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Entre los diversos datos que consideraron los analistas de Moody’s al ratificar, a comienzos de este mes, la calificación y la perspectiva de la deuda pública del país, está la “susceptibilidad” frente a ciertos “eventos de riesgo”: el político es uno, pero muy bajo. En una escala de ocho niveles —que va de un mínimo identificado como “aaa” a un máximo de “ccc”—, en Uruguay ese riesgo es “aa”.
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Moody’s desarrolló los fundamentos de su informe de calificación, junto con proyecciones macroeconómicas para Uruguay, en un “análisis crediticio” divulgado por el Ministerio de Economía con fecha del jueves 19.
“Los actores políticos han demostrado una preferencia permanente y duradera por la creación de consenso en torno a la dirección de las políticas. Cuando surgen diferencias, la resolución de conflictos generalmente se canaliza a través de instituciones políticas y rara vez se realiza a través de canales judiciales o mediante procesos legislativos polarizados en los que se excluye a las minorías. Esta característica da como resultado una amplia continuidad de la política y cambios progresivos”, explica la agencia. Además, agrega, las sucesivas administraciones han respaldado “políticas económicas conservadoras” y el “mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Como resultado, los riesgos crediticios derivados de eventos políticos son muy bajos”.
En ese marco, el comentario de la calificadora alude a la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC). Esa norma introdujo el “marco para una regla fiscal y una serie de reformas favorables al mercado, incluida la desregulación en el sector de las telecomunicaciones y el combustible (donde las empresas estatales han tenido una gran presencia)”, describe. Aunque el proyecto de la LUC fue “suavizado para asegurar su aprobación”, el “izquierdista Frente Amplio sigue oponiéndose a las reformas” y logró reunir las firmas necesarias para desencadenar un referéndum sobre alrededor de un tercio de los artículos. Se buscan eliminar artículos “no solo sobre la reforma educativa y la seguridad pública”, sino también otros “clave” relacionados con el “riesgo crediticio”, como la regla fiscal, señala Moody’s. Estima que la consulta popular se hará en junio ??de 2022; “independientemente del resultado, esperamos que la administración de Lacalle Pou, cuyo mandato finaliza en 2025, siga comprometida con la consolidación fiscal”.
Macro
La calificadora presentó en ese informe las proyecciones para algunas variables macroeconómicas de Uruguay que sustentan su evaluación de riesgo.
Por ejemplo, estima que el Producto Bruto Interno (PBI) en términos reales aumentará 2,7% este año y 3,0% el próximo; entre 2016 y 2025 la actividad económica habrá crecido a un ritmo anual de 1,3%, en promedio. El pronóstico de Moody’s para 2021 es más pesimista que el proyectado por las autoridades económicas (3,5%).
La confianza de la agencia en el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal se refleja, también, al estimar la evolución del déficit anual, que bajaría al equivalente a 5,3% del PBI al terminar el 2021 y a 3,7% en 2022. A su vez, la deuda “externa” en relación con el Producto disminuiría un poco, de 82% este año a 79,9% el próximo.
