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    Para evitar un paro del Sunca, una intendencia hizo una obra “no prioritaria”

    Las obras departamentales tienen sus contratiempos. En una consulta pública efectuada en setiembre en la Torre Ejecutiva acerca del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales (PDGS III), que prevé apoyar 36 proyectos en 18 departamentos, un funcionario de la Intendencia de Tacuarembó planteó una duda. Yamandú Rodríguez recordó una situación que se dio con una obra en la rambla en San Gregorio de Polanco realizada en el marco del PDGS II. Dijo que, aunque se había puesto en el pliego que si se paraba la obra por la crecida del río Negro no generaría horas compensables para la empresa contratista, cuando subió el nivel del agua y por cuatro meses no hubo obras, surgieron reclamos del Sindicato Único de la Construcción (Sunca) debido a que el personal fue enviado al “seguro de paro”. El Sunca planteó realizar un paro nacional si no se encontraba una salida y finalmente la intendencia terminó ejecutando una obra que no era prioritaria en ese momento para darle trabajo a la mano de obra local.

    Rodríguez consultó al personal del BID cómo aconsejan proceder a futuro, ya que las obras propuestas en Tacuarembó en el marco del PDGS III también involucran la presencia de cursos de agua y el problema podría repetirse. Un consultor del organismo sugirió generar diálogos entre las partes —en particular, los trabajadores— en forma temprana, antes de que se desencadene un conflicto.

    Por otro lado, Juan Luis Gómez, jefe de proyectos de la División de Gestión Fiscal del BID para Uruguay, destacó durante la consulta pública que el nuevo programa incluye recursos para obras, algunas “tremendamente icónicas” como la Plaza de Toros de Colonia o la residencia de estudiantes en Tacuarembó. Señaló que la inversión acumulada en el marco de este programa, desde la primera operación hasta la actual, ronda los US$ 500 millones. Y aseguró que se calcula que las propiedades inmuebles adyacentes a las obras públicas financiadas se revalorizaron hasta 23%, por lo que a su entender se trata de inversiones con un muy alto impacto y que se han mantenido en el tiempo.

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