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Es un escándalo que en pleno siglo XXI el país deba posponer, postergar o simplemente negar soluciones de vida a personas de todas las edades, anteponiendo artilugios legales solo para demorar respuestas vitales o esgrimiendo pretextos financieros para ganar tiempo e imponer una injusticia legal que solo beneficia a las arcas del Estado.
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De esa manera, se vilipendia la vida de las personas, cuando un poco de ingenio e imaginación puestas al servicio de la necesidad, podrían dar respuesta humanitaria a demandas urgentes que hacen la diferencia de verdad.
Se olvida con premeditación que un paciente con cáncer pelea por su vida y no por el dinero de un fondo creado, precisamente, para cubrir necesidades de curas médicas especiales, y que les son negadas por razones fútiles cuando la antinomia es entre la vida o la muerte.
Lo más trágico de este asunto es que la maquinaria burocrática de impedir sabe que tiene en su beneficio el minuto que corre a su favor, haciendo la diferencia entre la vida y la muerte.
Con azoro la sociedad uruguaya se entera cada poco por la prensa o por las redes, o se allega a la información por conocimiento cercano de algún familiar o amigo, de que existen dramas de pacientes con patologías oncológicas que podrían remitir con el uso de medicamentos caros y que no figuran en el vademécum del Fondo Nacional de Recursos.
Nos parece un reclamo humanitario imperioso buscar alternativas plausibles, ya que el gobierno arguye que el FNR es un recurso finito, y que no se adapta a la velocidad de los cambios que se producen en la industria farmacéutica, a propósito de la investigación y desarrollo de nuevas curas con medicaciones a veces imposibles de ser compradas por una persona promedio del Uruguay.
Avergüenza y duele ver que a veces la gente deba hacer colectas públicas por los medios masivos de comunicación para poder comprar medicamentos que por el precio se convierten en bienes de muy difícil obtención.
Lastima ver que los uruguayos deban hacer juicios al Estado para reclamar medicamentos que el FNR debiera proveer, y ofende enterarse de que la Justicia le ha dado la razón al paciente, cuando ya ha muerto.
Por ese motivo nos parece necesario crear un sistema especial de financiamiento para atender este tipo de demandas particulares, que genere la necesaria igualdad que el sistema predica.
El país cuenta con un adecuado arsenal legislativo que permitiría contemplar estos casos que tanto ruido social provocan, y tantas ofensas a la justicia detonan, como la Ley 17.703, del año 2003, y otras normas jurídicas que están alineadas con fórmulas alternativas de financiamiento, a que Uruguay debería apelar.
La creación de un fideicomiso para financiar la compra de medicamentos caros y que no figuran en el vademécum del FNR, que no están en las prioridades de los sistemas de compras estatales, debiera ser un objetivo estratégico en el marco de una propuesta de salud integral, como el país pretende sostener. De forma paralela, es necesario avanzar en conjunto con Brasil, país referente en la región, ya sea a través de la producción de genéricos de manera conjunta o mediante acuerdos bilaterales, así como avanzar en el otorgamiento de licencias como lo realiza Brasil y Ecuador.
El mundo discurre por un tiempo en que las ciencias de la salud constituyen uno de sus objetivos estratégicos de esta era, y se imponen acciones eficaces y de justicia.
