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No más gastos “multimillonarios” en publicidad; más controles del Tribunal de Cuentas; límite a la creación de sociedades anónimas e impedimento para que los directores se postulen como candidatos, por cinco años. Estas y otras medidas forman parte de una propuesta que el Partido Independiente (PI) presentará hoy jueves con el objetivo de impedir que se siga “jugando” con las empresas públicas, que son utilizadas con fines políticos, para “lanzar candidaturas”, como “premio consuelo” y para “financiar el gasto público” sin rendir cuentas.
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“Históricamente han sido un botín político”, sostuvo el candidato a la Presidencia por el PI, Pablo Mieres, a Búsqueda. Tanto en gobiernos blancos y colorados, como durante la gestión del Frente Amplio, las empresas públicas se usaron para “acumular recursos políticos y lanzar candidaturas a través de sus jerarcas”, opinó Mieres. También funcionan como “premios consuelos para candidatos fracasados en sus candidaturas parlamentarias”.
Pero estas empresas “son un componente central de la competitividad del país y del presupuesto de los hogares uruguayos”, y por eso el PI considera “fundamental” implementar un conjunto de medidas que impliquen un “cambio sustancial en la manera que se regulan y administran” estas compañías, explicó el presidente del PI.
“Puro autobombo”.
Las empresas públicas “realizan innumerables gastos superfluos, evaden los controles de gestión y en muchos casos promueven la carrera electoral de sus jerarcas”, sostiene un documento que el PI difundirá hoy jueves. Afirma que la publicidad de las empresas públicas no es más que “¡puro autobombo en plena campaña electoral!”. Por eso propone prohibir la publicidad de las que actúan en régimen monopólico. “Desde 1985 gobernaron colorados, blancos y frenteamplistas, y con todos pasó lo mismo: las empresas públicas han sido y siguen siendo manejadas para promover a sus directores, con dinero que es de todos los uruguayos”, sostienen los independientes en el texto de la iniciativa. “Nunca más gastos publicitarios multimillonarios, que pagamos todos los usuarios, para decir qué importante es el agua o la energía eléctrica”, añaden.
Además proponen extender la inhabilitación de los directores de estas empresas para ser candidatos, de uno a cinco años. Con esto buscan evitar que sean un “premio consuelo” para los políticos que no alcanzaron los votos para ser legisladores, y que luego las usen para “financiar sus carreras políticas con plata de los usuarios”.
Otra preocupación para el PI es la “proliferación de sociedades anónimas colaterales” a las empresas públicas.
“Se arman con plata de todos y operan sin ningún control público”, sostienen los integrantes del PI en el documento al que accedió Búsqueda. Proponen prohibirlas y “autorizar solo las de primera generación”, pero “sometiéndolas al contralor público y estableciendo para sus directores las mismas regulaciones que para los directores de las empresas públicas”.
También entienden que una parte del capital accionario de las empresas debería cotizar en bolsa, para que exista un mayor control público sobre su gestión y rendición de cuentas. Finalmente, el Partido Independiente considera que se debe “fortalecer” el papel de contralor del Tribunal de Cuentas, ya que sus observaciones “no son tenidas en cuenta por los jerarcas, que actúan como si fueran los dueños” de las compañías estatales. En ese sentido proponen que las observaciones del Tribunal sobre determinados gastos tengan “efecto suspensivo”, y no puedan ejecutarse hasta que el tribunal levante la observación o sea autorizado por la Asamblea General.
El gobierno absorbe los recursos de las empresas públicas para financiar el gasto público, criticó Mieres. Pero a su entender no deben ser “un fin en sí mismo”, sino que tienen que estar “al servicio del país”.
“Si tuvieran una gestión más eficiente y ganaran menos, podrían bajaran las tarifas, y eso sería una manera de devolverle a la sociedad en una forma mucho más transparente que trasladar utilidades para que el gobierno haga lo que quiera con ellas”, concluyó.
