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El presidente electo Luis Lacalle Pou dijo ser partidario de la libertad al presentar los últimos días el borrador del proyecto de ley de urgente consideración. Es una definición muy importante y profunda. Por eso, si bien en la semana hay también otras noticias que se podrían comentar —como el juicio por Aratirí que potencialmente podría arruinar cualquier proyección económica del país, legado de la presidencia de José Mujica—, nos interesa la mirada de más largo plazo que parece revelar el documento en cuestión.
Allí, artículo tras artículo, el futuro primer mandatario y su equipo más cercano muestran sus intenciones y nos parece muy acertada la mentalidad que los mueve para resolver los problemas que enfrenta el país, que no son pocos. En nuestra edición anterior de Búsqueda destacábamos en la tapa que el documento contiene medidas de corte liberal y desregulador. Eso significa un golpe de timón imprescindible para adoptar la dinámica que se requiere para crecer e integrarse al mundo. Las reacciones contrarias de sectores de izquierda estatistas y reguladores, comparables con la banquina de la carretera, son una señal de que el camino elegido es el correcto y, como bien dijo Lacalle Pou, responde a lo que pide la mayoría de los ciudadanos.
Desmonopolización de la importación y refinanciación de petróleo y derivados, ajustes en la regulación del mercado de campos, eliminación de la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios por la vía bancaria o instrumentos de dinero electrónico y también en todo concepto de transacciones particulares son algunas de las medidas importantes. Un lugar destacado merece tener la postura contraria a las ocupaciones y piquetes como parte del derecho de huelga, mediante la exigencia del respeto a la propiedad privada y al derecho de trabajo de no huelguistas.
A su vez, el articulado establece acatar las declaraciones de inconstitucionalidad de ocho artículos de la “ley de medios” —ley que cada vez tendrá menos aplicación— y, aun mas importante, habilita la competencia de las empresas privadas en servicios de Internet y de TV por medios alternativos, disminuyendo el poder infinito que ostentaba Antel en los gobiernos del Frente Amplio. Todo esto tiene gusto a mayor libertad para las personas, mayor competencia en el mercado y otras pautas para la inversión que esperamos se concreten.
Un mayor control del gasto también está en los planes: “El Poder Ejecutivo determinará, en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, los lineamientos de la política fiscal que se aplicarán durante su administración, los que incluirán una meta indicativa de resultado fiscal estructural de las entidades estatales comprendidas en el ámbito de aplicación. La regla fiscal será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía”.
La pelota está en la cancha de los demás partidos de la coalición multicolor. Se trata tan solo de un borrador que será debatido en febrero para presentar en el Parlamento el 2 de marzo. La inclinación por un Estado mucho más liberal, que trate a los ciudadanos con el respeto que merecen para tomar sus propias elecciones, la apertura en las reglas de juego para los inversionistas y llamar la cosas por su nombre, como a la dictadura venezolana, son bienvenidas. Tampoco palabras como “represión al delito” nos asustan. Todo esto es imprescindible para encaminar a nuestro país. El planteo inicial representado en este documento habla de un desafío a una cultura que se acostumbró a quedar presa del Estado y a la actitud de buscar seguridades innecesarias en un exceso de regulaciones. Se necesita el apoyo de todos para romper ese molde. Se arranca bien, pero ahora hay que esperar el tiempo de las concreciones.
