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    Medio centenar de fideicomisos y 93 fondos existen en la órbita pública; Tribunal de Cuentas controla balances de unos pocos

    De la misma forma que la constelación de sociedades de derecho privado pertenecientes a las empresas estatales fue expandiéndose en los últimos años, también lo hicieron otras figuras jurídicas novedosas para Uruguay: un relevamiento contabilizó en la órbita pública 51 fideicomisos y 93 fondos, como lo son el polémico Fondes, de Eficiencia Energética de UTE, del Sodre, del Antel Arena, del boleto o de infraestructura de la Intendencia de Montevideo.

    A fines de 2016 los ministros del Tribunal de Cuentas (TC) acordaron que se debían auditar los balances de los fideicomisos remitidos al organismo. A partir de esa definición, envió oficios a las dependencias del gobierno, así como a las empresas estatales y los gobiernos departamentales, para identificar todos los fondos y fideicomisos de origen público. Pero el relevamiento quedó incompleto. “(…) Hay organismos a los que no les gusta contestar. Insistimos varias veces, pero al final algunos tampoco contestaron”, se lamentó Omar Zooby, director de la División Auditoría del TC cuando compareció el 14 de junio ante la comisión especial del Parlamento que asesora en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privado. A fines de 2017 lograron armar un listado “que seguramente no es completo” dado que algunos organismos no contestaron y porque “ya pasó tiempo y se siguen creando instrumentos de este tipo”, explicó. Se identificaron 51 fideicomiso y 93 fondos para los cuales se dispuso de su fecha de creación, los activos al momento de presentada la información y los montos del contrato original, entre otros datos. “Si bien es una información que puede ser razonable, no es absolutamente precisa, pero da una idea bastante importante de lo que se está manejando o de lo que se podría estar manejando en ese momento a nivel de fondos y fideicomisos”, señaló Zooby. Estas figuras permiten manejar activos o flujos de fondos como patrimonios autónomos, con propósitos específicos.

    De los fideicomisos, desde hace varios años el tribunal audita o visa los 14 que tienen como fiduciario a la Agencia Nacional de Vivienda —constituidos con carteras de crédito transferidas por el Banco Hipotecario— y, según el jerarca, cubren una parte importante de los fondos fiduciarios en el ámbito público. Los otros 37 no se controlan, porque recién en 2016 se llegó a un consenso entre los integrantes del TC para exigir que se mandaran los balances, señaló. Fondos no controla ninguno, porque en el organismo “no hay posibilidad presupuestal alguna de hacerlo”, reconoció.

    Indicó que, por otro lado, el “problema” está en la legislación “dudosa o no muy precisa” en cuanto a la obligatoriedad de remitir los balances de ese tipo de figuras jurídicas. Es así que, a fines del año pasado, el tribunal dictó una ordenanza que incluyó a los fideicomisos en forma precisa como unidades contables obligadas a presentar balances. “Este año ya vamos a recibir (de) un montón de fideicomisos, porque varias de las entidades fiduciarias, como República Afisa, lo han pedido y les hemos concedido plazos” para presentarlos, informó. También ha solicitado plazo la Corporación Nacional para el Desarrollo y “alguna otra” entidad que administra fideicomisos, agregó.

    El TC deberá definir cómo controla esos balances, “por supuesto, siempre limitado” por las “restricciones presupuestales” que padece, señaló el jefe de su área de Auditoría. “Evidentemente no va a tener ninguna posibilidad de auditar creo que ni a 10% de los fideicomisos y fondos, excluyendo los que ya estaba auditando, dependientes de la Agencia Nacional de Vivienda”, acotó.

    Ante la comisión, la presidenta del tribunal, Susana Díaz, planteó la necesidad de que se pueda mantener un registro, exigiendo que cuando se creen fideicomisos o fondos, sea notificado ese órgano de control y el Poder Ejecutivo. “De lo contrario, siempre estaremos corriendo detrás de la liebre, y muchas se nos van a escapar. A veces, no hay más remedido porque las transferencias pasan por nosotros. La transferencia al Fondo de Cultura pasa por el Tribunal de Cuentas, pero de pronto puede haber alguna cosa que no vea el auditor ni el tribunal”, argumentó.

