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    Oposición cuestiona que en los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, Fripur multiplicó su deuda con el Banco República

    Legisladores investigan los vínculos de empresas con el financiamiento de las campañas electorales

    Un año antes que el Frente Amplio llegara al gobierno, la empresa pesquera Fripur tenía una deuda de poco más de US$ 300.000 con el Banco República. Siete años después, en 2011 y cuando el mercado pesquero comenzaba a declinar, la deuda había trepado a más de US$ 37 millones.

    La información fue brindada el lunes 3 por autoridades del Banco República a la comisión investigadora de Diputados sobre el financiamiento de las campañas electorales desde 1999 hasta 2015, en la que se analiza el vínculo con los partidos de algunas empresas como Fripur, Cambio Nelson, agencia de publicidad La Diez, Cutcsa y Aire Fresco.

    La primera empresa en ser investigada fue Fripur, que cerró en agosto de 2015. Fripur, según las rendiciones de cuentas que presentaron los partidos sobre las campañas electorales, aportó $ 60.000 al Partido Colorado en 2009. Ese mismo año también aportó al Frente Amplio $ 22.400. Pero los dueños de la empresa, los hermanos Alberto y Máximo Fernández, también ayudaron a las campañas de Tabaré Vázquez y José Mujica, prestando vehículos y un avión para que se trasladaran cuando fueron candidatos. Además, en el caso de Mujica, los Fernández fueron quienes pagaron la confección de la banda presidencial que recibió el 1º de marzo de 2010.

    Desde la oposición se quiere saber el grado de cercanía que tenían los titulares de la empresa con los principales líderes de la izquierda.

    Por eso, a algunos diputados opositores les llamó la atención cómo año a año Fripur se endeudaba con el Banco República. Según informaron las autoridades del banco a los integrantes de la comisión, en 2004 tenían una deuda de US$ 327.512. La clasificación que tenía esta deuda por parte del banco era de 1, es decir que no había riesgo para cobrar. Pero en 2011, la deuda había llegado a los US$ 37.098.451. Según comentaron legisladores a Búsqueda, la crisis en el sector pesquero comenzó al año siguiente.

    En agosto de 2014, Fripur entró en concurso. A esa altura, la deuda con el Banco República era de casi US$ 45 millones. La clasificación que otorgaba el banco a la empresa era de 4, es decir con alto riesgo de incobrabilidad. Además, la institución financiera autorizó un crédito de casi US$ 1.500.000, cuando la deuda alcanzó la clasificación 5. Actualmente, se deben US$ 27 millones más intereses.

    En la sesión del lunes 26 de junio de la comisión, el extrabajador de Fripur Wilson Márquez se refirió a los préstamos que la empresa recibía del Banco República. “Sé que la mayor parte de lo que se hizo fue con mano de obra de Fripur y con cosas que había ahí. No se compró nada y no se volcó dinero como para hacer una refacción grande. No hubo un cambio grande que permita pensar eso. Me parece que el dinero que se prestó a Fripur no fue volcado a la empresa en ningún sentido. Además, se veían las dificultades desde antes de todo eso. Veníamos trastabillando. Si hubiese habido dinero, no se habrían visto tales dificultades”, aseguró.

    Márquez recordó que en la empresa “siempre” hubo irregularidades respecto a cumplir con la normativa laboral. “Nosotros estábamos trabajando cinco días antes de que cerrara la planta y, mientras Alberto y Máximo Fernández eran felicitados por los molinos eólicos y la venta de energía, a nosotros nos llegaban cedulones diciendo que nos iban a cortar la luz de la planta. Esto no es mínimo”.

    A la sesión del 26 de junio, también asistió el exdirector de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Daniel Montiel.

    Los diputados consultaron a Montiel por qué se le aplicó una multa mínima a Fripur por irregularidades en el empaquetado de productos que eran exportados a Europa.

    “El monto de la multa lo pone la Jurídica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, respondió Montiel.

    El diputado colorado Adrian Peña, que presentó la denuncia para que se creara la investigadora, dijo que está preocupado porque faltan “insumos para poder trabajar”. En especial se quejó por la falta de información pues el BPS se niega a brindarla debido al secreto tributario.