N° 1694 - 27 de Diciembre de 2012 al 02 de Enero de 2013
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa prudencia, la reflexión y la certeza gubernamental deben acompañar toda expresión pública, máxime cuando se refiere a la seguridad y a la vida. Es democráticamente obligatorio informar en detalle sobre esa cuestión porque a los ciudadanos nos asiste el derecho a saber la verdad para tomar medidas de protección personal o sobre nuestros bienes.
Lo grave es generar contradicciones alarmistas. Pocas cosas son peores para una democracia que atemorizar gratuitamente a la sociedad. Para el caso, gratuito significa mentir según convenga: decir una cosa un día y otra diferente al siguiente en función de intereses personales o políticos en detrimento de las potenciales víctimas.
Tanto el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, como fuentes de la Policía informaron a mediados de octubre sobre un aumento de las muertes por encargo y la participación de hampones vinculados al narcotráfico en esos hechos. Hay una “guerra” desatada entre las “principales organizaciones”, sostuvieron. (Búsqueda, Nº 1.685)
Eso es inseguridad.
Explicaron que existen agrupaciones criminales “complejas, con estructuras sofisticadas, que incluyen cadenas de mando, disciplina y alto poder de fuego (que) por ahora se están atacando entre ellos, pero esto va a generar un grado de violencia mayor que el que ha habido entre estos grupos de narcotraficantes; habrá venganzas”.
Eso también es inseguridad.
Sin descartar que la información pueda ser veraz, la realidad indica que para los intereses del gobierno era conveniente divulgarla en ese momento. La cuestión era distraer la atención sobre la inseguridad “tradicional” (hurtos, rapiñas, violaciones, asesinatos) y trasladar el debate público al despreciable mundo de las drogas minimizando la ineficiencia del gobierno en el otro. Como si todo ocurriera solo dentro de ese sector delictivo que, cada vez más, debe ser combatido.
Para completarlo, el juez del Crimen Organizado, Néstor Valetti, saltó a la palestra. En Buenos Aires, durante una conferencia que recogieron los medios locales e internacionales, afirmó que Luis Alberto Suárez (“El Betito”) controla desde la cárcel una organización de 50 sicarios. Lo que en realidad habían informado las fuentes policiales, en las que se basó Valetti, es que Súarez se jactaba de ello pero que no se había podido comprobar. Una cosa es esa y otra la que dijo el juez.
Para reforzar sus dichos argumentó que jueces y fiscales circulan en autos blindados con custodia. Y es verdad. Lo hacen cuando están de servicio. Para sus actividades personales deportivas, ir al cine, buscar a sus hijos a colegios o liceos o salir de compras no los utilizan salvo si la paranoia se adueña del magistrado. En el pasado reciente me he cruzado varias veces caminando por la rambla y en otros lugares con quienes eran jueces de esa materia, Graciela Gatti y Jorge Díaz. Ambos sin custodia.
Me cuentan que, preocupado por la dimensión de sus declaraciones, el juez le pidió a un periodista de TV que no informara sobre sus dichos en Buenos Aires. Igualmente, como corresponde, informó.
Más tarde, aclaró en “El Observador” que sus afirmaciones sobre enfrentamientos entre narcotraficantes se basaron en expresiones de Bonomi, quien en ningún momento descalificó el informe de Búsqueda de octubre.
Valetti se basó en dichos de terceros, dichos a medias, dichos sin fundamentar. De ninguno de los dos juzgados especializados de Crimen Organizado ni de informes públicos de inteligencia surgen sus aseveraciones que, además, podrían afectar la reserva de las investigaciones.
Pero todo cambia. Hace dos meses, para el gobierno Uruguay era casi un apéndice de Ciudad Juárez con bandas enfrentadas y un hampón al mando de 50 sicarios (si cada uno cumpliera su cometido una vez por semana morirían, solo por eso, 2.400 personas por año). Pero llegó la sensualidad del verano y de la galera del mago salieron otros conejos.
Para el verano, el gobierno y los comerciantes necesitan que los turistas pierdan el temor. Hace unos días, durante un debate organizado por el Frente Amplio, Bonomi cambió el rumbo de su discurso ante cuestionamientos sobre el número de homicidios: “Nadie habló de que se paró el crecimiento de las rapiñas”, reprochó. “Ahora hablan del aumento de homicidios”, dijo, aludiendo a expresiones previas del diputado colorado Germán Cardoso.
Y desnudó sus intenciones: “Nosotros debemos cortar el temor ante gente que apuesta al miedo y a condicionar el turismo”.
Pero la realidad es porfiada. Los jueces dicen que durante 2012 los menores cometieron tres delitos por día, la mayoría rapiñas, y que cada uno puede haber cometido más de una. Además, la violencia y la inseguridad no cesan.
¿Qué me cuenta? En octubre, cuando convenía sacar la pata del lazo y desviar la atención, la preocupación debía centrarse en los sicarios del narcotráfico, la distribución de drogas y el enfrentamiento de bandas armadas.
Sesenta días más tarde esa situación catastrófica pasa a un segundo plano y todo, o casi todo, parece estar bien. No hay que temer. Las playas nos esperan para disfrutar del mar y del sol con algún ungüento protector, pero no hay crema que nos proteja de la inseguridad.
Como en la película de Arnold Schwarzenegger, muchas veces las mentiras son verdaderas.