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    No todos son iguales

    “Si fuéramos más inteligentes, en lugar de pagar tanto seguro de paro, transformaríamos esos recursos en capital trabajable” dijo, según Búsqueda del 30 de agosto, página 22, el señor presidente de todos los orientales, Sr. José Mujica.

    Nuestro presidente se refería a la tal manida nueva campaña a favor de la autogestión de los trabajadores en diferentes ex fábricas que dejaron de funcionar.

    Este proyecto estaría financiado por el Fondes (Fondo de Desarrollo), que se integra con parte de las ganancias que obtiene el BROU.

    En otras palabras, con un capital que pertenece a toda la sociedad se prioriza un sector específico (ex empleados de emprendimientos que han dejado de funcionar) sin que ninguna garantía avale estos préstamos en pos de mantener a este sector obrero en una actividad productiva.

    Personalmente, comparto el deseo del señor presidente (de todos los uruguayos) de cambiar seguro de paro por actividad rentada; lo que no comparto, si el señor presidente me lo permite, es que en este caso usted arriesga capital del Estado sin más garantía que estudios de factibilidad y una esperada buena gestión. De los casos específicos que se han ejecutado hasta el momento, ninguno ha llegado a buen término. Lamentablemente el mismo precepto no es tenido en cuenta cuando el Estado (léase UTE, BPS, BROU, etc.) tiene la posibilidad de mantener una fuente de trabajo financiada por la actividad privada.

    Lo que tendrían que hacer estos organismos del Estado es no arriesgar una inversión de capital sino posponer vencimientos de las empresas endeudadas con ese organismo, las que en muchos casos ofrecen garantías que cubren ampliamente los montos.

    Las empresas del Estado, en este caso o cortan el servicio (UTE, OSE, Antel) o ejecutan garantías (BROU) o hasta realizan denuncias penales contra los directores (BPS).

    Por lo tanto tenemos dos criterios: uno con un costo importante por el que se mantiene a la empresa si son los funcionarios que la autogestionan y el otro criterio, lamentablemte, elimina primero a los empresarios, lo que lleva al cese de la actividad.

    P.D. Es mi impresión que esta ambivalencia del Estado tiene un acercamiento al problema en función de qué clase social está representada, aprobando de esta forma la existencia de dos clases de ciudadanos: una con más derechos que la otra.

    Pedro Berger

    CI 936.398-6

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