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“Acá y allá habrá casas, ahí se instalará una guardería, más allá se construirá una escuela y al fondo estará la canchita de fútbol. Y en esa otra zona habrá un parque”. El arquitecto Carlos Acuña describe con entusiasmo cómo será en un par de años el barrio que se está construyendo en un terreno de nueve hectáreas ubicadas en Camino de las Tropas y avenida Luis Batlle Berres, en la zona oeste de Montevideo. Hoy esa zona es un descampado y hay que apelar a la imaginación para ubicar cada cosa en su lugar. Apenas existe un grupo de viviendas que comenzaron a construirse en el marco del Plan de Integración Socio Habitacional-Juntos, y maquinaria del Ejército que prepara el terreno.
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En ese barrio —que aún no tiene nombre— no solo estarán 230 familias del Plan Juntos, sino también cinco cooperativas para completar un complejo de 430 casas.
Acuña, que preside la Comisión Directiva del Plan Juntos y trabaja en el mismo piso donde están las oficinas del presidente José Mujica en la Torre Ejecutiva, dijo que de esta manera se evita que el barrio sea un “gueto para pobres” y se fomenta la “integración” de distintos sectores sociales.
Mientras recorre junto a Búsqueda el predio donde los futuros dueños de casa e integrantes del Sunca (el sindicato de la construcción) trabajan en la construcción de los apartamentos de 54 y 66 metros cuadrados, Acuña plantea que esta iniciativa debe ser “asumida como una política de Estado”, ya que según sus previsiones, el gobierno podrá construir un “tercio” de las 15.000 viviendas que tiene como objetivo el plan.
Acuña explicó que el Plan Juntos no es una tarea “fácil” y que el 2012 es el año “bisagra” para que comience a funcionar. “Hemos pasado por un período en el que probamos la herramienta”, dijo. Recordó que el Plan Juntos se creó por decreto en abril de 2010, recién en octubre de 2011 se aprobó una ley que le dio un marco jurídico y dos meses después el Poder Ejecutivo la reglamentó. A partir de ese momento es que la “herramienta empezó a tomar musculatura”.
Cuando la comisión encargada del plan se reunió con el presidente Mujica, este les planteó que debían trabajar “despacito y por las piedras”, contó Acuña. “Esta herramienta nueva hay que probarla”, les dijo el mandatario, y por eso les pidió que no hicieran declaraciones públicas hasta ahora.
Acuña informó que a junio hay alrededor de 1.400 “intervenciones” en marcha o proyectadas.
Más demanda.
Al comienzo de la actual administración, el Plan Juntos apareció como el “buque insignia” del gobierno de Mujica. El objetivo inicial pensado por las autoridades era atender a unas 30.000 familias, pero finalmente se decidió priorizar la situación de unos 15.000 hogares.
Según el reglamento aprobado por el gobierno, el plan atenderá aquellos núcleos familiares que vivan en situación de extrema pobreza con precariedad sociohabitacional. La norma define que un núcleo familiar está en situación de precariedad cuando la vivienda que habita presente al menos alguna de estas características: que esté construida con materiales de mala calidad; que tenga un sistema de evacuación en malas condiciones, sin baño, entubado a un arroyo o un río; que la conexión de agua sea a través de cañerías que se encuentren fuera de la vivienda; que los habitantes estén en condiciones de hacinamiento; que los muros se encuentren agrietados; que la vivienda sea inundable; que no tenga un lugar para cocinar. Cada núcleo familiar debe firmar un convenio con la Unidad Operativa Central del plan. En ese acuerdo tiene que figurar la cantidad de horas a realizar por autoconstrucción o mano de obra benévola, una declaración jurada de ingresos, la ficha social que contenga los datos de cada uno de los integrantes del hogar, una memoria descriptiva de la obra, entre otros.
El plan se financia por dos vías: una presupuestal, con una partida anual de $ 105 millones; y otra compuesta fundamentalmente por donaciones que provienen del sueldo del presidente Mujica y empresarios privados. Hasta fines del año pasado, la comisión había recibido U$S 958.294 en donaciones, de los cuales U$S 125.826 provenían del sueldo del mandatario.
Sobre este punto Acuña dijo que se “enlenteció” la llegada de donaciones. El jerarca dijo que espera que la situación cambie como consecuencia de la reciente aprobación de la ley que otorga beneficios fiscales a las empresas que efectúen donaciones al Plan Juntos.
Por otro lado, lo que sí se incrementó es la “demanda de familias que se comunican con el plan y plantean su situación. Esas demandas se estudian y se analiza de qué manera podemos asistirlas”.
Acuña dijo que tras dos años de trabajo comenzaron a aplicar una serie de medidas para acortar los plazos de las obras. Las viviendas son construidas con bloques elaborados en el centro penitenciario Comcar y tienen dos plantas. Uno de los cambios que se introdujeron es hacer la planta alta con “techo liviano” y no “planchada” de hormigón, lo que permite acortar los tiempos de construcción entre cuatro y seis meses.
Acuña señaló que para el plan es “importante” el trabajo conjunto entre los diversos organismos de la administración central y las intendencias. En este punto sostuvo que la “coordinación no marcha bien”. “Queremos que la coordinación se dé de la mejor manera y suele pasar que los organismos corren cada uno de forma autista”, explicó.
El presidente Mujica volvió a defender esta semana el plan. En declaraciones a radio Montecarlo el domingo 3, dijo que su apuesta es a que “en el futuro” el plan “quede como una fundación, trabajando, generando oficio. Que sea como el Mevir (un plan de viviendas rurales), que nunca pierda su rostro humilde”.
Dijo que el fin del plan va más allá de la vivienda, ya que busca “lograr un cambio” para que sus beneficiarios “se incorporen al tipo de sociedad en la que estamos”.
Denuncia
Cada familia que es parte del Plan Juntos se compromete a trabajar unas 20 horas semanales para la construcción de su vivienda. Sin embargo, en el asentamiento 1º de Mayo, algunas familias recurren al personal contratado que los asiste para que hagan toda la obra, por lo que no se cumple con el “trabajo comunitario”, denunció Patricia Gutiérrez, beneficiaria del plan.
Además, Gutiérrez dijo que desde hace “unos meses” tampoco se controlan todos los materiales y aseguró que hay “joda” en su distribución.
El presidente de la comisión del plan, Carlos Acuña, dijo que la información que reciben del asentamiento es que el trabajo “va muy bien”. De todas formas aseguró que investigarán el tema.
