Nuevo ministro de la Corte tratará de que en Uruguay se concrete el “derecho a la felicidad”; le “preocupa” que suene “utópico”

El magistrado, que comenzó siendo funcionario judicial y alcanzó la cúspide de la carrera judicial el martes 4, cuando la Asamblea General lo designó por unanimidad como ministro de la Corte, conoce estos temas ya que durante muchos años fue docente de derechos humanos en la escuela judicial. También fue profesor universitario en la cátedra de Obligaciones y Contratos con el profesor emérito de Derecho Civil Jorge Gamarra.

—Usted llega a la Suprema Corte de Justicia fruto de un acuerdo político que permitió que fuera votado por la unanimidad de la Asamblea General. ¿Qué implica ese respaldo?

—El tema trascendente de esto es que mi designación se produce en función de haber seguido los mecanismos constitucionales establecidos, que son de neto corte republicano. Esto se corresponde con valores que se reconocen y se respetan internacionalmente por lo que significan. Esos valores tienen relación, entre otros aspectos, con cosas tan importantes como la independencia del Poder Judicial. Las mayorías tienen un especial significado porque requieren necesariamente una voluntad parlamentaria amplia, que represente mucho más que un interés político o una ideología.

—¿Qué significa el hecho de que usted comenzó la carrera en el escalafón más bajo y hoy llega a la cúspide del Poder Judicial?

—Para mí es muy grato. Esto es una señal para los buenos funcionarios judiciales. Si eso es motivo de estímulo o de reconocimiento, me alegra porque el público que acude a la baranda no siempre aprecia la tarea que hacen los funcionarios.

Claramente habla de las características de un país y no es solo mi caso. El Poder Judicial tiene el privilegio de contar y de haber contado con magistrados de un humilde origen.

—¿Qué impronta le piensa imprimir al cargo?

—La Suprema Corte de Justicia es además del más alto tribunal y el tribunal constitucional de la República, el órgano de gobierno del Poder Judicial y como tal tiene una actuación que requiere un programa de gestión de gobierno. En mi caso las cosas que me he planteado no difieren de aquellas que son ineludibles para el Poder Judicial, como la defensa permanente de la independencia del Poder Judicial, así como la capacitación de los jueces y lo que es para mi una lucha de 30 años de promoción y defensa de los derechos humanos.

—Usted fue docente de Derechos Humanos en la escuela judicial durante muchos años. ¿Se verá eso reflejado en su gestión?

—He tratado de tomar ese tema de la manera que resultara más útil para la formación del juez, porque el juez es un protagonista —quizás ‘el protagonista’— en materia de derechos humanos. Lo que tengo pensado es seguir apoyando la actividad del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) e incluso a tratar de ampliarlas.

—¿Considera que como ministro de Corte puede hacer más por los derechos humanos?

—Este es un tema de la sociedad toda y desde hace muchos años he empeñado esfuerzos en difundir la idea de una cultura de los derechos humanos, llegar a eso es un horizonte y requiere un esfuerzo colectivo. Es un tema que no se refiere a un elenco reducido de derechos de los que suele ocuparse la prensa.

—Generalmente cuando se habla de los derechos humanos se refiere a la violación de los mismos durante la dictadura ¿Usted dice que es un concepto mucho más amplio?

—El concepto es más amplio. En verdad lo que ocurre es que los medios y el público se ocupan del tema de derechos humanos pero solamente ponen el rótulo para un sector de ellos. El derecho a la felicidad, por ejemplo, es un derecho fundamental y mucha gente lo afirma pero nadie lo vincula a la idea de derechos humanos

—Suena un poco utópico eso en una sociedad que a veces tiene muchas carencias...

—A mí me preocupa que se vea como algo utópico. El mundo ha avanzado mucho y va camino a eso. En una época nadie pensó en derecho humanitario, la guerra no tenía reglas. Hoy en día hasta en esa actividad en la que parece que los derechos humanos se van a esfumar, el mundo reconoce reglas.

—¿Qué otros derechos fundamentales hay que forman parte de la vida cotidiana y pueden ser vulnerados sin que nos demos cuenta?

—Me gustaría difundir el hecho de que el artículo 72 de la Constitución consagra como derechos humanos todos aquellos que son inherentes a la persona o que se derivan a la forma republicana-democrática de gobierno. En función de esa norma amplificadora el elenco de derechos es muy grande. Además hay que tener en cuenta que se va enriqueciendo día a día, porque este tema no se desarrolla solo en Uruguay, sino en la región y el mundo.

—Pero hay focos en la sociedad actual en los que se han denunciado violaciones de los derechos humanos, como el sistema carcelario. ¿Qué opina al respecto?

—En derechos fundamentales es frecuente pensar en el conflicto de derechos. La sociedad en respuesta a la violación de los derechos humanos, como son la mayoría de los delitos, responde con el represivo penal y con la cárcel. Eso supone que hay una disminución de derechos considerados fundamentales.

—¿Pero qué pasa con el hacinamiento que se vive en las cárceles? ¿Eso no violenta los derechos humanos?

—Ese es un tema sobre el que preferiría no hablar. Nosotros los jueces podríamos aportar experiencia, pero no es un tema nuestro los problemas que enfrenta la situación carcelaria.

—A juzgar por las inscripciones en el CEJU, los abogados cada vez tienen menos interés por ingresar a la carrera judicial. ¿A qué lo atribuye?

—Se trata de un tema que merece el estudio de la Suprema Corte de Justicia. Creo que no hay una adecuada información de la tarea judicial, incluso hay mala información acerca de eso y del juez como persona.

Hay que tener en cuenta que el Poder Judicial compite mal en el tema retribuciones personales. Hay lugares en los que el egresado de la Facultad de Derecho de inmediato consigue ubicaciones que son altamente redituables y dentro del Poder Judicial hay una carrera que comienza por los cargos más bajos y supone otro tipo de sacrificios, como recorrer el país, lo que en ocasiones supone un desarraigo.

—Hay un consenso entre los operadores judiciales veteranos en cuanto a que el nivel de la formación de Derecho ha decaído y el de los jueces también. ¿A qué se debe esto?

—El Poder Judicial no es una isla y vive la misma problemática que el resto de las instituciones. Existe una gran preocupación en muchos ámbitos acerca de la educación en Uruguay. El Poder Judicial se nutre de los egresados de Derecho y toda carencia que pueda haber en la formación profesional es un tema que debe asumirse. Hay que tener en cuenta que este no es un problema solo uruguayo sino que es universal. Debe señalarse también que el tema capacitación afecta a todos los actores del proceso, porque usted puede tener un excelente juez pero tiene un abogado mal preparado y el horizonte que es la realización de la Justicia, no se logra.

—¿Qué opinión tiene con respecto a la legalización de la marihuana?

—Sobre eso no respondo. De los temas respecto de los cuales se encuentran abocados a resolver otros poderes del Estado, que suponen además una discusión nacional, no opino.

—¿Sobre la legalización del aborto tiene alguna opinión personal?

—Ese no es un tema fácil, como lo demuestra el amplio debate que se ha instalado en la sociedad, y no se reduce a la opinión jurídica porque abarca aspectos éticos, por lo que me reservo mi opinión.

—¿Sobre la baja de la edad de imputabilidad puede decir algo?

—Lo mismo que ya le he dicho.