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La tarea de Anastasia Lucas en una sucursal del Banco República (BROU) consistía en ayudar al público en los cajeros y buzoneras cuando tenían dificultades para retirar dinero o para hacer depósitos y transferencias. En ese, su puesto temporal en el Estado, encontró flexibilidad para adaptar sus horarios laborales a los de su educación, porque la beca que había obtenido le exigía una condición: si no hay estudio, no hay trabajo.
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Su testimonio —narrado en un video institucional del Ministerio de Trabajo (MTSS)— se mezcla con los de otros jóvenes que cuentan cómo les fue en su primera experiencia laboral formal a través de Yo Estudio y Trabajo, un programa nacido en la administración de José Mujica y que fue elogiado por las actuales autoridades, que aseguraron su “continuidad”.
La primera edición bajo el período de gobierno fue organizada en 2020 y tuvo 82 becarios menos que en 2019: pasó de 703 ingresos a 621, según datos del MTSS que surgen de una respuesta a un pedido de información de Búsqueda.
En la edición 2019 se ofrecieron 826 becas, aunque finalmente ingresaron 123 estudiantes menos, entre la segunda mitad de ese año y el 2020. Algunos organismos realizaron el pedido y “por distintas razones” —dice el informe— redujeron el número de becas ofrecidas, como el caso de la Intendencia de Canelones, que solicitó 24 becarios pero no tomó a ninguno.
Yo Estudio y Trabajo busca ofrecer a estudiantes de entre 16 y 20 años su primera experiencia laboral formal en organismos públicos, y es una de las modalidades propuestas en la ley de empleo juvenil. En octubre el gobierno presentó la nueva edición del programa con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.
Por organismos
La baja en la cantidad de cupos que ofrecieron las tres principales empresas públicas explica, en parte, la caída en el número final de becarios. En 2019, en UTE ingresaron 98, un número que se redujo a 50 en la edición de 2020; en Antel bajó de 63 a 15, y en Ancap, de 40 a 20. En el BROU el número de becarios bajó de 198 en la edición 2019 a 92.
La decisión de cuántos tomar es de cada organismo, que es el que paga el salario del trabajador temporal contratado. El MTSS tiene “dos planos de incidencia”, explicó a Búsqueda el director nacional de Empleo, Daniel Pérez. Por un lado, es el que decide que haya una nueva edición de programa y, por otro, se encarga de la “difusión y propaganda” para mostrarles a las instituciones “lo valioso que es”.
La edición 2020 tuvo una “dificultad” adicional —dice el texto—, que fue la “situación sanitaria” desatada por el Covid-19. Esto complicó la organización de los talleres preparatorios y el ingreso de los jóvenes, que estaban previstos a partir del 1° de marzo pero todavía esa etapa del programa se encuentra en “proceso”. Hasta el momento, entró el 40% de los jóvenes de esta edición y no hubo “reducción” de las becas ofrecidas.
El Directorio de Antel resolvió, el 3 de marzo, el recorte de los puestos destinados para este programa basándose en directivas de ahorro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El director de la telefónica estatal en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, votó en contra porque “eliminar oportunidades de trabajo” no es “una buena señal”, en particular para la población joven, dijo en Montevideo Portal.
Además de las instituciones que redujeron sus cupos, hubo otras que habían solicitado becarios en la edición anterior y que no se ofrecieron en la primera edición organizada por esta administración. Fueron la Intendencia de Canelones, el Latu, el Ministerio de Economía y la Junta de Paysandú. Con otros organismos sucedió lo contrario: el Instituto Nacional de Estadística, los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda y de Salud Pública, la OPP, el Parlamento y las intendencias de Flores y Florida no dieron lugar a este programa en la edición 2019, pero sí en 2020.
El director de Empleo destacó el caso de Florida, que se incorporó con “una buena cantidad de jóvenes” (18) e “incluso muy repartido en los pueblos”.
Puede “mejorar”.
La Dirección de Empleo se encarga de la organización de Yo Estudio y Trabajo, pero involucra a otras instituciones: la ANEP, Universidad de la República, el Ministerio de Educación, el Inefop, el Instituto Nacional de Juventud y la Secretaría de Cuidados. Hay “algunos problemas” de coordinación, que Pérez se propuso “revisar” para la edición 2021.
Uno de los asuntos a resolver es el trabajo con la ANEP, con la que es necesario “definir criterios” sobre los vínculos del becario con las entidades educativas. También surgen “algunas cuestiones para mejorar el relacionamiento con las propias instituciones” para “tener novedades” del trabajo del estudiante en sus oficinas. Una posibilidad que planteó el director es que haya un “referente” con el que los coordinadores del programa puedan “conversar” para estar al tanto de “cómo está andando” el estudiante. “Esto es para que el proceso sea más exitoso para la institución receptora y el propio chiquilín”, explicó.
Otro planteo refiere a los organismos que solicitan un determinado número de becarios y luego no los reciben, como la Intendencia de Canelones en 2019. “Si la institución asume un compromiso, asume un compromiso”, si bien pueden haber situaciones “de fuerza mayor”, dijo Pérez.
El jerarca consideró necesaria una evaluación “para ver si efectivamente cumple con los objetivos”. Algunas realizadas en el pasado mostraron que hubo “resultados positivos”, pero en la Dinae quieren “hacer otras” para analizar el impacto.
El programa busca “enriquecer” al beneficiario con su primera experiencia laboral y motivarlo a que “siga estudiando”, pero no tiene como objetivo “incentivar el empleo” de los jóvenes —una franja etaria de las más afectadas por el desempleo— como sí lo hace un proyecto aprobado el martes 22 por el Senado, señaló Pérez.
