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    Para el oficialismo hubo “una intensa reforma del Estado”, pero los sindicalistas no ven ningún cambio profundo ni discusión

    Desde el retorno a la democracia en 1985, los partidos políticos que llegaron al gobierno anunciaron la reforma del Estado. Lo hizo el Partido Colorado primero, el Partido Nacional después y el Frente Amplio (FA) no es la excepción. Su llegada al poder en 2004 era ansiada por la gremial de trabajadores estatales pero hoy, con nueve años del FA al poder, lo hechos no los conforman.

    Tan así que hay dos lecturas opuestas. Para el oficialismo hubo una intensa reforma con al menos siete procesos; para los dirigentes sindicales no hubo cambios profundos que permitan transformar el Estado.

    Esta fue la discusión que se planteó en la conferencia “Debate sobre la reforma del Estado”, realizada el martes 19 en el marco del 50° aniversario de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE).

    Sin cambios.

    El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), Julio Fuentes, siente que los gobiernos de izquierda no trajeron cambios sustanciales al Estado. Asegura que “el discurso del Estado neoliberal ha perdido”.

    “Se cuidan de hablar de privatización o de desfinanciar las políticas de salud, educación, ciencia y tecnología. Pero lamentablemente las democracias venidas de esa derrota del neoliberalismo poco han hecho para transformar ese Estado que heredaron”, dijo.

    Su preocupación está en que “no hay una herramienta distinta al servicio de una política de transformación y liberación que pueda ser efectiva”.

    “Es una incoherencia un discurso de izquierda con este Estado, porque si las intenciones son buenas, con un Estado con herramientas neoliberales al servicio de las minorías no se puede hacer nada. Es tremendo ver eso”, afirmó.

    Por ello, Fuentes quiere “un Estado nuevo” con “nueva forma de contactarse, tanto con la gente como con los trabajadores”. Jefes trabajadores “y no mejores amigos políticos”, plebiscitos, presupuestos participativos, negociación colectiva, buen trato a sus empleados y carrera profesional son las claves que augura para llegar al Estado “al servicio del pueblo”.

    Intensa reforma.

    La posición de la senadora frenteamplista Constanza Moreira era incómoda. Luego de que el resto del panel reclamara todo tipo de cambios hacia una “verdadera reforma”, Moreira defendió los “siete procesos determinantes de un ciclo de reforma continuado”, que a su juicio ocurrió en los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica.

    “Hubo una intensa reforma del Estado en los últimos diez años, solo que no la llamamos así”, dijo.

    Sus siete pilares son: haber derogado el decreto que impedía la presupuestación en el Estado, fortalecimiento de las empresas públicas, aumento del gasto público como política, reformas en la salud, educación y tributaria; incorporar trabajadores a la dirección en organismos de salud y educación; creación de un tercer nivel de gobierno y la recuperación de los Consejos de Salarios y la negociación colectiva.

    Destacó el aumento del 3,5% al 4,5% del PBI (Producto Bruto Interno) para la educación y del 3,5% al 6% para la salud introduciendo el Fonasa y la creación del Ministerio de Desarrollo Social junto a los planes de Emergencia y de Equidad.

    En el debe la senadora tiene una lista similar de objetivos a cumplir. Su mira está puesta en la reforma de la Justicia con un mayor peso de fiscales sobre jueces y sentencias dictadas en menos tiempo, avanzar en los gobiernos departamentales y la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, “el último broche de una política social”.

    Para lograrlo se necesitan recursos. Moreira sabe que el ciudadano quiere que el Estado cobre menos y su mensaje es contundente. “No. Si queremos desmercantilizar bienes públicos tendremos que tener una estructura tributaria potente con grandes impuestos”, dijo.

    ¿Qué Estado?

    El presidente de COFE, Pablo Cabrera, aplaude los cambios hechos desde 2004, pero rápidamente señala que todavía hay mucho por avanzar. Lo principal para él es definir hacia dónde ir. “Nadie piensa en el aspecto más central que es qué Estado queremos y con qué rol”, asegura.

    La cantidad de recursos humanos no es discutible porque, en su criterio, la gestión demanda que haya más personal. La clave es hacer un Estado eficaz y eficiente. El cambio está en “un consenso más allá del sector político porque la política tiene que trascender a la gestión, y quienes gestionen tendrán que responder a ese lineamiento político”.

    Pero para alcanzarlo Cabrera considera vital que todos los grupos sociales estén incluidos en la toma de decisiones. “Si realmente queremos darle a la gente lo que necesita hay que escucharla, porque las verdades reveladas no existen”.

    El catedrático Rubén Correa Freitas (profesor grado 5 en Derecho Constitucional de la Universidad de la República) coincide en buscar un consenso político para responder tres preguntas: “¿Qué reforma hacer?, ¿para qué? y ¿cómo hacerla?”.

    En su opinión, la cantidad de funcionarios no es el problema, sí la calidad. El Estado debe adaptarse a nuevas tecnologías que cambian su funcionamiento y asumir los derechos de la ciudadanía a acceder a la información pública.

    Su colega argentino Daniel Campione, profesor de Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires, también pide un consenso político para cualquier reforma. En su concepción, el Estado es un conjunto de relaciones sociales que forman un aparato. Por ello, sin consenso entre los diferentes actores es inviable cambiar ese aparato.

    Pero al igual que lo planteó Fuentes, el Estado al que apunta Campione es uno que aún no se formó. “No se trata de llevar adelante la nostalgia de un viejo Estado que con la distancia del tiempo y las nefastas experiencias vividas después nos gusta pensar como acogedor. Ese Estado también fracasó. Y de su fracaso devino la legitimación de las reformas neoliberales. Hay que pensar en una superación profunda”, dijo.