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Esperar hasta último momento y tener paciencia. Esa es la premisa asumida por legisladores colorados y del oficialismo que por estas horas pugnan por conseguir los votos necesarios para aprobar sus respectivos planteos con el propósito de crear una comisión investigadora sobre financiamiento de las campañas políticas.
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Entre los coordinadores de los partidos, está la idea de citar a una sesión extraordinaria de la cámara baja para la semana próxima. Allí se analizarán dos informes —uno en mayoría y otro en minoría— de la comisión preinvestigadora que se conformó la semana pasada ante el planteo del Partido Colorado para que se indague sobre el financiamiento de las campañas electorales de los partidos y su vínculo con cinco empresas: la pesquera Fripur, Cambio Nelson, Aire Frasco (vinculada a negocios con Venezuela), Minitar SA (la agencia publicitaria de Ancap y Alur) y Cutcsa. El planteo de los colorados fue la respuesta a la idea manejada en el Frente Amplio para crear una comisión investigadora pero únicamente sobre Cambio Nelson, la empresa de Francisco Sanabria, quien ingresaba a Diputados supliendo a Germán Cardoso.
La existencia de dos informes —uno del Frente Amplio y otro del Partido Colorado— llevó a que por estos días se realizaran reuniones con dirigentes de todos los partidos para saber qué propuesta acompañarán. En el oficialismo hay confianza de tener la mayoría porque están seguros de que su ex compañero Gonzalo Mujica los apoyará. Entre los colorados hay una visión diferente y entienden que ese diputado que tomó distancia del Frente Amplio puede votar su propuesta. El Partido Nacional, Independiente y Asamblea Popular ya adelantaron su apoyo a los colorados. Una postura similar se maneja en el Partido de la Gente, según informaron dirigentes colorados a Búsqueda.
De todas formas, se deberá esperar a que se haga la sesión para saber qué pasará. Jorge Pozzi, diputado oficialista, buscaba ayer miércoles 22 acordar una moción única, pero los colorados se mantienen firmes.
La propuesta presentada por Walter Verri es que se cree una comisión con el “fin de investigar el financiamiento de las campañas electorales” en el período 1984-2015 y su vinculación con las cinco empresas planteadas desde un principio. Esta comisión tendría 15 miembros y trabajaría durante dos años y medio.
Por su lado, el oficialismo propone que una investigadora analice a “todas las empresas y/o personas que hayan aportado a las campañas de los partidos políticos” desde 1985 a la fecha. Esa comisión tendría 11 miembros y actuaría por seis meses, con opción de una prórroga de igual plazo.
Los aportes privados a las campañas políticas comenzaron a estar regulados para la campaña electoral de 2009. En esas elecciones, las departamentales de 2010 y el ciclo electoral 2014-2015, son los únicos períodos sobre los cuales hay registros formales sobre aportes de privados.
El rol del BCU.
Las derivaciones continúan en torno al Cambio Nelson, que cerró el 22 de febrero y su dueño, Francisco Sanabria, se dio a la fuga. La empresa captaba dinero del público, una operativa que no está autorizada para los cambios.
Los jerarcas del Banco Central (BCU) defendieron su actuación en el caso el jueves 16 ante la Comisión de Hacienda del Senado. El colorado José Amorin asignó responsabilidad al organismo.
Las autoridades informaron que entre casi 500 empresas bajo su control (entre bancos, AFAP, aseguradoras, etc.), el organismo prioriza la vigilancia de aquellas con efectos más sistémicos. El presidente del BCU, Mario Bergara, dijo que es difícil controlar “cuando hay una cuestión fraudulenta con intencionalidad dolosa”, surge de la versión taquigráfica. Y señaló que en el caso concreto de la casa de cambios de Sanabria, “en ningún momento” se recibieron denuncias sobre “operaciones no autorizadas”.
Ese argumento fue contrastado por el diputado blanco Gustavo Penadés, ayer, cuando Bergara fue a la Comisión de Hacienda de Diputados por el mismo tema. El legislador le dijo al jerarca que en 2013 la Justicia había comunicado al BCU una denuncia de una operación “sospechosa” en Cambio Nelson.
Horas después el banco emitió un comunicado rechazando los dichos de Penadés y aclaró que la información que recibió “no constituyó en ningún momento un Reporte de Operación Sospechosa ni una denuncia específica contra el Cambio Nelson, sino respecto al acreedor cuyo crédito se estaba verificando”.
En el Senado, el titular del BCU, explicó que de la información contable del cambio surge que hubo “un notorio apartamiento de las normas de información financiera” que “impedía justamente transparentar las operaciones que hoy entendemos como no autorizadas”. La información contable “estaba oculta y no se encontraba en la documentación normal del cambio sino en listados en paralelo”, relató. Bergara dijo que detectó que el cambio tenía 379 clientes con saldos acreedores con unos U$S 10,7 millones en conjunto, pero acotó que la mayoría tenía dinero para “pago de gastos, facturas, etcétera” mientras que otros 22 disponían de saldos superiores a U$S 50.000 (que sumados totalizaban U$S 8,5 millones). “O sea que más del 80% del monto del que estábamos hablando no era una cosa masiva de paisanos distraídos que, pensando que era un banco, ponían la plata en una casa de cambio”, dijo.
Pocos días después de su cierre, Cambio Nelson se presentó a concurso declarando un pasivo de U$S 8,7 millones. Los balances y la compilación contable presentada fueron firmados por Humberto Capote, Álvaro Amonte —como contadores externos— y Paula Sanabria, hermana de Francisco y también contadora, informaron a Búsqueda fuentes empresariales. El concurso aún no está aprobado.
El Cambio Nelson forma parte de un grupo empresarial encabezado por los hijos del fallecido dirigente colorado Wilson Sanabria. En los mismos días en que Francisco se dio a la fuga, él y su hermana Paula transfirieron todas las cuotas sociales de la empresa de ómnibus Tur-Este a Martín Sosa Cauberrere, y cedieron la administración y representación de la sociedad.
