Defensores advierten que reforma del CPP permite a Fiscalía interceptar comunicaciones entre abogados e imputados

“Advertimos que la excepción representa una herramienta excesiva para la Fiscalía”, aseguran los defensores, y “se habilita a un examen que actualmente está claramente vedado”. Según plantean, eso puede generar situaciones en las que pueda utilizarse la información obtenida por fuera de la autorización para rastrear nuevas líneas de investigación, “violentando el derecho al imputado a expresarse libre y reservadamente con su abogado”.

Otros puntos criticados del proyecto son los artículos vinculados a la “prueba digital”, que refiere a documentos y fotografías digitales, grabaciones, audios y videos, que hasta ahora no se encontraban regulados, a pesar del crecimiento de evidencia de este tipo en las investigaciones penales. Si bien valoran positivamente la incorporación de ese tipo de pruebas, plantean que la regulación que se propone es “escueta” y “todavía insuficiente”. En concreto, plantean que no se abordan algunos riesgos específicos de la evidencia digital como la posibilidad de manipularla de forma remota y las dificultades en la preservación. “Ello exige estándares claros de recolección, preservación, acceso y control por las partes, particularmente en lo relativo a cadena de custodia digital y mecanismos de verificación técnica”, señalan.

Sobre la incautación de dispositivos electrónicos, como celulares o computadoras, proponen que debería incluirse una “limitación expresa” que garantice que la revisión no podrá incluir aspectos personales ni cuestiones que excedan la investigación en curso. En ese sentido, hacen referencia al derecho a la intimidad y privacidad de las personas, que “no pueden dejarse de garantizar en favor de una eventual investigación”.

Por otro lado, califican como una “regulación novedosa” que se habilite a la Fiscalía, en el marco de una investigación, a requerir —sin autorización judicial— datos de usuarios, incluidas direcciones IP, identidad, dirección postal y número de teléfono, entre otros. En caso de querer acceder al contenido de las comunicaciones, sí debería existir autorización judicial.

Los defensores plantean que existen “diferencias estructurales” con la Fiscalía, que ejerce la persecución penal, debido a que tienen dificultades para acceder a ciertas evidencias, les faltan recursos técnicos equivalentes y la cantidad de peritos es insuficiente para analizar la situación de “especial vulnerabilidad de gran parte de las personas asistidas”.

“Son aspectos que necesariamente deben ser considerados al momento de diseñar o reformar instituciones procesales”, señalan.

El informe, elaborado por un equipo formado por 16 defensores públicos de todo el país y firmado por la comisión directiva del gremio, será difundido entre todos los socios y entregado a los legisladores que integran la Comisión de Constitución y Legislación, ante la que solicitaron ser citados.

Problemas de recursos

Frente a la reforma del CPP en camino, la directiva de la Asociación de Defensores de Oficio puso sobre la mesa a través del informe que tiene un “peso relevante” la posición institucional de la Defensa Pública y “la falta de presupuesto acorde a las necesidades”. Eso, advirtieron, “puede determinar que muchas de las reformas que se proyectan de manera positiva, terminen no siendo aplicables a la enorme mayoría de justiciables” que son atendidos por los defensores.

En la Fiscalía General de la Nación también señalaron las dificultades con respecto a los recursos. En la Comisión de Constitución y Legislación, que comenzó a recibir delegaciones para tratar el proyecto, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dijo que “todo tiene un costo” y que las modificaciones que se plantean, como la reducción de algunos plazos, deben ir acompañadas de recursos. “Por favor se lo pedimos: tengan en cuenta la parte presupuestal”, afirmó ante los legisladores el pasado 12 de mayo.

La fiscal de Corte puso sobre la mesa que diariamente están “apagando incendios” debido a la falta de personal, lo que deriva en “traslados para un lado, descuidos del otro”, así como la poca cantidad de locales propios, que los obliga a depender de alquileres, a diferencia del Poder Judicial.

Tanto Ferrero como Adriana Edelman hicieron una vinculación directa entre la escasez de recursos y los plazos acotados con la impunidad. “A la hora de analizar cómo vamos a reformar los códigos, tenemos que pensar cómo la Fiscalía también va a ejercer esa persecución penal, porque la peor señal que podemos dar es la impunidad, ya sea por falta de recursos, ya sea porque los plazos no nos den”, dijo Edelman. Mientras tanto, Ferrero advirtió: “Si vamos a poner un código donde tenemos plazos cortos para investigar a los grandes narcos o al crimen organizado, hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad. Lo digo yo; me hago cargo: me están llevando a la impunidad”.