Militares venezolanos en Uruguay

La segunda situación surgió cuando se conoció por la publicación de Búsqueda de 7 de junio de 2012, pág. 6, que “el Ministerio de Defensa estudia la forma de eliminar una norma según la cual las autoridades políticas no pueden retirar de forma obligatoria a oficiales Generales de la Fuerzas Armadas” (...) “Trataremos de enviar prontamente un proyecto de ley al Parlamento para terminar con esta situación” agrega el semanario, refiriéndose a expresiones vertidas por el ministro de Defensa en la Comisión de Defensa del Senado donde se trató el tema.

Cuando en 1941 esta norma entró en vigencia, consagró una situación de seguridad jurídica que garantizó el desarrollo profesional de la carrera militar, impidiendo la aplicación de criterios discrecionales y arbitrarios, que el mando superior pudiera aplicar, para separar del servicio activo a determinados oficiales pasándolos a retiro obligatorio.

Hasta que en 1977 se agregó a la ley orgánica una nueva causal de retiro obligatorio aplicable a generales, contralmirantes, coroneles y capitanes de navío, conocido como “Inciso G” del Art. 192. ¿Para qué se agregó esta nueva causal? Para “lograr el apartamiento de aquellos integrantes de sus cuadros activos superiores, cuando su actuación compromete la unidad de doctrina de las Fuerzas Armadas en el logro efectivo de los supremos objetivos de la seguridad nacional”. Fue por aplicación de esta norma que oficiales de la Armada y del Ejército fueron pasados a retiro por ser contrarios al golpe de Estado de 1973.

Este inciso fue derogado en 1986 porque consagraba “un acto meramente potestativo dependiente exclusivamente de la voluntad de los jerarcas (mediante el que) se imponía el retiro obligatorio a todos aquellos oficiales que no compartían la filosofía y la doctrina de la seguridad nacional” (Cámara de Representantes 2 de abril de 1986, pág. 123).

Resulta entonces que, ahora, las autoridades enfrentan una situación que la dictadura resolvió mediante la inclusión del “Inciso G” en el Art. 192 de la ley orgánica. Las motivaciones ahora pueden ser distintas, pero el problema es el mismo y no se percibe cuál puede ser la herramienta que se proyecta emplear para lograr el fin que se persigue sin introducir, a la vez, un importante grado de discrecionalidad con lo que los resultados serían los mismos que produjo el “Inciso G”; esto es que, en vez de personal subordinado, se tendría personal sumiso. Esta es una mala solución para cualquier organización. También para la militar, en la que el ascenso a general o equivalente se produce al final de una larga carrera en la que existen calificaciones, cursos y un estatuto disciplinario severo, además del control parlamentario mediante el instituto de la venia que opera necesariamente para ascender tanto al grado de coronel como de general o equivalentes. Por lo tanto la garantía de contar con buenos generales no surge de que exista la posibilidad legal de pasarlos a retiro, sino saber ascender a los mejores. En consecuencia los errores que se cometen por no tener como generales a los mejores solo pueden atribuirse a quienes los ascienden.

La tercera situación es la protagonizada por una delegación de 210 militares venezolanos que visitaron nuestro país, de la que da cuenta Búsqueda en su edición del 28 de junio de 2012, pág 9. El subsecretario de Defensa informó que se trataba de una visita que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas venezolanas realizaba para un intercambio informativo entre las fuerzas de ambos países. Con ese motivo se realizó un acto en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) al que asistieron los alumnos de la Escuela de Estado Mayor de esa institución y los visitantes militares venezolanos.

Al margen de si esa fuerza extranjera estaba o no autorizada para ingresar al territorio nacional, aspecto que por iniciativa del representante nacional Dr. Javier García se considerará en el Parlamento, interesa aquí referirse al acto realizado en el IMES. En particular a lo dicho en los discursos pronunciados por el general venezolano y por uno de sus oficiales, los que “se concentraron en aspectos ideológicos y en una reivindicación del gobierno del presidente de su país, Hugo Chávez” (op.cit).

Al final del discurso el general venezolano expresó: “¡Independencia y patria socialista!”. Lo que fue respondido a coro por los oficiales venezolanos que ocupaban la platea: “¡Viviremos y venceremos!”.

Resulta difícil entender que en Uruguay ocurra esto. Que nuestros jefes y oficiales, a quienes les está prohibido por la Constitución cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto, tengan que soportar, en un acto oficial realizado en su propia casa, consignas político-partidarias —de cualquier partido que sea— expresadas de viva voz por militares extranjeros es una verdadera afrenta.

¿Es este el “intercambio informativo” que se buscaba? No. Si se llama a las cosas por su nombre hay que admitir que se trató de un sesión de adoctrinamiento político cumplida; ¡oh casualidad!, cinco días antes de que Venezuela fuese admitida como miembro del Mercosur violando expresas disposiciones del Tratado de Asunción.

¿Cómo exigir entonces que nuestros militares mantengan su apego a la norma que les prohíbe pronunciarse políticamente?

En conclusión, si en vez de analizar en forma aislada cada una de las tres situaciones antes referidas, se las considera en forma conjunta es natural que surjan elementos de preocupación para quienes entendemos que la no injerencia de los militares en actividad en asuntos políticos, resulta esencial para el mantenimiento de nuestra forma de gobierno democrática republicana. En efecto, si a la aspiración de la senadora Topolansky para que un tercio de los oficiales y la mitad del personal subalterno piensen políticamente como ella, se le suma la preocupación del Ministerio de Defensa porque la ley orgánica militar vigente no le permite pasar a retiro obligatorio a los generales o similares y a todo esto se le agrega el adoctrinamiento político que militares extranjeros realizaron en nuestro Instituto Militar de Estudios Superiores, da como resultado una ecuación que, a esta altura, ya parecería no tener incógnitas.

Gral. (r) Cr. Guillermo Ramírez