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Un proyecto de infraestructura de UTE, otro de la operadora del tren para UPM 2, junto con la obra de ampliación de una fábrica farmacéutica en Canelones, fueron las inversiones más voluminosas que, en el transcurso del 2022, fueron recomendadas al Poder Ejecutivo para concederles ventajas fiscales. En conjunto, 704 planes tuvieron el visto bueno de la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Promoción de Inversiones, 204 más que en 2021.
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Según datos del Ministerio de Economía, los proyectos recomendados involucraron inversiones por US$ 1.194 millones en total el año pasado, frente a los US$ 534 millones de 2021. Eso representó un aumento de 124%.
El mes con el mayor monto de inversiones recomendada fue diciembre con US$ 253 millones, en parte explicado por el proyecto más grande del año pasado: US$ 178 millones de UTE —a través de un fideicomiso financiero— para construir líneas de energía y conectar las ciudades de Melo y Salto Grande, “cerrando” así el anillo de transmisión eléctrica.
El mes donde el monto de inversiones creció más (603%) respecto a un año atrás fue octubre, que paso de US$ 18 a 131 millones. Se destacó el plan de la empresa del sector de la construcción Frasion S.A. por US$ 55 millones. Otros proyectos que involucran inversiones por montos elevados recomendados durante el año pasado fueron los de Porten S.A., operadora del transporte ferroviario para la carga de la futura planta de UPM 2 (US$ 109 millones) y uno de Urufarma (US$ 83 millones).
Desde el gobierno han destacado la inversión en activos fijos como uno de los motores recientes de la actividad económica.
De cara al 2023, el sector empresarial es relativamente optimista en materia de inversiones. Según la última edición de la Encuesta Anual de Expectativas Empresariales de Búsqueda, publicada en diciembre, el 60% de los empresarios prevé continuar con las inversiones que tiene en marcha, a la vez que 19% prevé iniciar nuevas.
El régimen de promoción de inversiones vigente surgió con la Ley 16.906, de 1998, aunque en años recientes tuvo modificaciones. Su propósito es, mediante exoneraciones tributarias, estimular la adquisición de activo fijo o intangible.