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En medio de una polémica ruidosa, con posturas radicales, y a veces violentas, en torno al lenguaje inclusivo, Cabildo Abierto (CA) presentará un proyecto de ley para prohibir su uso en los centros de estudio regidos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y en los distintos organismos estatales. Una vez que se reanude la actividad legislativa, el partido conducido por el senador Guido Manini Ríos planteará al Parlamento “la prohibición del lenguaje inclusivo en los institutos de enseñanza y en los entes públicos para que se respete el idioma español en todo el Estado”, dijo a Búsqueda la diputada cabildante Inés Monzillo, redactora del proyecto.
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El lenguaje inclusivo ha provocado una defensa férrea en quienes lo impulsan —en general activistas por los derechos de la mujer y de las minorías—, y también duros cuestionamientos y rechazos desde el ámbito académico al político.
A juicio de Monzillo, “se trata de una moda” únicamente, y “las modas no están para enseñarse en las escuelas y liceos”, ni para difundirse en las reparticiones estatales. Para esta legisladora, “el lenguaje inclusivo no tiene fundamento”, está fuera del sistema gramatical y, por tanto, “no es un lenguaje”. Considera que es el “reflejo de una ideología —de género—, que responde al movimiento feminista y a la llamada agenda de derechos”, y entiende que, por eso, “se impone separar lo ideológico de lo lingüístico” en las aulas y en los entes públicos.
“Cada cual tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Pero otra cosa es trastocar el idioma oficial”, sostuvo la representante de CA, convencida de que “la militancia puede favorecer cambios en el lenguaje, pero no imponerlos”.
La extensión del lenguaje inclusivo sobre todo en liceos suscitó “preocupación” en Cabildo Abierto, pese a la desaprobación de su uso por parte de las autoridades educativas y de la mayoría de los docentes. “Se ve en las carteleras de los liceos y hay profesores que lo aplican y difunden dentro de las aulas”, afirmó Monzillo, al advertir que “las clases de Idioma Español y Literatura se desvirtúan” debido a estas prácticas.
La diputada aseguró que con el proyecto de ley no pretenden denostar una tendencia que, de todos modos, cree pasajera. “Si quiere ser utilizado el lenguaje inclusivo que se haga en los domicilios, en las casas, a nivel familiar, pero que no se utilice en el ámbito educativo, porque allí genera un serio problema, ya que contamina y confunde el idioma oficial en materias importantísimas para el desarrollo de la cultura del alumno”, fundamentó.
“Capaz que dentro de dos años el lenguaje inclusivo es aprobado a nivel mundial —que no creo— y se incorpora como materia en los centros de enseñanza y, bueno, se tendrá que respetar eso”, dijo, para reafirmar que hoy dista mucho de ser un lenguaje aprobado en el mundo hispanoparlante, donde casi 600 millones de personas hablan castellano.
Monzillo, excandidata a la Intendencia de Canelones, aseguró que la intención de CA es extender la prohibición del uso del lenguaje inclusivo a los colegios privados, sean laicos o católicos, desde educación inicial y primaria a bachillerato “para que hasta los 18 años se enseñe el idioma oficial como corresponde” en todo el sistema educativo.
El proyecto incluye además a los entes públicos, donde CA también detecta el avance de esta “moda” lingüística. En una votación dividida, UTE rechazó a finales de 2021 el uso del lenguaje inclusivo propuesto por el Comité de Calidad con Equidad de Género de la empresa pública, que no fue aprobada por los directores oficialistas del ente, según informó Búsqueda(Nº 2.145)
“Enemigues” de la laicidad
La discusión sobre el lenguaje inclusivo enseguida pasó del activismo a la academia y la política, donde según Monzillo hay cada vez más voces que, con la Real Academia Española (RAE), se oponen por ejemplo a usar el morfema “e” para sustantivos plurales (“les alumnes”, “niñes”, “chiques”, “todes”) y como forma de visibilizar las políticas de género en el español y enseña del género neutro, especialmente usado entre generaciones de jóvenes argentinos, uruguayos y chilenos.
De hecho, la “e” cobró mayor visibilidad durante las manifestaciones masivas a favor de la legalización del aborto en 2018 en Argentina, y después se extendió, impulsado por los movimientos feministas y a favor de la diversidad sexual.
Para Monzillo resulta casi como aprender una nueva lengua y, de nuevo, que no se puede imponer enseguida, porque “las lenguas, si bien evolucionan, lo hacen de forma lenta y no aplicando nuevos morfemas a millones de personas”.
La representante cabildante señaló además que “la aplicación del lenguaje inclusivo, en cuanto reflejo de la ideología de género, también viola el principio de laicidad en la enseñanza pública” que rige en el país. “Así como no se deben propagar ideas políticas o religiosas en clase, tampoco debe enseñarse la ideología de género”, argumentó.
No obstante, la diputada hizo un llamado a encontrar un espacio razonable en el que discutir estos temas, sin insultos ni ridiculizaciones, confiada en que el proyecto de ley cuente con el respaldo de todo el espectro político. La oposición tampoco tendría por qué oponerse a una iniciativa legal que busca el bien común de la ciudadanía, razonó.
El objetivo es, según Monzillo, “fomentar el idioma oficial y unificar criterios, porque los educadores no pueden enseñar distintos lenguajes dentro de los centros de enseñanza públicos”.
También dijo estar convencida de que estas ideas que defiende son acompañadas por muchos otros padres y madres, y que su lucha va mucho más allá de los “mitos” en torno al lenguaje masculino genérico y “su supuesto uso patriarcal” en que la mujer queda “invisibilizada”, como creen los grupos que promueven el lenguaje inclusivo.
