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En entrevista concedida a Búsqueda y publicada en el número 1.813 del jueves 30 de abril, el Sr. Heber Galli, presidente del Banco de Previsión Social, se refirió a la edad de retiro. Argumentó que “se pueden tomar medidas para estimular la postergación del retiro sin hacerlo obligatorio.” En relación con este tema de crucial importancia para el sistema quisiera hacer dos comentarios.
Mi primer y principal comentario es que, si bien en principio comparto con el Sr. Galli que es preferible aportar incentivos para la postergación del retiro antes que imponerla, hemos realizado estudios para la población amparada por el BPS que no estarían mostrando mucha respuesta de las edades de jubilación voluntaria a los incentivos. La reforma aprobada en 1995 modificó sensiblemente los incentivos al retiro y lo hizo en forma desigual para distintos grupos de afiliados al BPS. Sin embargo, para nuestra sorpresa, encontramos una baja sensibilidad de las edades elegidas de jubilación a los cambios en los incentivos que introdujo la reforma del sistema.1
Nuestros resultados en materia de incentivos al retiro en la población amparada por el BPS son obviamente discutibles, pero sugieren que, como mínimo, sería recomendable analizar más el tema antes de hacer una opción de política que va a tener consecuencias significativas a mediano y largo plazo.
Sin entrar en detalles demasiado técnicos, me permito señalar dos razones por las que nuestros resultados, los únicos que conocemos para esta población, deben tomarse con cautela. La primera es que para hacer estos estudios contamos con una base de datos de registros administrativos del BPS que cubre solamente el período 1996-2004. Es posible que los cambios en las normas no se hayan dejado sentir muy claramente en los primeros años después de la reforma, entre otras cosas porque la reforma fue gradual. Cabría esperar que los efectos se hayan notado más claramente en los últimos diez años, período para el cual mi equipo y yo carecemos de datos. La segunda razón para la cautela es que, aun para el período 1996-2004, carecimos de información de las prestaciones otorgadas por el BPS y, en particular, no pudimos acceder a información sobre la generación de causal jubilatoria. Esto es, el BPS no nos entregó información sobre el momento en que cada trabajador registrado generó el derecho a percibir una jubilación. En todo caso, estos son los estudios que hay disponibles públicamente —nosotros al menos no conocemos otros—, y sugieren que habría que tomar con alguna cautela la noción de que modificando la fórmula jubilatoria se lograrán efectos significativos en la edad de jubilación.
Mi segundo comentario a las declaraciones del presidente del BPS en relación con la edad de jubilación tienen que ver con la existencia de opciones para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema e inducir, en caso de ser necesario, aumentos de la edad de jubilación que son mucho menos traumáticas y conflictivas que los tradicionales aumentos de la edad mínima de jubilación. Me refiero a mecanismos más o menos automáticos que vinculan las prestaciones a la esperanza de vida. Este tipo de mecanismos están incorporados, por diseño, en el pilar de ahorro individual del sistema uruguayo, pero también pueden incorporarse en pilares de reparto como el que administra el BPS. La seguridad social brasileña tiene un mecanismo de este tipo, el llamado “fator previdenciário”. Algo similar está presente en sistemas de reparto como el sueco, conocido en la literatura especializada por la sigla NDC.
En resumen, comparto la preferencia del Sr. Galli por opciones de política que favorezcan aumentos voluntarios en la edad de jubilación frente al aumento de la edad mínima de acceso a la jubilación, entre otras cosas porque otorgan mayor libertad a los trabajadores y se ajustan mejor a la diversidad de situaciones individuales. Pero un diseño correcto de esta política requiere estudios que, hasta donde sé, no están disponibles.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Álvaro Forteza
CI 1:303.556-1
1 Álvarez, I., et al. (2009). “El retiro de los trabajadores uruguayos y la seguridad social”.
Revista de Economía 16(2): 147-184.
Álvarez, I., et al. (2010). “¿Qué incentivos al retiro genera la seguridad social? El caso uruguayo. “Cuadernos de Economía 47”: 217-247.
Álvarez, I., et al. (2011). “Incentivos y Patrones de Retiro en Uruguay”. “Estudios Económicos 27(2): 219-271.
Forteza, A and G. Sanroman (2014). “Social Security and Retirement in Uruguay”. Journal of Development Studies.
