Mientras mejora en el análisis de hurtos y delitos graves, la Fiscalía cae en rapiñas, de las que solo investiga el 16%

El año pasado se analizaron el 16% de las denuncias por rapiñas. Esa cifra cae sostenidamente desde 2018, cuando alcanzó el 84%. En 2019 pasaron a investigarse el 50% de las denuncias, en 2020 el 24% y en 2021 el 18%.

Estos datos surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda, que respondieron el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Depuración de la Fiscalía.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que las cifras responden a una política de gestión de los recursos y priorización de casos “estratégica” y “selectiva”. En el caso de las rapiñas, trabajan en un índice de priorización específico —que ya tiene su primer borrador— para incrementar la eficiencia y “rescatar” casos que se desestimaron, pero pueden llegar a tener elementos para ser investigados y aclarados.

“Sería como pasar el peine fino”, resumió un informante.

En el caso de las estafas, la proporción de denuncias analizadas del total de las recibidas el año pasado fue del 30%, lo que representa el mínimo en los últimos cinco años, cuando el porcentaje era del 90%. En el caso de delitos vinculados con cheques, también se registró una tendencia al descenso, desde un 74% en 2018 al 56% en 2022. Lo mismo ocurrió con las demandas por abigeato y faena, que cayeron de 97% de estudio en 2018 a 34% el año pasado.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que la caída del análisis de estos delitos se debe, en buena medida, al aumento de casos durante la pandemia —por una mayor virtualidad— y también por la complejidad que revisten investigaciones.

Priorización

Hasta noviembre de 2017, cuando la Fiscalía pasó a ser protagonista de las investigaciones penales, las denuncias se registraban en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y los responsables de cada seccional las analizaban, y —según sus criterios— seleccionaban las que comunicaban a los juzgados. Lo hacían a través del envío del parte policial escrito o de un resumen telefónico.

Ahora, cuando el Ministerio Público recibe denuncias y las preasigna a la sede que se encuentra de turno a partir de criterios previamente definidos, como lugar y fecha en la que ocurrió el hecho. En el caso de Montevideo y Maldonado, también se toma en cuenta el tipo de delito, porque cuentan con fiscalías especializadas o semiespecializadas.

Pasado este filtro, el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación analiza las denuncias, desestima las que no constituyen delito y selecciona las que deben ser investigadas con “mayor celeridad”. Las tituladas como graves, vinculadas a delitos sexuales, estupefacientes, homicidios, lesiones graves y gravísimas y violencia doméstica se analizaron en su totalidad en 2022, con porcentajes de entre 98% y 100%.

Existen criterios objetivos definidos que el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación utiliza a escala nacional para clasificar las denuncias, según su gravedad y prioridad, y de esa forma establecer un orden de atención. Fueron reglamentados por escrito en la Instrucción General Nº 4, de setiembre de 2017, que hace referencia a las características del hecho, a la cantidad de víctimas afectadas y la gravedad, a si requieren protección especial, y a si se trata de una organización criminal o a un delincuente “ocasional”. Luego, existen criterios “secundarios”, como la posibilidad de avanzar en la investigación con base en la evidencia existente y las dificultades que pueden existir —en caso de proseguir— como posibles obstáculos o el tiempo transcurrido, que suele dificultar el acceso a pruebas. También establece que se debe tener en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles para la indagatoria.

A su vez, la Fiscalía incorporó el último año el análisis de las denuncias de violencia doméstica y hurtos con base en índices de priorización, a partir de la base de datos del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio. Esta iniciativa derivó en un aumento del análisis de las denuncias de este tipo de delitos.

Desde Fiscalía adelantaron que los datos de 2023 expondrán un análisis del 100% de las denuncias de hurtos.

A partir de estos cambios en el proceso, que se fueron incorporando desde 2018 y fueron dejando de lado la arbitrariedad, aumentó el volumen de denuncias con análisis primario: de 7.637 en un total de 19.680 en 2016, pasaron a 12.498 en 24.888, en el promedio de enero 2018 a diciembre 2022. También se incrementaron de 4.250 a 9.289 las que tuvieron una primera respuesta formal de Fiscalía o juzgados, esto es: desestimar o comenzar la investigación.

De todas maneras, que las denuncias sean analizadas no garantiza la eficacia de la investigación ni que se alcance una condena. De no encontrarse la evidencia suficiente para responsabilizar a una persona sobre un delito, la indagatoria es archivada. En el caso de los homicidios ocurridos el año pasado, fueron aclarados el 51%. Esto es consecuencia de que en asesinatos, delitos económicos o sexuales existen mayores dificultades para obtener pruebas.