Pague, calle y haga la ola

Antes que nada, tenés que pasar por la incomodidad de preguntarle a tu amigo cuánto gastó en el regalo. Luego, cuando completás el formulario (en donde le das un montón de datos personales a una empresa con la que tu único contacto es una entrega que ellos deben hacerte), tras acogerte a todas las “franquicias” a las que se puede uno acoger (que se podrían resumir en un “te fajo esto pero te podría fajar mucho más, no te olvides que soy el Estado”), resulta que tenés que pagar 15 dólares. Y eso tratándose de un objeto que, según la propia normativa del Correo, debería estar exento de pago.

Lo primero que va revelando el intercambio es la defensa cerrada de la idea de que si lo hace el Estado, debe estar bien. Ojo, esa idea no es tonta o arbitraria: les presupone una cierta racionalidad a las acciones del Estado. Una racionalidad que los argumentos que se ofrecen, a falta de transparencia estatal, intentan desentrañar: te están cobrando por la gestión, te están cobrando porque los obligaste a abrir el paquete, te están cobrando para defender a la industria y al comerciante local, te están cobrando porque es justo. Nadie parece despeinarse por el hecho de que me están cobrando por algo que, explícitamente y según las reglas del organismo, no deberían cobrar. Pero es igual, si lo hace el Estado, debe de estar bien y debe tener sus razones.

Método socrático mediante, la cosa avanza un poco más: ¿es de recibo que exista un monto a partir del cual se debe pagar? ¿Cuál es la lógica de ese criterio? ¿Por qué está fijado en el monto en que está fijado? Más: ¿de verdad se está protegiendo al comerciante o al productor nacional con ese gesto? ¿No será que los precios de producción y de venta son elevados en Uruguay, entre otras cosas gracias a la carga impositiva del Estado? ¿No termina el consumidor pagando los efectos de toda esa carga impositiva? ¿No es un poco cínico decir que se hace para proteger al productor o al comerciante cuando al mismo tiempo se lo calcina impositivamente? ¿No son más bien regresivos los impuestos que termina pagando el consumidor, en donde, seas rico o pobre, vas a terminar pagando el mismo porcentaje?

Ante estas preguntas, se repite la defensa de la lógica estatal, como si todo eso que está establecido (el pago, los límites, la franquicia, los argumentos que se suponen están detrás) fuera una verdad revelada e inamovible. Como si no fuera resultado de algún acuerdo entre personas, al que se llegó tras un intercambio. Como si la lógica del Estado fuera ajena a lo humano por su propia naturaleza. Como si en vez de hablar de la estructura que nos hemos dado para no matarnos a tortas entre nosotros, habláramos de una entidad ajena y opaca que por su propia razón (de Estado) siempre estuviera en lo correcto. Peor aun, hablando del Estado como si solo fuera un leviatán inmenso y pesado ante el cual no se puede hacer otra que bajar la testuz y acatar. E intentar explicar su lógica, para no sentirnos unos giles que dicen “sí, bwana” a todo lo que hace la máquina.

Pero ese Estado, que se nos presenta siempre como anónimo y monolítico, está integrado por personas y sus funciones son ejecutadas por esas personas. Ese Estado, en cada una de sus instancias pasadas y presentes, cada organismo, cada empresa estatal, cada posición que alguien ocupa en él, fue pensado y diseñado por personas. Cuando se habla de las cosas que hace el Estado como algo sobre lo cual no se puede opinar o cuestionar, pareciera que el Estado fuera algo que crece en los árboles y que nos es dado de manera natural por el planeta. Como una entidad todopoderosa a la que estamos conectados, tanto si nos gusta como si no. Y si bien eso es cierto (debemos obedecer la ley aun si no nos gusta), ese vínculo no es de simple obediencia ante una palabra divina o ante unos procedimientos celestiales.

El Estado es un instrumento humano y falible, un acuerdo entre nosotros, nuestros abuelos y bisabuelos. Una forma de organizarnos para que no siempre nos pisotee el poderoso y nos aniquile el más fuerte. Una forma de defender una idea del colectivo y del bien común. Una defensa que para ser efectiva debe irse adaptando y transformando todo el tiempo. Por eso imaginamos nuevos ministerios o eliminamos viejos. Por eso le damos al Estado nuevas potestades y le sacamos otras. Por eso sus normas pueden y deben ser discutidas.

Y es que el criterio de hacer molde nos habría dejado eternamente en las cavernas. Si llegamos a darnos un Estado fue precisamente porque a lo largo de los tiempos un montón de gente se paró en los pedales y preguntó por qué las cosas eran como eran. Mas aún, en lugar de ensayar una defensa del statu quo (“Debemos dedicarnos a hacer lo de siempre, cazar mamuts. Es claro que esas semillas de morondanga nunca nos van a alimentar bien”), esa gente se animó a pensar si las cosas podían ser de otra manera. En el caso que planteo, la pregunta es si tiene sentido seguir aplicando a rajatabla una lógica firmemente anclada en lo territorial a un mundo y unas relaciones cada vez más desterritorializadas. O si tiene sentido reclamar la libre circulación de las personas y al mismo tiempo obstaculizar la de los bienes.

Entiendo que cuestionar al Estado es más bien pura defensa ante lo que se percibe como injusto, mal diseñado, mal aplicado o directamente mal hecho. De ahí que muchas veces quien señala lo que le parece mal no tiene una receta para el éxito. Primero, porque en las sociedades estas recetas no existen. Y segundo, porque si existiera algo parecido al éxito en lo social, solo se podría llegar de manera colectiva. Así que mientras sigamos bajando las guampas y le hagamos la ola al statu quo estatal, poco podemos esperar de nosotros mismos. Y todo por culpa de unas manitas rascadoras de cinco dólares.