El gobierno apretó el acelerador y en apenas una semana logró la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Parlamento. El proyecto estuvo precedido de años de marchas y contramarchas que incluyen al presidente José Mujica, que pasó de considerar que “la mejor ley de prensa es la que no existe” a evaluar que esta es una buena herramienta para alejar a los “tiburones de afuera”.
El asunto se definió el lunes 22 con los 50 votos del Frente Amplio en la Cámara Baja y una hora y media de discusión. Al igual que en el Senado, la ley quedó en el medio de dos visiones contrapuestas: la oficialista, que sostiene que es “de avanzada” y “garantista” y la de la oposición, que la considera “innecesaria”, “hiperreglamentarista” y “un atentado a la libertad de expresión”.
Mientras tanto, la nueva legislación recibió el elogio de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Hoy es un día histórico para la libertad de expresión en Uruguay. Salud al pueblo uruguayo que saldó este tema debatiendo, discutiendo y participando sin exclusiones”, escribió en su cuenta de Facebook el relator de la OEA, el uruguayo Edison Lanza.
La nueva norma.
La ley regula a quienes brindan una “oferta estable y permanente de señales de radio y televisión” que necesiten habilitaciones estatales. Plantea “hacer posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión” y prohíbe la “censura previa”, las “interferencias” y las “presiones” sobre “cualquier expresión, opinión o información difundida”.
Uno de los aspectos más discutidos de la ley en Diputados fue la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual. Se trata de un órgano descentralizado de cinco miembros que tiene como cometido la fiscalización y el cumplimiento de la norma.
El presidente del Consejo será elegido directamente por el presidente de la República mientras que los otros cuatro serán designados por dos tercios de la Asamblea General.
La ley prevé para casos de incumplimientos sanciones que pueden ser observaciones, apercibimientos, decomisos, multas, suspensiones y, en los casos de infracciones “muy graves”, hasta la revocación del permiso. El artículo 176 establece que el Consejo, la Ursec, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, “según corresponda”, serán quienes tendrán la “potestad sancionatoria y la imposición de las obligaciones previstas”
La ley se propone limitar la concentración de la propiedad. Para eso, prohíbe que una persona física o jurídica sea beneficiada con la titularidad de tres autorizaciones para prestar servicios de radio o televisión abierta. En radio, prohíbe que se puedan tener más de dos servicios en la misma banda (AM o FM).
En televisión para abonados establece un límite de seis permisos para prestar servicios en el territorio nacional. Si uno de los servicios es prestado en Montevideo, el límite para esa persona (física o jurídica) es de tres servicios.
La nueva norma pone también un límite para la cantidad de clientes que pueden tener estas empresas: no pueden superar el 25% del total de hogares con TV para abonados.
Al mismo tiempo, la ley promueve la producción de contenidos uruguayos. A los canales de televisión les exige un mínimo de 60% de producción o coproducción nacional. Las radios quedan obligadas a emitir por lo menos 30% de música de origen nacional.
Entre otros cambios, la norma crea una defensoría del público, prohíbe la difusión de contenidos que “inciten” a la “discriminación”, establece condiciones para mantener la privacidad de niños y adolescentes y da a los periodistas la posibilidad de hacer uso de la “objeción de conciencia” para no acompañar con su voz, imagen o nombre contenidos de su autoría que hayan sido modificados sin su consentimiento.
Discusión.
Tal como quedó reflejado en la votación, el debate en la Cámara de Diputados fue polarizado. El diputado nacionalista Álvaro Delgado cuestionó la decisión del oficialismo de promover la discusión de una ley tan importante como esa “en el final de la legislatura”. En su opinión, el proyecto ameritaba “generar ámbitos de consenso político al inicio del gobierno”.
Más allá de que consideró que se mejoró la redacción original, Delgado sostuvo que la ley es “hiperreglamentarista, inconveniente, inoportuna, innecesaria” y contiene “varias inconstitucionalidades” sobre las que ya advirtieron “destacados académicos”. En particular cuestionó la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, al que calificó como “una especie de gran hermano controlador” y expresó su preocupación por las sanciones por incumplimiento que pueden llegar a la revocación de permisos.
En el mismo sentido, el colorado Jorge Schurmann argumentó que los organismos y las sanciones previstas por la ley dejan “siempre latente la posibilidad de que caduque la concesión”. Eso, a su juicio, puede “dar lugar a que algún gobierno en el futuro pueda utilizarlo como una herramienta muy poderosa para tomar represalia contra un medio opositor”.
El diputado dijo tener además “diferencias ideológicas” con la ley. A modo de máxima, sostuvo que en esos temas “la intervención del Estado nunca debe darse para atentar contra la libertad”.
Iván Posada, del Partido Independiente, fue más allá en el rechazo al proyecto y afirmó que se trata del “mayor ataque a la libertad de expresión desde el final de la dictadura”. Esa expresión generó la respuesta del oficialista Carlos Varela.
“Es inadmisible que se diga que este es el mayor ataque a la libertad de expresión desde el fin de la dictadura”, replicó. Como argumento, dijo que en gobiernos anteriores, entre otros episodios, “se despidieron periodistas”, “se manejó en forma discrecional la publicidad oficial” y “se llamaba a los medios de comunicación desde la Secretaría de Presidencia para manifestarles modos de conducción”.
“En este país decir que este es el mayor ataque a la libertad de expresión es difícil de sostener”, concluyó.
“Todos estos relatos que señala Varela de distintas presiones, existieron y supusieron realmente atentados a la libertad de expresión. Atentados que en la medida de su conocimiento fueron señalados por los demás partidos políticos. La diferencia es que ahora, con esta ley, la presión se institucionaliza”, respondió Posada.
Varela fue uno de los principales expositores del oficialismo en defensa de la ley. El legislador respondió a las acusaciones de la oposición de que el gobierno quería sacar el proyecto “rápido y sin discusión” y de no haber buscado consensos.
En ese sentido recordó que en el proceso de discusión, la Comisión recibió a más de 50 delegaciones y respecto a la búsqueda de consensos afirmó: “Las posiciones son tan extremas que sólo se podía llegar a un acuerdo: que no hubiera ley. Y nosotros creemos que es imprescindible saldar la deuda que tenemos con nuestra sociedad desde hace más de 40 años”.
“Creo en la autorregulación y los códigos de conducta, pero creo también en la ley. Es lo que nos da garantías a todo”, añadió.
