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Las proyecciones que hacían los especialistas a fines del 2009 marcaban un panorama muy complicado para el ya hacinado sistema penitenciario uruguayo. Con una población carcelaria apenas debajo de 9.000 reclusos y una tasa de crecimiento alta, algunos pronósticos marcaban que para el comienzo del 2015 la cifra superaría largamente las 10.000 personas.
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“Todas las proyecciones le erraron por lejos”, comentó el subdirector técnico del Instituto de Rehabilitación (INR), Gustavo Belarra, el martes 24 durante una actividad sobre “economía del delito”, organizada por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.
De acuerdo con los datos oficiales, mientras que en enero del 2010 había 8.749 personas privadas de libertad en el sistema carcelario, a diciembre del 2014 había 9.541. Consultado por Búsqueda, Belarra dijo que “la tasa de encarcelamiento en Uruguay en los últimos cinco años no ha sido tan alta como se podía esperar”.
“Si bien el aumento viene siendo sostenido hace muchos años, hubo una desaceleración en la pendiente de ese crecimiento”, insistió.
Los datos del INR marcan que entre 1999 y el 2010, hubo solo dos años en los que disminuyó la población carcelaria, mientras que en seis oportunidades aumentó en más de 500 reclusos (ver cuadro).
Belarra dijo que es muy pronto para sacar conclusiones sobre los motivos que llevaron a la desaceleración del aumento de población carcelaria. Sin embargo, recordó que la actual administración ha desarrollado políticas para disminuir la reincidencia de los presos, aceitar el sistema de libertades anticipadas y permitir que los jueces apliquen penas alternativas a la prisión.
“Estamos trabajando en un proceso de reforma que se inició en el período pasado y que supone aumentar la cantidad de civiles que trabajan en el sistema y el despoliciamiento de las cárceles”, explicó el jerarca. “Hay una fuerte intención de tratar de introducir a otras institución del Estado en las cárceles para mejorar la rehabilitación y la inclusión social de los presos que salen en libertad”.
En los últimos años de la administración del presidente José Mujica, el gobierno logró mejorar el régimen de libertades anticipadas. En 2013, por ejemplo, se presentaron 1.700 pedidos para recibir ese beneficio, aunque la mitad fueron rechazadas (Búsqueda Nº 1.771).
La cantidad de libertades anticipadas suele ser objeto de críticas por parte de jerarcas policiales, quienes entienden que eso dificulta su trabajo.
Disuadir.
Belarra destacó que el gobierno uruguayo está intentando mejorar la prevención del delito, porque es la mejor forma de bajar los delitos. Al respecto dijo que pese al crecimiento de la delincuencia, no se deben aumentar las penas.
Para sustentar esa opinión, el jerarca citó la exposición de Daniel Nagin, especialista en temas de criminalidad, quien habló el martes en el foro. Según el investigador, la evidencia muestra que el aumento de los castigos no ha sido un disuasivo para los delincuentes.
“Hay poca buena evidencia que indique que penas severas sean modos efectivos de prevenir los delitos”, dijo Nagin a Búsqueda. “Es la posibilidad de ser detenido, no la severidad de sus consecuencias, lo que disuade más efectivamente”
Nagin advirtió además, que las cárceles suelen empeorar la situación de los criminales, porque son “escuelas” del delito. “Las largas penas de prisión deberían estar dirigidas a crímenes muy especiales como los homicidios o las violaciones”, añadió. “Tiene que ser acorde a la proporcionalidad del crimen”.
El académico norteamericano sostuvo que para enfrentar el delito hay que apuntar a una mejora de la labor policial. “Hay que usar a la Policía de un modo efectivo para prevenir el crimen. Hay que poner más policías en las calles y hacerlos patrullar en los puntos calientes”, concluyó.
