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El politólogo Conrado Ramos era subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cuando en 2006 el primer gobierno de Tabaré Vázquez lanzó la “madre de todas las reformas”, un intento por cambiar la estructura del Estado.
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Una década después de la frustrada reforma, Ramos, actual senador suplente del Partido Independiente, está preocupado porque una propuesta que estudia la Cámara Alta podría hacer ley lo que él pretendía combatir desde la OPP. El ex presidente y senador, José Mujica, planteó aprobar una norma que obligue a todos los cargos de confianza a que aporten a sus partidos políticos como forma de sustituir el financiamiento privado, lo que para Ramos generaría la “colonización del Estado” por parte de los distintos sectores.
Una comisión especial del Senado analiza cambios a la regulación sobre el financiamiento de los partidos políticos desde hace meses. Entre las ideas que tiene a estudio está la de Mujica, uno de los principales impulsores del debate. El líder del Movimiento de Participación Popular quiere que los partidos no recurran a las donaciones de los privados para cubrir sus gastos. Y una de las formas de sustituirlo, según el ex presidente, es con un descuento a todos los salarios de los “cargos de confianza”. “Eso se haría a lo largo de los cinco años y sería de no menos del 20% del sueldo. Después se distribuye esa plata en los partidos con un criterio de proporcionalidad y la Asamblea General, un año antes de las elecciones, puede establecer un rubro de dinero que se sume a eso y punto. Esa sería toda la financiación de los partidos y se eliminaría el aporte de los privados. Esto tiene que tener mecanismos de control de la Corte Electoral y sanciones fuertes”, planteó Mujica (Búsqueda Nº 1.900).
Ramos, que se ha especializado en la investigación sobre el funcionamiento del sector público, afirmó que seguir adelante con esta idea llevará a “una voracidad por crear más cargos políticos” y volvería “insaciables” a los partidos.
Comentó que un político por más que esté convencido de que se debe “profesionalizar” el servicio civil, es “líder de fracción” y no la puede dejar de lado, por lo que tiene que “agarrar cargos de confianza” para ubicar a sus compañeros de sector.
“Hay que quitar los incentivos” para que ocurra, afirmó Ramos a Búsqueda. “Ahí podemos discutir si disminuimos los cargos de confianza, porque de lo contrario estoy matando al servicio civil profesional”, agregó.
Ramos, que periódicamente ingresa como senador en lugar de Pablo Mieres, advirtió que de seguir este camino se puede crear un “Estado compañero” en el que ingresan cada vez más personas de confianza a la administración pública. Comentó que conversó con Mieres en la última semana sobre este punto.
Ramos está trabajando en una investigación académica sobre los cargos de confianza en el Estado. Uno de los primeros problemas que detectó en el proceso es que no se sabe exactamente cuántos son.
Existen funcionarios políticos como el presidente de la República, ministros y los de particular confianza, el “Escalafón Q”. En este escalafón están, por ejemplo, directores de Presidencia, Ministerios, servicios, entre otros.
En la gran mayoría de los casos, cada partido hace aportar a sus principales dirigentes una cuota mensual por ocupar un cargo político o de confianza. De esta manera se consiguen ingresos que permiten afrontar gastos, como el pago de sueldos de funcionarios, por ejemplo.
Ramos entiende que el concepto “cargos de confianza” es más amplio y tiene más ramificaciones dentro del Estado. “Cargo de confianza es todo cargo que reviste algún tipo de autoridad y es elegido discrecionalmente”, sostuvo.
Menos plata.
El investigador afirmó que se deben “controlar mejor” los ingresos de los partidos en épocas de campaña electoral.
Ramos comentó que la reforma constitucional de 1996 modificó la cantidad de elecciones. “Se multiplicaron por cuatro las elecciones y los partidos precisan plata para afrontar eso”, explicó.
Afirmó que es “difícil prohibir la donación privada” porque se genera un “mercado negro”. El académico opinó que “lo más efectivo es disminuir los incentivos” de los partidos para gastar. “Si sabés que la parte del dragón es la publicidad televisiva, entonces cortá por ahí”, añadió.
También estuvo de acuerdo con que se pague más por voto, una idea que está a estudio de la comisión. Según la ley de partidos políticos, cada colectividad recibe una partida anual del Estado de 4 Unidades Indexadas por voto obtenido en la última elección ($ 14). Admitió que al pagar más puede generar el “efecto de partido cartel”: cuanto más voto tenga, más dinero recibirá y eso genera una “desventaja para los partidos más chicos”. “Pero creo que es un mal menor respecto a todo lo demás”, afirmó.
“La democracia es cara”, dijo Ramos y admitió que la gente “no quiere oír” que se les pague más a los partidos.
Ramos planteó que en este tema ningún partido se puede poner en el lugar “ético” de señalar “los defectos” a los demás. “Hay que trabajar para mejorar los diseños institucionales y disminuir los márgenes de corrupción. No podemos seguir hablando y que siga sin pasar nada con lo que decide el Tribunal de Cuentas”, opinó.
Por eso planteó que además de modificar las leyes de financiamiento hay que fortalecer a los organismos que tengan a su cargo auditar a los partidos, como la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas.
