Entre el escepticismo, una conformidad mesurada o débil, y la convicción final de que se obtendrá muy poco de la torta, los medios de comunicación del interior recibieron los decretos relativos a la distribución de publicidad oficial, del 13 y 14 de diciembre. Estas disposiciones reglamentan el artículo 774 de la Ley de Presupuesto de 2020, que indica que al menos el 20% de la pauta de alcance nacional de organismos que no estén en régimen de competencia y el 10% de los entes o servicios que sí lo estén se debe destinar a radios, canales y prensa escrita que no son de la capital.
El resultado de esta espera de dos años, según varias consultas realizadas por Búsqueda, se puede resumir así: es algo, pero es poco.
Los decretos 392/003 y 393/022, ambos del Ministerio de Industria, establecen la siguiente distribución. Los organismos públicos que no están en competencia deben, por un lado, destinar un 0,5% a cada departamento, lo que implica un 9% del 20% total estipulado. Por otro lado, el restante 11% se reparte así: 4,5% a señales de televisión abierta o señales propias de televisión para abonados; un 4,5% a radios AM y FM comerciales; 1,9% a prensa escrita y 0,1% a radios comunitarias.
En el caso de organismos en competencia, el 10% total se distribuye en 0,25% por cada departamento (4,5% total); mientras el restante 5,5% se divide en 2,5% a señales de televisión abierta o para abonados, 2,25% radios AM y FM, 0,95% prensa escrita y 0,05% radios comunitarias.
En la televisión y las radios el reparto será “en partes iguales entre los medios habilitados”; en la prensa escrita este será “según frecuencia de publicación”. Esto tendrá vigencia “hasta que no existan mediciones de audiencia”, por lo que ni el rating ni el tiraje fueron considerados.
“Siempre pretendés algo más de lo que finalmente sale. La ley no era la mejor ni la reglamentación es la mejor, pero lo ideal es enemigo de lo posible. La idea era arreglar en algún punto y que esto empezara”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo. El arreglo al que se refiere son las negociaciones de las distintas gremiales de los medios de prensa del interior con la Dirección Nacional de Telecomunicación (Dinatel). Si bien la televisión fue una de las más beneficiadas, también hubo lugar para algún reproche: “La televisión abierta se nos coló un poquito, cuando los más vistos somos nosotros”, reprochó
Hay un centenar de canales de cable en las más de 80 empresas afiliadas a la CUTA, que nuclea a cableoperadores del interior y a DirecTV, autorizados a estar en todo el país. Según registros de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), a julio de este año había 27 canales de aire funcionando fuera de Montevideo.
Los cuestionamientos van in crescendo según el formato. “Aspirábamos a tener más”, dijo a Búsqueda por su lado el presidente de la Asociación de Radios del Interior (RAMI), Juan Brañas. “Un proyecto de ley durante el anterior gobierno hablaba de un 30% (del total de la pauta oficial), en el interior vive el 60% de la población y las radios del interior tienen el doble de audiencia que los tres canales privados de Montevideo juntos”, aseguró.
Finalmente, consideró que era “algo” y que lo logrado es “a lo que se pudo llegar”.
En un número que suele ser variable, hay unas 220 radios comerciales en el interior. Son poco menos del doble que los canales televisivos y deberán repartirse la misma proporción de la torta ellos.
A su vez hay más de 120 comunitarias, que, para acceder a la publicidad oficial, deberán estar habilitadas y legalmente constituidas.
La prensa escrita, que históricamente hizo punta en este reclamo, recibirá menos de la mitad que los canales y radios. “Nosotros, que paradójicamente fuimos los grandes gestores, hemos salido perdiendo. Eso fue en forma injusta, ya que no hubo un estudio de lo que representan los medios escritos en el interior”, lamentó Eduardo Zito, vicepresidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), que representa a unos 70 periódicos, en su mayoría semanarios.
En diálogo con Búsqueda, deslizó que tanto la radio como la televisión del interior, con quienes originalmente formaron un bloque, luego arrastraron agua para su molino. “Si bien en primera instancia estábamos bastante de acuerdo, luego no sé bien lo que pasó... Se ve que hubo algo más. Insisto: en todo esto no hubo estudios ni relevamientos sobre lo que ocurre en el interior, donde, contrariamente a lo que pasa en Montevideo, predominan los medios radiales y escritos; las televisoras son repetidoras. No arrancamos en forma igualitaria, habrá que renegociar en algún momento”, expresó.
El director de El Telégrafo de Paysandú, Alberto Baccaro, dijo a Búsqueda que este desenlace era evidente. “Así como está planteado, es apenas un subsidio. Bienvenido sea, pero no hay relaciones ni estudios de tiraje. Hay una distribución arbitraria”, añadió.
En total, hay unos 90 medios de prensa en el interior, incluyendo los que no están afiliados a OPI.
De cualquier forma, aun los menos conformes con el decreto reglamentario reconocen que al menos es un avance. Según OPI, cuando comenzaron las negociaciones, hace más de dos años, apenas entre el 1,0% y el 1,5% de la publicidad oficial de alcance nacional iba a los medios del interior.
Dudas y demoras
El senador nacionalista Sergio Botana, que fue el impulsor del artículo 774 de la Ley de Presupuesto, se dijo “conforme” con la actual regulación, sobre todo luego del segundo decreto que incluía a los organismos en competencia. Aun así, lamentó “los dos años de la pérdida de tiempo”.
“Nunca llegué a entender el porqué de la demora”, dijo.
Que no haya mediciones de audiencia fue particularmente señalado por el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez. “Si bien en principio esta distribución es una señal muy positiva, su objetivo no es ser un subsidio. Faltan criterios técnicos y objetivos”, dijo a Búsqueda.
El extitular de la Dinatel durante el gobierno de José Mujica señaló que la “falta de fundamento” hace que haya “arbitrariedad” en la distribución: “¿Por qué se le da la mayoría a las radios y las televisiones y migajas a los periódicos y a las comunitarias? ¿Por qué un periódico al que no lee nadie tiene derecho a lo mismo que otro que leen miles? Además, más allá del buen gesto, a muchos medios no les va a mover la aguja. A muchos de ellos les va a costar más emitir la factura (por publicidad) que la plata que les entre”, cuestionó.
