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Pasaron más de dos años desde que la Justicia de Crimen Organizado procesara al ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y al ex presidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia por las irregularidades en el aval que el banco otorgó a la aerolínea española Cosmo para que participara en el remate de los aviones de Pluna. Pero el caso, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, sigue abierto.
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Ya en la etapa final del juicio, la defensa de Calloia, a cargo del penalista Gonzalo Fernández, insiste en la inocencia del ex jerarca y solicitó a la jueza volver a presentar pruebas e interrogar a testigos. Entre ellos, Fernández pidió que se cite a declarar al ex presidente y actual senador José Mujica.
El penalista dijo a Búsqueda que pidió citar a Mujica debido a las “profusas declaraciones” que realizó, donde se hacía responsable de los hechos. “Mujica dijo por todos los medios que él asumía la responsabilidad de lo sucedido”.
Sin embargo, en su respuesta a la Justicia —a la que accedió Búsqueda— Mujica afirmó que dio “lineamientos generales a los efectos de solucionar el tema” y negó haber estado al tanto de que Lorenzo le hubiese transmitido a Calloia la necesidad de facilitar el otorgamiento del aval bancario para que no fracasara la subasta de los aviones.
Para poder participar de la subasta, los oferentes debían presentar un aval de un banco establecido en Uruguay por U$S 13,6 millones. El aval bancario es un documento de garantía, que no necesariamente implica que la empresa haya depositado ese dinero en el banco.
Ese requisito dejó fuera de la subasta a dos interesados en la puja, pero no fue el caso de Cosmo Líneas Aéreas, que consiguió que el BROU le emitiera un aval con un trámite más rápido de lo habitual.
Mujica fue interrogado —por escrito, según dispuso la jueza María Helena Mainard— sobre si era cierto que el gobierno “estaba sumamente preocupado por el cierre de la empresa Pluna, dado el interés nacional de mantener la conectividad del país”.
“Efectivamente en el gobierno obviamente estábamos preocupados por el cierre de la empresa, no solo por la conectividad sino también por la situación de los trabajadores”, respondió Mujica en el escrito.
“Diga si es o no cierto que por los motivos señalados el gobierno nacional estaba sumamente interesado en la concurrencia de oferentes a la subasta de aeronaves de Pluna”, preguntó Mainard. “El gobierno obviamente estaba interesado en la concurrencia de oferentes a la subasta de aeronaves”, respondió Mujica.
Consultado sobre si era cierto que en su calidad de presidente había transmitido “ese interés y preocupación a todos los miembros del gabinete”, Mujica respondió que “sí”, que se lo había manifestado al gabinete.
A continuación se le preguntó a Mujica si era cierto que él “planteó o sugirió al entonces ministro Lorenzo que le comunicara al BROU la necesidad de facilitar o urgir el otorgamiento del aval bancario, a cualquier gestionante y en todo cuanto estuviere a su alcance, pues el mismo era requisito indispensable para poder presentarse a la referida subasta”. El ex presidente respondió simplemente: “No”.
La jueza preguntó si sabía que el entonces ministro de Economía “transmitió dicho interés del gobierno al presidente del Banco República”. “No, en ese momento no supe que el Sr. ministro de Economía de la época haya transmitido al Sr. presidente del Banco República dicho interés”, afirmó Mujica.
Ante la consulta de si tenía algo más para decir, el ex mandatario escribió: “En mi calidad de presidente de la República, di lineamientos generales a los efectos de solucionar el tema”.
Consultado por Búsqueda, Fernández dijo que aún no había visto las respuestas del presidente, pero que a su juicio su declaración no es “decisiva” para la defensa. “Que él supiera o no, no es un elemento decisivo para el proceso”, afirmó. “No me perjudica en nada si la respuesta es esa”. El planteo de la defensa, aseguró, es el mismo desde el primer momento: que en la emisión del aval “no hubo un ilícito penal”.
“Responsabilidad”.
Cuando a fines de 2013 el fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento de ambos jerarcas por “abuso de funciones”, se generó un revuelo político. Mientras la oposición acusaba al Frente Amplio de corrupción, varios dirigentes oficialistas respaldaron públicamente el trabajo de Lorenzo y Calloia, cuestionaron el delito tipificado y advirtieron contra la judicialización de la política.
El entonces presidente Mujica fue uno de los que respaldó en forma más contundente el trabajo de sus jerarcas, e incluso asumió la responsabilidad de lo ocurrido. “Tengo responsabilidad en el fracaso de esta línea de acción que mencioné, porque yo les pedí esto a los ministros”, afirmó el 26 de diciembre de 2013 en una entrevista con Búsqueda.
Poco después, en abril de 2014, la jueza Adriana de los Santos confirmó el procesamiento de Calloia y Lorenzo. El ex titular del BROU apeló y un Tribunal de Apelaciones revocó el fallo, aunque los festejos duraron poco, porque la Suprema Corte de Justicia deshizo la decisión del Tribunal y confirmó el procesamiento.
Entonces todo el expediente volvió a la Justicia de Crimen Organizado, donde hoy sigue en trámite. Es que a la Justicia aún le resta dictar sentencia definitiva (que condene o eventualmente absuelva a los jerarcas, aunque por lo general un vez que se dicta el procesamiento se condena a los imputados).
Fernández informó que resta que vuelva a declarar Lorenzo el 7 de octubre y que tras su comparecencia quedará concluida la etapa de prueba, con lo cual se llegaría a la instancia final para que la Justicia dicte sentencia definitiva.