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    Peligros tribales

    Nº 2090 - 24 al 30 de Setiembre de 2020

    Las nuevas generaciones hablan de Rosalía, una cantante catalana que adoptó el flamenco como género musical de su preferencia e incluso lo estudió a nivel de facultad (su tesis se convirtió en su primer disco de éxito). Rosalía es hoy un suceso internacional —arrasó con  los premios Grammy— y llevó el flamenco a lugares donde nunca estuvo. Pero nos choca cuando leemos que se la critica por “apropiación cultural” y hasta “expropiación cultural” por los tradicionalistas, que decidieron que ella no debería cantar —tan bien— sin cumplir con los requisitos que ellos exigen, que incluye ser gitana de nacimiento y no innovar. Por supuesto, iniciaron una campaña de odio en las redes contra la cantante, buscando convertirla —agresivamente— en algo “políticamente incorrecto”, y ojalá no pase a mayores.

    Un ejemplo más de la tribalización en la que nuestras sociedades están cayendo en el mundo con base en la imposición de los reclamos de grupos por encima de los derechos de los individuos.  Podemos decir que la organización  tribal está en el ADN del ser humano, pero el ser humano es mucho más que eso. Tiene la capacidad de reagruparse, de tratarse con empatía y encontrar las soluciones que no discriminen a los que piensan y trabajan distinto. Además, todos sabemos que las organizaciones tribales conducen al odio y la reafirmación de las diferencias, y si bien podemos no ver de antemano qué estamos provocando con ello, las consecuencias pueden ser terribles.

    El asunto puede ser un factor de diferencias, negociaciones y acuerdos sociales alcanzados con el esfuerzo de ciudadanos comprometidos actuando como adultos. Pero si en esta movida algunos de los grupos abusan de su poder y, como ya lo han hecho prácticamente todas las religiones, involucran a los políticos obligándolos a legislar a su favor en áreas del comportamiento humano para las cuales no fueron pensadas las formas de gobierno democrático liberal, se están violando acuerdos sociales.

    A modo de ejemplo, podemos recurrir a casos tan resonantes en los últimos meses como el de Canadá, donde la polémica llegó a niveles insospechados, incluyendo actos de violencia y agresiones a quienes tienen una opinión distinta. Allí se ampliaron las obligaciones por los derechos humanos a la utilización de los pronombres que elijan los ciudadanos  homosexuales y transexuales, así como otra cantidad de definiciones aceptadas por sus impulsores. Lo más grave es que quienes opten por incumplir con esas normativas incurrirían en un “delito de odio” que los podría llevar a la cárcel. Y todo esto atendiendo al poder de un grupo y sin que haya un acuerdo social que lo sostenga en el tiempo, sin crear un clima de resentimiento. Una flagrante violación de la libertad de expresión, como bien sostienen los opositores a la norma impuesta por el gobierno de turno.

    El problema no es que el debate pueda parecer apropiado o ridículo. Tampoco es que algunos grupos quieran imponer narrativas a sus acólitos, aun cuando llegan al extremo de separar del género el propio sexo biológico en un afán por definir que lo femenino y masculino es una construcción social. No traigamos a colación que a las izquierdas políticas —que tienen antecedentes nefastos en materia de respetar las diferencias de género— les encanta adoptar planteos que agreguen corchetes a la libertad de expresión. Todo ello se puede negociar en una sociedad civilizada. Pero si los gobiernos se dejan llevar por las presiones de estos grupos de interés, un relato puede convertirse en una norma legal y el otro en algo fuera de la ley.

    Hoy en día en muchos países este tipo de proyectos de ley avanzan y amenazan con generalizarse. Una vez más la solución es simple: los gobernantes deberían jugársela por priorizar la libertad de los individuos, requisito intocable de los constitucionalistas de las mejores democracias, y confiar en la madurez de los ciudadanos para encontrar sus caminos de convivencia naturalmente. Es la única forma de que los gobernantes no se metan en líos.  Cuando los legisladores intervienen en casos de este tipo, su único recurso es la imposición de la ley que crea un artificio de solución y no deja verdadero lugar a una negociación y convicción social. Cuando se favorece a una tribu, se relega a otra. Un gobernante debe tener la visión de saber a dónde lleva esto.

    El consejo de la tribu no puede decidir quién canta y  qué canta.

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