Neruda y la Constitución, inclusivos

Esa obsesión, provocada por delirios o alteraciones del comportamiento, no se limita a organizaciones radicales o a un partido político. Muchos se han sumado desde todos los partidos para evitar perder votos y soslayar hostigamientos públicos. Los domina la cobardía.

Dejemos de lado el espíritu golpista de 2020 del entonces intendente de Montevideo Christian Di Candia de cambiar el idioma por decreto. Anunció que su administración realizaría para los funcionarios cursos de lenguaje inclusivo basado en una resolución de 2010 que obliga a su uso en actos administrativos y de comunicación institucional. Al día siguiente el diputado colorado Ope Pasquet reflotó un proyecto de ley que había presentado sin éxito en la legislatura anterior para establecer al idioma español como el oficial del Uruguay. Muchos de sus colegas se fueron al mazo.

Poco después en Voces, con el título El nuevo imperio, Hoenir Sarthou abordó la corriente inquisidora mundial “nacida a la sombra de la corrección política” y que muchos utilizan para lanzar a la pira a quienes, según esos inquisidores, usan expresiones que ellos consideran racistas, machistas o discriminadoras. “En cualquier caso, lo que está ocurriendo, lo que vivimos como imposición de ciertas formas de pensar y de hablar, como terror ante posibles pandemias, y como resignación a formas de control que resultan ineludibles, no parecen ser hechos casuales, aislados ni momentáneos. En ese contexto, resulta entendible que el Intendente de Montevideo se crea autorizado a decirnos cómo hablar y cómo no hacerlo. Ignoro si él lo sabe, pero expresa a un proceso mucho más grande que él mismo. Claramente no habla desde la legitimidad de los votos que no tuvo (ni él ni los sectores que piensan como él). En todo caso, habla desde otra autoridad, que no radica en el Uruguay y que no ha sido votada por nadie”.

La RAE se ha manifestado extensamente en contra del lenguaje inclusivo. Entre otras cosas ha dicho: “El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Es terminante: no se puede torcer el idioma para satisfacer intereses ajenos al uso de la lengua. Santiago Muñoz Machado, uno de los directores de la RAE, advirtió que “el desdoblamiento altera la economía del idioma y estropea una lengua hermosa”. No se refirió en forma explícita a intereses de organizaciones sociales o políticas, pero está implícito. Esa es parte de la respuesta que la RAE le remitió a la entonces vicepresidenta del gobierno socialista, Carmen Calvo, quien gestionó ante la organización corregir el texto constitucional “machista”.

Alguien podrá argumentar que las decisiones de la RAE, un organismo privado, son arbitrarias y que ese mismo derecho sobre los cambios idiomáticos lo tienen los gobiernos, los particulares o los partidos. Pero las cosas son como deben ser y no como cualquiera pretenda. La RAE no impone, recomienda. Desde 1713 ejerce la regularización lingüística con el aval de los gobiernos de habla hispana. Sus estatutos establecen que debe “velar porque los cambios que experimente la lengua no quiebren la esencia de unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”. Sin embargo, cuando Pasquet pretendió establecer por ley que el idioma español es el oficial, se escondieron detrás de las bancas. Ya vendrán las urnas.

Todo esto viene a cuento por la atinada decisión de Cabildo Abierto de presentar un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los centros que dependan del Estado. El objetivo es establecer la prohibición de ese lenguaje en esos centros estatales y entes públicos, dijo la redactora del proyecto, la diputada cabildante Inés Monzillo, en una entrevista de Juan Pablo Mosteiro (Búsqueda Nº 2.159).

“Se trata de una moda” y “las modas no están para enseñarse en las escuelas y liceos”, ni para difundirse en las reparticiones estatales (…) “el lenguaje inclusivo no tiene fundamento”. Está fuera del sistema gramatical y, por tanto, “no es un lenguaje”. Es el “reflejo de una ideología –de género–, que responde al movimiento feminista y a la llamada agenda de derechos”, y por eso, “se impone separar lo ideológico de lo lingüístico” en las aulas y en los entes públicos, dijo la diputada.