N° 1983 - 23 al 29 de Agosto de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAquel vecino del Parque Rodó que paseaba su perro en las inmediaciones del Club Welcome quedó en el pasado. También el militante por los derechos humanos que en 2005, frente a una tumba clandestina, presenció la recuperación de los restos de su padre, el escribano y gran profesor de Derecho Civil, Fernando Miranda, asesinado por la dictadura en 1975 por ser un militante comunista.
Con 54 años cumplidos y algún kilo de más, ya no es el carismático y seductor joven que defendía la utopía de un mundo mejor. Hace años que Javier Miranda puso a dormir su título de abogado para aferrarse a cargos políticos de confianza. Hoy milita atemorizado ante la pérdida de poder del Frente Amplio. Y del suyo. Cuando cambia el poder todo se modifica, y si cambia radicalmente deberá competir como abogado en un mercado deprimido y saturado.
Sabe que no las tiene todas consigo y que es resistido, especialmente por el Movimiento de Participación Popular (MPP). En julio de 2016, con el apoyo de Asamblea Uruguay, ganó las elecciones internas y dejó por el camino a Alejandro Sánchez (MPP), a José Bayardi (Vertiente Artiguista) y a Roberto Conde (Partido Comunista). Dos años después la correlación de fuerzas cambió. Muchos lo rechazan y sabe que si para 2019 no logra que lo ubiquen en una lista para ser elegido, al año siguiente se las verá negras para seguir conduciendo al Frente Amplio. Si la victoria fuera del oficialismo espera que le tiren algún hueso para seguir. Pero no pertenece a ningún sector y deberá competir con otros, estos sí militantes de sectores, que quedarán colgados.
Entre 2010 y 2013 fue director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y entre 2014 y 2016 fue secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Es docente de Derechos Humanos en la Universidad Claeh. Antes, entre 2006 y 2008, coordinó el Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior y entre 2008 y 2010 fue director de la división Jurídica de la Intendencia de Montevideo.
Por su drama familiar y sus antecedentes académicos uno esperaba otro accionar. Pero no, los dio vuelta como una tortilla. Utiliza los derechos humanos como un instrumento bastardo para intentar blindar a su partido con el precio de cercenar la libertad de prensa. En la recta final parece haber llegado la hora del todo vale.
Con diferentes argumentos se suma a la tesis del defenestrado ex vicepresidente Raúl Sendic con su fábula de un supuesto Plan Atlanta para combatir a los gobiernos de izquierda.
Iracundo en sus argumentos y con un razonamiento fascista, atacó a la prensa en general y a Búsqueda y El Observador en particular. Parece afectarlo algún problema que no es político. Le vendría bien tenderse en el diván de un profesional para combatir la paranoia. Argumenta sobre una especie de conspiración, una campaña de “enchastre” contra el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Incluyó en esa campaña la información de Búsqueda que involucra al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en la adjudicación a una empresa de las cámaras de videovigilancia, lo que surge de las grabaciones investigadas sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
Lo grave e insólito es que, pese a su formación académica, ignora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 consagra la libertad de expresión, de la cual deriva la libertad de prensa.
Olvida —convenientemente, porque no puede ignorarlo— que al referirse a esa libertad destacados juristas internacionales han acuñado el indiscutido argumento de “mercado de ideas”. Ese que permite en una democracia la competencia de ideas en igualdad y que sea el ciudadano quien decida cuáles son, a su juicio, falsas o verdaderas.
Pero Miranda (¡alerta estudiantes del Claeh!) no se suma a la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni al mercado de ideas. Miente y razona como un totalitario: les exige a los medios “responsabilidad” cuando difunden noticias. Una responsabilidad adecuada a sus intereses.
Cuestionó un título de tapa de El Observador según el cual 40% de los hogares están en riesgo de terminar en la pobreza. Es parte de un estudio de los economistas Martín Leites y Gonzalo Salas titulado: Dinámica del bienestar de las clases sociales en los últimos años, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En declaraciones a la diaria sostuvo que El Observador dio una “información totalmente manipulada y es violatorio de los derechos humanos. Va en contra del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que hay derecho a la libertad de expresión sin censura previa pero que los receptores de la información tenemos el derecho de que la información sea fidedigna”. El título de El Observador está, sin duda alguna, contenido en el informe. ¡Ni siquiera lo leyó!
¿Prefería otro título? Obviamente. Por ejemplo, alguno que destacara la maravillosa gestión y las virtudes del gobierno, que se solucionó la inseguridad, que los narcos son combatidos con eficacia, que nadie padece hambre o sufre desempleo, que no existe déficit fiscal y, sobre todo, ponerlo a él como genio inspirador de ese mundo de ensueño. Pero no. Los hechos son como son y no como algunos pretenden que sean. Mal que le pese, los títulos los deciden los periodistas aunque argumente que su partido tiene “desconfianza” hacia los medios porque teme por la “titulación”.
Con argumentos como el de Miranda, cabeza política del partido de gobierno, que antepone los intereses partidarios al derecho de la gente a decidir y al de los periodistas a informar, los derechos humanos, ese caballito de batalla que usa tanto para un barrido como para un fregado, se transforman en papel mojado y el papel mojado solo sirve para hacer macacos.