedad en las empresas y se desempeñan en empresas medianas o grandes presentan un mayor porcentaje que el resto de pertenencia a un sindicato, asociación o gremio profesional.
Por otro lado, la calidad del empleo de los ocupados mostró un nuevo incremento durante 2017, conforme con el Siclab (Sistema de Información de Calidad Laboral). Dicha mejora se vio reflejada en el Índice de Carencias de las Ocupaciones (ICO), elaborado por el Instituto de Economía a partir de información de las Encuestas Continuas de Hogares, que disminuyó 4% respecto a 2016.
El ICO es un indicador multidimensional que considera la calidad del empleo a partir de seis aspectos —registro en el sistema de seguridad social, multiempleo, extensión de la jornada laboral, estabilidad laboral, empleo productivo y suficiencia de ingresos a partir de un umbral relativo— y tiene en cuenta el número de dimensiones en que los trabajadores se ven afectados. La mejora del indicador en 2017 se explica tanto por una disminución del porcentaje de trabajadores con al menos una carencia en las dimensiones consideradas, como debido al promedio de carencias que presentan los ocupados. De todas formas, en 2017 el 53,7% de los ocupados presentó alguna carencia.
Al considerar las diferencias de los mercados de trabajo regionales, se constata que la mejora en la calidad del empleo el año pasado tuvo lugar en casi todo el territorio, si bien se mantuvo en la zona central y exhibió un leve retroceso en la región oeste.
El único indicador que se deterioró fue el de insuficiencia de ingresos: se incrementó la cantidad de ocupados vulnerables en términos de ingresos en 0,4%. Es el primer año en que se observa este fenómeno desde que se calcula el índice, lo cual, según sus autores, constituye una alerta en términos del proceso de mejora de la calidad del empleo de los ocupados dada la relevancia que tiene la vulnerabilidad de ingresos (30%).