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Uno de los criminales más peligrosos de Lavalleja estará preso hasta 2023 en su casa, tras una decisión del Juzgado de 1er turno de ese departamento que es cuestionada por la Policía. Según el Ministerio del Interior, el delincuente tiene en su casa peores condiciones de salud que en prisión y además lo obliga a destinar excesivos recursos para su seguridad.
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Jorge Acuña Rodríguez, de 34 años, fue detenido en enero mientras circulaba en un automóvil conducido por su pareja con tres kilos de cocaína, municiones, dinero y celulares. Reconocido por la Policía como uno de los líderes del narcotráfico en la ciudad de Minas, Acuña sufrió en 2018 una herida de arma de fuego que le provocó parálisis total de sus miembros inferiores y pérdida de sensibilidad de la cintura hacia abajo.
Luego de su detención, la Fiscalía de Lavalleja de 2º turno pidió como medida cautelar su arresto domiciliario con vigilancia policial por 120 días. Como en ese momento el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no contaba con las instalaciones necesarias para su discapacidad, acondicionó especialmente una habitación en la Unidad de Internación N° 17, conocida como Campanero.
El 14 de mayo la Justicia condenó a Acuña a cuatro años de cárcel por transporte de estupefacientes y ordenó trasladarlo a esa celda especial en Campanero. Sin embargo, un mes después le volvió a otorgar la prisión domiciliaria bajo el argumento de que “la cárcel no era adecuada para una persona con su discapacidad”, según informó El Observador el 19 de junio.
La resolución provocó molestia en el Ministerio del Interior, dijeron a Búsqueda fuentes de la cartera, ya que obliga a destinar oficiales y móviles policiales a la vigilancia diaria de Acuña. Además, le permite al detenido el contacto permanente con su pareja, que finalmente quedó en libertad tras el arresto de enero. Algunas de esas razones fueron plasmadas en un informe que el jefe de Policía de Lavalleja, Eduardo Martínez Carrasco, envió el 20 de junio al director de la Policía Nacional, Mario Layera, quien a su vez lo elevó a la Secretaría del ministerio.
Allí Martínez Carrasco señala que para la Fiscalía, la casa de Acuña tiene las condiciones de tratamiento, higiene y accesibilidad necesarias, lo cual “no se ajusta a lo documentado” en un allanamiento que la Policía hizo a la casa del delincuente en enero, luego de su arresto. “No se puede apreciar que existían elementos de accesibilidad ni lugares adecuados para una persona con discapacidad física”, afirma.
Además contrapone las supuestas malas condiciones del hogar de Acuña con la celda que el INR reformó en Campanero, “una habitación para lisiado de acuerdo a las necesidades que mantiene por discapacidad”, como cama regulable de altura, colchón antiescaras, baño, silla higiénica, ducha individual tipo teléfono, pasamanos, agarraderas, calefón, y water, y donde tenía autorizado “el acompañamiento por otro interno de su confianza las 24 horas, como así también la concurrencia de su concubina para su mejor atención y también la asistencia médica necesaria”. Tanto la pareja como el hermano de Acuña ingresaban diariamente a prisión para realizarle terapia con electroshock en sus miembros inferiores y entregarle paquetes de comida.
Martínez Carrasco también fue crítico con una visita que el 6 de junio hizo a Campanero la abogada defensora de Acuña para evaluar la situación del delincuente. Esa evaluación fue tomada en cuenta por la Justicia para ordenar nuevamente la prisión domiciliaria. “No es una práctica común que los abogados defensores ingresen a los alojamientos de las personas privadas de libertad y menos acompañando a un médico forense para entrevistar a su defendido”, sostuvo el jerarca.
El fallo de la Justicia ordenó a Acuña a portar una tobillera electrónica de vigilancia o, en su defecto, a recibir custodia policial continua en su casa, una sentencia sobre la cual el jefe de Policía mostró reparos, ya que tanto la Fiscalía como el Juzgado Letrado están en “conocimiento de que el dispositivo electrónico no tiene alcance para ser instalado en la ciudad de Minas”, por lo cual forzosamente la Jefatura de Lavalleja debe destinar un policía por turno y un vehículo para el servicio de custodia de Acuña, cuya sentencia vence en enero de 2023.
