Nepotismo

Basta leer un periódico o escuchar programas de radio o televisión para advertir que tales conductas no son excepción en el mundo. Pero se sabe que las debilidades institucionales han facilitado en algunos países el establecimiento de un clima de impunidad ante las conductas indecorosas y los abusos de poder.

Naciones en las que durante años gobiernos populistas han impuesto arbitrariedad y autoritarismo, se ubican en la mitad inferior de la tabla del ránking de 176 países: Venezuela (166), Argentina (95), Brasil (79). México, reconocido por prácticas corruptas durante décadas de gobiernos populistas del PRI, está en la posición 123.

Aun cuando Uruguay y Chile son las naciones de la región mejor posicionadas, sus respectivas puntuaciones (entre cero y 100) cayeron tres y dos puntos respectivamente en el último índice de TI, lo cual revela un cierto retroceso.

Los medios han estado muy activos en revelar casos de corrupción. No es un hecho nuevo, aunque sí la percepción de la dimensión del problema.

Las tramas de corrupción en perjuicio del patrimonio estatal en que incurrieron gobernantes populistas de países tan cercanos como Argentina y Brasil, así como el impacto del “caso Sendic” (tremendo déficit de Ancap, atribución de título inexistente, injustificado uso de tarjeta corporativa) o de negocios a pura pérdida como Alas Uruguay y otras “velitas” encendidas “al socialismo”, han sensibilizado a sectores de la sociedad que, además, se sienten abrumados por la presión tributaria y los costos de servicios públicos impuestos por el gobierno progresista. Presión que por estos días ha tenido el estallido de la protesta del ruralismo “autoconvocado”.

En medio de este clima social efervescente, amplificado por las disputas y acusaciones cruzadas que caracterizan el inicio de las movidas preelectorales, los medios han ido destapando, por entregas, numerosos casos de nepotismo, designación o contratación de familiares o amigos en cargos bien remunerados de la función pública sin relación con méritos.

El destape incluyó casos en 10 de las 12 intendencias blancas. Le siguió la contratación en la secretaría del vicepresidente de ASSE de la novia de su hijo con un sueldo que no muchos, con experiencia y formación, consiguen en el sector privado. Luego se supo acerca de los cargos que ocupan la esposa del presidente y la pareja del vicepresidente del BPS en las secretarías de otros miembros del directorio políticamente afines. El destape incluyó al consuegro del presidente Vázquez en su equipo de seguridad o las funciones que cumplen en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo familiares directos de algunos de sus ministros.

Hace una década, apenas creado el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra contrató al novio de su hija. El recientemente designado presidente de ASSE había sido señalado por nombrar a varios familiares cuando ejerció la Intendencia de Canelones.

En los años 60, el Senado creó una treintena de cargos. Uno por senador. Muchos fueron cubiertos con familiares directos de los legisladores, aunque, para cubrir las formas, las designaciones fueron cruzadas.  El senador comunista no cubrió su cuota, pero canjeó el cargo que le correspondía por una veintena de designaciones en los talleres de Amdet, una forma de fortalecer la posición del partido en el sindicato de la empresa.

Tratando de sacar ventaja de cada situación, políticos de uno y otro partido cuestionan comportamientos ajenos mientras pasan por alto decisiones de sus correligionarios. La única diferencia apreciable es que la izquierda, aun antes de la creación del Frente Amplio, remarcaba en su discurso público que el diferencial de su actuación política era el énfasis que asignaba a las cuestiones morales y éticas. 

El nepotismo es solo uno de los tantos rubros de abuso e ilegalidad en el ejercicio de la función pública. Implica privilegiar a unas personas en perjuicio de otras. Privilegio que desestimula y debilita la confianza de los ciudadanos en las autoridades y las instituciones democráticas.

Ante las recientes denuncias de nepotismo, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un comunicado en el que reiteró, por si hacía falta, que “muchas de estas situaciones violan claras disposiciones vigentes” y destacó que su obligación es  “señalarlo de manera precisa” y anunció su voluntad de “ir más allá”. Señaló que “hay conductas que, sin estar explícitamente prohibidas, agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía” y que “no es aceptable argumentar que ‘estas cosas siempre pasaron’”.

El tema es suficientemente importante para abordarlo con ligereza. Merece una reflexión que, ateniéndose a la ética y los valores como señala la Jutep, no ampute la posibilidad de que, por ejemplo, un ministro, un intendente o un legislador no pueda contratar, bajo su entera responsabilidad y mientras dure su cargo político, a una persona de su confianza aun si es un familiar directo suyo. O requerir los servicios, bajo esas mismas condiciones y sin otras retribuciones y compensaciones que las preexistentes, de un familiar que ya integra la planilla en esa u otra repartición pública.

Varios de los intendentes y jerarcas cuestionados han defendido casos de nepotismo denunciados, alegando que es su responsabilidad política escoger a quienes creen que mejor pueden aportar a su tarea y al compromiso que asumieron ante la ciudadanía. Al fin y al cabo los ciudadanos los juzgarán por los resultados de su gestión.

Urge profesionalizar los cargos de dirección en la función pública. Deben establecerse normas que aseguren, además de la competencia para ejercer la función, desempeños que respeten principios éticos y morales.

Pero cada caso debe ser considerado según sus propias peculiaridades. Es un tema demasiado serio para abordarlo desde la demagogia o en clima y mentalidad de “barra brava”. Montar un escenario para el linchamiento público de gobernantes y políticos poco aporta a mejorar la función pública y la vida política del país.