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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) obligó al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a restituir a una funcionaria que había sido sumariada y apartada del cargo por un presunto manejo irregular de los fondos de un programa de lucha contra la aftosa.
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El 18 de octubre de 2010 la funcionaria Adriana Seigal solicitó al tribunal que anule el acto porque no incurrió en irregularidad alguna. Incluso, acusó a las autoridades del ministerio de “persecución”.
Los cinco ministros del TCA resolvieron por unanimidad hacer lugar a la impugnación y obligaron al ministerio a reintegrar a la funcionaria.
En la sentencia, emitida el 19 de marzo, el tribunal sostiene que la sanción a Seigal no guardó relación con su conducta. Según la sala, tanto el director como la contadora que se desempeñaban en el proyecto recibieron una sanción más leve que Seigal, quien se encargaba de manejar la “caja chica” del programa.
La sentencia establece que el propio Tribunal de Cuentas señala que “no se ha acreditado fehacientemente que la funcionaria Adriana Seigal haya sido la autora de la adulteración de las facturas por lo que la sanción no guarda la debida proporcionalidad con la entidad de la falta cometida”.
El tribunal fundamenta su decisión en la opinión del experto Juan Pablo Cajarville, quien sostiene que las sanciones deben ser razonables porque ese es “el límite a la discrecionalidad”.