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Lo ocurrido durante 20 años con la instalación, retiro, sustitución y reinstalación de una placa de homenaje al exdirector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Víctor Castiglioni, debería avergonzar a los involucrados, tanto a gobernantes como a quejoso tardíos.
Para dar contexto vayamos al 7 de diciembre del año 2000. En la iglesia del Cordón, al atardecer, el párroco Juan Carlos Bonilla celebró una misa durante la cual se homenajeó a varios fallecidos, entre ellos a Castiglioni, un católico devoto.
Su viuda invitó a asistir a militares, policías y civiles amigos de su esposo. Entre otros estuvieron el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo y los generales retirados Juan Rebollo, Alberto Balestrino, ex jefe de policía de Montevideo, e Iván Paulós, ex jefe de inteligencia militar, todos personal y laboralmente relacionados con Castiglioni durante la dictadura.
También asistió Graciela Rompani, viuda del expresidente Jorge Pacheco Areco, quién fue impulsor de la carrera de Castiglioni. Cuando el presidente creó la DNII lo puso como su director, cargo que ejerció entre 1970 y 1982. Dependió primero de la Jefatura de Policía de Montevideo y, desde 1978, directamente del ministro del Interior.
El lío contemporáneo empezó hace dos semanas cuando el director de la Policía Nacional, comisario mayor retirado Diego Fernández, reinstaló en la sede de la DNII una placa de homenaje a Castiglioni. Había sido retirada en 2016 para sustituirla por una de su colega Julio Guarteche.
Estallaron las protestas y Fernández se justificó: “Queremos fortalecer algunas unidades de la Policía Nacional y una de ellas es la Dirección General de Información e Inteligencia (…), entendí que era un mensaje importante de reconocimiento a su fundador y primer director. Fue un acto de justicia profesional, nunca pensé que iba a tener estas connotaciones. No fue en contra de Guarteche, ni a favor de si Castiglioni torturó o no a alguien, algo que yo desconozco completamente, ni a favor de la dictadura (…). Es solo un acto de justicia histórica”.
Las esquirlas hirieron al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que no fue consultado para el cambio. Los fundamentos de Fernández para justificarse son absurdos y ofensivos.
Sorprende que los cuestionamientos, quejas y protestas hayan demorado tantos años. Es que a fines de 2001, durante el gobierno de Jorge Batlle con Guillermo Stirling como ministro del Interior, se colocó la placa original: “Al Señor: Inspector General (R) Victor Castiglioni en homenaje a su liderazgo sustentado en firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”.
Pese al rimbombante elogio nadie protestó. Tampoco durante la mayor parte de los siguientes gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica.
Recién en 2016, debido a un reclamo de ex presos políticos, Vázquez y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, retiraron la placa e instalaron la de Guarteche. Habían transcurrido 15 años desde la decisión de Batlle-Stirling sin que nadie dijera sentirse afectado.
Muy extraño, porque en las dependencias de la DNII en la calle Maldonado 1109 esquina Paraguay fueron detenidos e interrogados decenas de políticos, sindicalistas, músicos y periodistas. Muchos fueron torturados. No existen pruebas de la participación personal de Castiglioni en las torturas, pero daba las órdenes y reportaba a coroneles y generales, sus superiores de facto.
Uno de los que ahora se quejó por la reinstalación de la placa fue el senador blanco Jorge Gandini. Recordó que él y otros correligionarios blancos estuvieron detenidos allí.
El fallecido exdiputado frenteamplista Gonzalo Carámbula declaró en un juzgado: “Estuve colgado, desnudo, tomado con cuerdas desde las muñecas envueltas en trapos para evitar huellas futuras. Cada tanto venían como a jugar con mi cuerpo, columpio de carne que mecían pesadamente con piñazos, insultos, patadas y preguntas”.
La RepúblicaTambién se le imputó a Castiglioni haber ordenado a su personal una acción conjunta con militares, en junio de 1976, para detener a la maestra Elena Quinteros. La secuestraron de los jardines de la embajada de Venezuela, donde buscaba refugio. Desapareció.
Finalmente, Larrañaga decidió retirar la placa, pero mantuvo en su cargo al torpe o bien mandado comisario mayor retirado, Fernández, que — ¡atención!— desde su cargo deberá protegernos.
Antes el Círculo Policial reivindicó que dejaran la placa porque Castiglioni “en vida nunca fue acusado formalmente de ningún delito, ni fue juzgado por la justicia competente…”.
Cuando murió Castiglioni no existía la ley que luego habilitó a sancionar los delitos de lesa humanidad. Poco o nada importa para decisiones administrativas como las relacionadas con la placa. Para decidir eso no se requieren leyes. Basta con las memorias de lesa humanidad.
