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La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tiene en agenda un proyecto de ley para reformar la normativa que viene aplicando desde hace cinco años. Con ello se apunta a dotar de mayores atribuciones a ese órgano, sobre las empresas públicas y la banca, además de adecuar el régimen de sanciones y darle más injerencia en los casos de concentraciones económicas, entre otros cambios.
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El alcance de la iniciativa está en discusión entre los miembros de la Comisión, que funciona de manera desconcentrada del Ministerio de Economía.
En el marco de la celebración del Día de la Competencia, el martes 16, en el hotel Sheraton de Punta Carretas, el centro del debate fue la participación del Estado como regulador y operador en los mercados.
En su exposición, Javier Gomensoro, uno de los tres integrantes de la Comisión de Defensa de la Competencia, mencionó ejemplos de cómo el Estado establece las reglas de juego, a la vez que emite recomendaciones, imparte justicia reprimiendo conductas ilegales y “paralelamente interviene” en la actividad económica.
Aludió a cómo “a menudo” el Estado actúa “contrariando” la misma normativa que dictó, y que por ser de interés general, también lo abarca.
Gomensoro dijo que la Comisión tiene a estudio un proyecto de reforma de las normas de competencia.
Consultado por Búsqueda, afirmó que la iniciativa trata de “capitalizar la experiencia” de actuación del órgano. Informó que la idea es “adecuar” la ley y su reglamentación “a lo que ha sido la práctica, procurando obtener precisiones terminológicas en algunos casos, alcances conceptuales y sustantivos en otros, aclaraciones de índole procesal, alcances de las atribuciones de la comisión y los sectores regulados, delimitaciones más precisas entre la jurisdicción de unos y otros”. También “alguna flexibilización y adecuación en materia de sanciones y umbrales de concentración económica”, enumeró. Sobre ese último tema, Gomensoro agregó que se procura dar “una mayor injerencia” a la Comisión, “en la posibilidad de autorizar o no los negocios de concentraciones, y especialmente, de poder establecer condicionalidades”.
El sector público.
Juan Manuel Mercant, socio de Guyer & Regules, destacó durante el foro la labor de la Comisión y la “independencia técnica”, pero advirtió que hay un “riesgo latente” de que pueda verse como un “instrumento de aplicación de otros temas, precios, inflación, control de márgenes”. También destacó la necesidad de que el país “apueste” más recursos para el funcionamiento del órgano.
Leandro Zipitría, otro experto, cerró el panel apelando a que esté claro el “objetivo” de la agencia de defensa de la competencia. “Si uno quiere limitar el rol productor de las empresas públicas tiene que tener una política de competencia fuerte sobre el sector privado” y cuando eso “se logre, la necesidad política de intervenir del sector público en los mercados va a disminuir mucho”, sostuvo.
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