    Los auditores privados

    Según Zooby, Uruguay es uno de los “poquísimos países, si no el único”, que tiene la obligación de auditar los estados financieros de todos los organismos. “Eso ya no existe a nivel mundial. Hay tribunales de cuentas que ya no auditan ningún estado financiero, porque se entiende que si los auditan las empresas privadas y el tribunal puede controlar a las empresas de auditoría privadas, tiene un efecto multiplicador sobre su actuación. Mientras se interprete que el tribunal debe auditar a todos los organismos, nunca va a poder cumplir con todo porque cada vez son más”, explicó.

    Pero señaló que el TC recibe balances de distintas empresas, paraestatales o fideicomisos, etcétera, auditados por firmas privadas y “muchas veces” discrepa con sus dictámenes. “Por ejemplo, puede haber un dictamen limpio de una auditoría privada y puede haber un dictamen con salvedades sobre ese mismo balance de una empresa pública no estatal. ¿Por qué puede pasar eso? Yo no dudo de la capacidad que puedan tener los auditores privados, pero a veces tenemos distinta óptica. Como auditores públicos, nosotros debemos controlar también el cumplimiento de la legalidad. Los auditores privados solo se limitan a informar sobre la razonabilidad de los estados. Entonces, los dictámenes del tribunal son siempre más abarcativos”, afirmó.

    “En definitiva, cualquier colega podría decir que es auditor y hacer un contrato con una determinada empresa y la audita; pero yo no sé la capacidad que tiene ese auditor para auditar. Allí pueden producirse diferencias. En otras empresas, más allá de un registro de auditores, la entidad fiscalizadora superior tiene participación en los contratos que las empresas públicas, en general, hacen con las empresas de auditoría, y hasta les llegan a fijar los honorarios que pueden cobrar, para que no exageren”, planteó. Y dijo que el TC “podría perfectamente deshacerse de la mayor parte de esos controles, pero tendría que haber otros controles sobre las empresas de auditoría. El criterio que yo sostengo como director de la División Auditoría, y como principio de auditoría, es que se debe auditar sobre la base del riesgo, que es lo que se hace en todo el mundo”.

    Díaz se refirió también al asunto de las auditorías externas, aunque aclaró que el TC no lo ha discutido al menos desde que ella lo preside. “Además, es difícil en este mercado. Conozco varias auditorías, grandes empresas que nos roban no solo al tribunal, sino a otros lugares que trabajan con el Estado, para luego poder vender la consultoría porque tienen un experto en presupuestos, en recursos humanos, en contabilidad. Entonces, en un mercado tan chico tenemos que trabajar con pies de plomo. De pronto, para nosotros sería una ventaja porque podríamos hacer otra tarea, según mi personal punto de vista y dicho esto muy a vuelo de pájaro porque, reitero, no hemos discutido el tema. Creo que amerita una discusión para que en este período se pueda tener una definición para incorporar en el presupuesto o en alguna otra norma”, planteó Díaz.

    Un argumento similar trasladó otra ministra, Diana Marcos. “Lo que dice la Constitución es claro, y nosotros, hasta el día de hoy, somos la única auditoría externa pública del Estado uruguayo, lo que para mí es un orgullo. Yo respeto mucho las auditorías privadas, pero a nivel mundial, las más famosas —algunas de ellas las tenemos acá—, durante las crisis globales gigantescas, nos demostraron que trabajaban para el cliente y no para el bien público. Esto no quiere decir que las de acá lo hagan ahora o que lo hayan hecho antes, pero como contadora —también integro el Colegio de Contadores— creo que el constitucionalista fue un gran visionario al elegir a un organismo independiente para que hiciera la auditoría externa del Estado. Esta es mi posición personal y la tengo desde hace ocho años”, dijo.

    Y pidió a los legisladores que definan “qué quieren que haga el Tribunal de Cuentas hacia adelante. Lo que es obvio es que necesitamos un presupuesto diverso al que tenemos hoy y profesionales más capacitados”, además de un régimen de exclusividad.

    Economía
    2018-07-05T00:00:00