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Para el jefe de la División de Competitividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), John Davies, cómo manejar el asunto de los organismos públicos en su doble rol de reguladores y productores es un tema “de importancia en Uruguay”. A su juicio, los monopolios públicos pueden mejorar en la medida que se sometan, “igual que los privados”, a leyes que alienten la competencia.
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Davies llegó a Montevideo para participar el martes 16 en un foro regional de competencia y mantuvo una entrevista con Búsqueda que se resume a continuación.
—¿Cuánto tarda que el empresariado cambie la cultura anticompetitiva una vez que se aplican normas que sancionan esas conductas?
—Tuvimos una experiencia reciente instalando una oficina de defensa de la competencia en un país pequeño como Islas Mauricio, que tiene un millón y medio de habitantes, con una comunidad empresarial muy cerrada. Y es muy difícil irrumpir en ese esquema. Es difícil y toma tiempo, pero hay muchos casos exitosos en países que pueden ser sorprendentes. Uno de ellos es Sudáfrica. Si bien es un país grande, el mundo de los empresarios es tradicionalmente pequeño, familiar y cerrado. Las cosas empezaron a ir bien luego de que un par de casos grandes salieron en los diarios; algunas empresas tuvieron grandes sanciones. Luego de eso empezó a haber una tendencia en la que las mismas empresas comenzaron a informar sobre la realidad y las prácticas de sus sectores, incluso intentando ser las primeras en denunciar situaciones anticompetitivas, ya que allí tienen una política de indulgencia que exime de castigo a quienes lo hacen.
Fue solo un tema de tener algunos grandes casos en las tapas de los diarios dejando claro los beneficios de la política a favor de la competencia. Lo mismo pasó en Japón. Así que, incluso en los países en los que la cultura empresarial es muy cerrada, se puede cambiar.
—¿Qué hacer cuando son los organismos públicos los que incurren en prácticas anticompetitivas?
—Este es un tema de importancia en Uruguay. Cómo manejar el asunto de los organismos públicos como reguladores y como productores.
La OCDE no tiene una recomendación especial. Pero en la gran mayoría de los países con leyes de competencia las mismas se aplican a las empresas comerciales del Estado. Los monopolios públicos pueden mejorar en la medida que se sometan a estas leyes, igual que los privados.
—En general, las oficinas de defensa de la competencia tienen recursos escasos para hacer sus investigaciones. ¿Qué sugiere?
—Las autoridades en esta materia tienen que poder tomar la iniciativa. Estas oficinas suelen estar muy subpresupuestadas; es un área en la que los gobiernos ahorran dinero y no deberían.
—¿Qué acciones está impulsando la OCDE en materia de defensa de la competencia?
—Estamos tratando de que las agencias de competencia de los distintos países actúen más eficientemente juntas y aumente la cooperación, en especial sobre los casos de fusiones globales y cárteles.
A través de más leyes sobre competencia y más agencias de las que había antes podemos, por ejemplo, detectar una fusión global que una agencia investiga y tratar de bloquearla; o cuando hay una inconsistencia que puede ser peligrosa, que una agencia no vio o dejó pasar. Ese es el gran tema del momento.
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