“Pienso como idea programática que el país debiera alentar un régimen en que el empleado público esté cinco o diez años, no más. Y elegir fundamentalmente a la gente pobre que quiera hacer una carrera, que durante ese tiempo sea funcionario público para resolverle los problemas básicos. Pero después, para afuera y bailando, no tener una administración de viejos. Que sea en constante renovación”, dijo.
El mandatario agregó que esto busca tener un “sentido democrático”. “Si los uruguayos quieren ser empleados públicos, ¿por qué algunos? ¿Por qué no abrir la cancha para que todos puedan serlo por un tiempo? Que entren con la mentalidad de que no es para siempre, porque el tipo entra y... dentro de cuarenta años me jubilo, ¡no seas malo! Se estancó, se queda ahí, ¿para qué va a luchar? Es hasta una vida triste, porque una vida sin riesgo, sin desafíos... Perdés la aventura de la vida”.
Desde que asumió en el gobierno, el papel de los funcionarios públicos ha sido preocupación de Mujica. En su discurso de asunción el 1º de marzo de 2010, dijo que “el 90% de la eficiencia del Estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos”.
“La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación, se paguen en algunas oficinas 10 veces más de lo que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural. Cuando estas asimetrías duran un tiempo, pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas, más bien parecen ser manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica”, dijo.
A la vez opinó que la sociedad uruguaya “ha protegido a sus servidores públicos mucho más que a sus trabajadores privados. Recordemos que en la crisis del año 2002 y 2003, casi 200.000 personas perdieron su trabajo y ninguna fue un funcionario público. Se estima que otras 200.000 sufrieron rebajas en sus salarios, y todos fueron trabajadores privados”.
El artículo 60 de la Constitución declara que los funcionarios presupuestados de la Administración Central son inamovibles y solo pueden ser removidos luego de un trámite que culmina con una decisión del Senado.
Nuevo estatuto.
Pero mientras Mujica lanza esta “idea programática”, ya está en vigencia el nuevo estatuto del funcionario público —“una rayita por el lomo de nada”, según el mandatario— que además de definir la obligación de trabajar ocho horas para los nuevos empleados que ingresen y estipular los feriados no laborales, también incluye consideraciones inéditas que, según expertos, “brinda mayores garantías a los trabajadores”.
Entre otras, según se establece en la ley, los trabajadores estatales pueden acceder a licencia por violencia doméstica.
“En casos de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica debidamente acreditadas, el jerarca respectivo dispondrá que no se hagan efectivos los descuentos correspondientes”, se indica en la normativa.
Consultado por Búsqueda, el especialista en derecho administrativo Adrián Gutiérrez, socio del estudio Rueda, Abadie y Pereira, dijo que “es novedoso” porque “a nivel privado no hay nada regulado como lo hace este nuevo estatuto”.
Gutiérrez indicó que “habrá que regular la implementación” para aplicar correctamente la norma y opinó que “la forma más clara de poder acreditarlo es un pronunciamiento judicial que estableciera que la persona fue víctima de violencia doméstica”.
Por otra parte, en el nuevo estatuto se indica que los funcionarios deben “dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores jerárquicos” y “si el funcionario entendiere que lo que se le ordena es contrario al derecho o a las normas éticas, podrá pedir a su jerarca que se le reitere la orden por escrito”.
Para el especialista, con esta medida “se otorgan mayores garantías al funcionario para que pueda contar con un elemento de respaldo que acredite que no hubo un incumplimiento de sus funciones”.
¿Cuántos son?
La semana pasada, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Julio Martínez, informó sobre la cantidad de personas que tienen una relación laboral con el Estado durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado.
Según dijo el jerarca, el total de funcionarios públicos y no públicos es de 284.762. De este número, 268.443 son funcionarios púbicos que se discriminan de la siguiente manera: 103.346 son presupuestados; 27.900 efectivos policiales; 32.846 docentes efectivos; 48.302 contratos permanentes o de función pública; 1.911 contratos policiales —que tienen menos de cincos años de ejercicio—; 32.807 docentes interinos; 7.474 zafrales y eventuales; 6.000 docentes suplentes y 7.857 con otro tipo de vínculos.
Desde el punto de vista de porcentajes, el 61% es personal presupuestado, docentes efectivos y efectivos policiales; el 31% corresponde a contratos permanentes, contratos policiales y docentes interinos; el 5% refiere a funcionarios zafrales eventuales y docentes suplentes, y 2,9% incluye otros vínculos (contratos realizados por la Administración de Servicios de Salud del Estado, jornaleros, secretarios de ediles, contratos de alta prioridad y alta especialización).
En tanto, la cantidad de vínculos temporales del Estado son 16.319 que se dividen de esta manera: 1.849 becarios, 2.467 pasantes, 430 arrendamientos de obra, 519 arrendamientos de servicios, 34 arrendamientos de obra con financiación de organismos internacionales, 654 arrendamientos de servicios con financiación de organismos internacionales, 2.212 contratos a término, 643 provisoriatos, 2.181 contratos temporales de Derecho Público, 90 contratos laborales, 110 contratos artísticos y 5.130 que están catalogados como “otros no funcionarios” (contratos proyecto Administración Nacional de Educación Pública-ANEP, contratos de horas docentes en centros del Ministerio de Educación y Cultura, docentes en el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, contratos en ASSE, OSE, BPS, adscriptos a los ministros).
A esto se suman la cantidad de funcionarios de los escalafones P y Q, es decir los políticos y los de particular confianza. En total son 1.658 (962 políticos y 696 de particular confianza). El 69% de estos dos escalafones corresponde a los gobiernos departamentales, 12% al Poder Ejecutivo, 9% al Poder Legislativo, 5% a los organismos del 220 de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, entes autónomos y servicios descentralizados no comerciales o industriales), y 5% a entes autónomos y servicios descentralizados comerciales e industriales.
