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¿Cómo va a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que comenzará a aplicarse dentro de dos semanas? Esa es la gran interrogante que tienen dirigentes políticos y operadores del sistema judicial por estas horas. El martes 17 y miércoles 18 el Parlamento aprobó dos proyectos de ley que modifican el CPP y adecuan al nuevo sistema la situación de los adolescentes que cometen delitos. De esta manera se terminaron de aprobar los proyectos que buscaban poner a punto la reforma.
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El nuevo CPP consagra un sistema penal acusatorio, oral y público, y separa las funciones de acusar y juzgar. La investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los fiscales y no de los jueces, como ocurre hasta ahora. El nuevo código comenzará a regir a partir del 1º de noviembre.
El martes, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto que realizó 32 modificaciones al CPP, a fin de ajustar algunas de las normas que comenzarán a aplicarse. Además, entre la noche del martes y la tarde del miércoles, los diputados y senadores aprobaron cambios al Código de la Niñez y Adolescencia, que rige para los delitos cometidos por menores de edad. Las modificaciones apuntan a “armonizar” la norma al nuevo CPP, que rige para los adultos.
Los cambios realizados a último momento generan preocupación en varios ámbitos. El senador Pablo Mieres (Partido Independiente) reconoció en sala que los proyectos fueron aprobados “muy sobre el plazo”, lo cual “aumenta el riesgo de dificultades en la implementación”. De todas formas, aclaró que “el resultado de este apuro final tiene que ver con los tiempos” de los operadores del sistema judicial para enviar las propuestas de cambios. “Creíamos haber terminado el proceso de modificaciones a fines del año pasado y a comienzos de este año, en abril o mayo, se nos hizo llegar un conjunto de nuevas modificaciones, que fueron tramitadas en un tiempo no sé si récord, pero anda por ahí. El Parlamento hizo lo que pudo”, afirmó el legislador.
Mieres dijo que el “aumento del riesgo del error es lógico”, y adelantó que se verá si es necesario hacer “cambios sobre la marcha”.
En Diputados, Ope Pasquet (Partido Colorado) planteó sin éxito que el nuevo CPP se comience a aplicar en febrero de 2018. Dijo que era partidario del nuevo código pero advirtió que la forma en la que han aprobado las modificaciones les deja “poco tiempo” a los operadores judiciales para familiarizarse con el nuevo sistema.
En tanto, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, expresó su preocupación por la demora en realizar los ajustes al nuevo código. “En julio hice una serie de prevenciones en cuanto a que había que terminar rápidamente la reforma de la reforma. Lamentablemente, fue como una profecía autocumplida. Ahora estamos a pocos días de la entrada en vigencia del código y se siguen aprobando a las apuradas reformas”, dijo a Búsqueda.
“¿Qué tiempo hay para capacitar a los jueces, fiscales y demás operadores del sistema para que esto funcione adecuadamente? Además no ha habido una campaña masiva de difusión y el público es un gran desconocedor del contenido de la reforma. Con todo esto se abre una gran interrogante de cómo van a funcionar las cosas a partir del 1º de noviembre. Estuve en el interior hablando con operadores judiciales y hay desorientación y dudas en cuanto a cómo va se va a implementar la reforma”, agregó.
Según Pérez Manrique, el Poder Judicial hizo “un gran esfuerzo de capacitación y de adecuación tecnológica, pero hay factores externos que van a ser muy dificultosos en los primeros tiempos”. No obstante, tiene “confianza en que con el tiempo se podrá ir a una aplicación decorosa del nuevo sistema que pueda legitimarlo”.
