“¿Me quedo o me voy?”. Esa pregunta circulaba entre las casas matrices de los principales bancos privados instalados en Uruguay mucho antes de las elecciones de 2004. La previsibilidad que adquiría el primer gobierno de izquierda, suponía para el sistema financiero una nueva interrogante justo cuando el camino comenzaba a enmendarse después de la crisis de 2002. Jorge Jourdan, ex presidente y gerente general del banco Santander durante 25 años, recuerda haberla escuchado. El feriado bancario, las llamadas para pedir liquidez a las casas matrices y las charlas con los grandes clientes prometiendo descuentos a cambio de que adelantaran pagos de préstamos, estaban aún frescos en la memoria. Las noticias sobre la liquidación de los activos de los bancos Caja Obrera, Montevideo y Comercial se sucedían y las causas judiciales por fraude se mantenían abiertas.
“Los que tenían posición en el mercado como para salirse empezaron a pensarlo rápidamente. Basta ver el número de bancos previo a la crisis, superior a 20, y ahora que quedan nueve. Hay que mirar los balances y lo que aportaban a sus distintas matrices sumando la problemática que les significaba enfrentarse a un nuevo gobierno. Frente a esas promesas electorales de nacionalización de la banca y más banca estatal, algunos consideraron que era el momento. Para qué esperar. Me consta que hubo bancos donde esa fue la decisión”, recordó el ejecutivo en diálogo con Búsqueda.
Ya en 2000 algunos habían optado por fusionarse o venderse. Así surgieron instituciones como el BBVA (fusión entre el Francés Uruguay y el Banco Exterior de América) o el HSBC (que compró al Republic National Bank of New York). Pero otras siguieron: en 2006 el brasileño Itaú desembarcó con la compra de BankBoston, en 2008 el español Santander se fusionó con ABN-Amro, en 2010 BBVA compró al francés Crédit Agricole (que en 2004 había adquirido el banco de la cooperativa Acac) y en 2011 el suizo Heritage compró el paquete accionario de Surinvest. En 2005 existían 13 bancos privados además de los públicos República (BROU), Hipotecario (BHU) y el Nuevo Comercial (NBC), que ese mismo año se vendería a un conglomerado de inversores extranjeros y en 2011 al canadiense Scotiabank.
“Ideológicamente (los bancos) no estamos entre las cinco principales cosas que interesa a la izquierda. Estábamos en una de las peores ubicaciones. Nosotros nunca tuvimos dudas sobre el respeto a los contratos y el cumplimiento de las normas. Pero convencer a la casa matriz fue muy difícil porque están los que se preguntaban: ‘¿qué diferencia vamos a hacer en Uruguay?’”, rememoró Jourdan.
Cuando era ejecutivo principal del banco, en Santander planteó “por qué salirse de un país serio, responsable, que cumplió con cabalidad con lo que prometió y que pagó hasta el último peso de su deuda. ¿Por qué dejar la imagen de que sí nos quedamos en el que incumplió, no pagó y se burló de los acreedores? Ese fue el hilo conductor de nuestra presentación. Y estoy convencido de eso”.
En 2004 solo tres instituciones privadas habían logrado obtener ganancias: Citibank U$S 2 millones, Crédit Uruguay U$S 5,3 millones, Banco Nación Argentina U$S 1,2 millones y el NBC U$S 10,5 millones. El BROU había ganado U$S 24 millones, pero el resto cerraban otro año en rojo: Santander perdió U$S 14,5 millones.
Para el fin del primer año de gobierno de la izquierda los 11 bancos privados que habían optado por quedarse ganaron casi U$S 40 millones, en conjunto. El BHU ganó U$S 75 millones y el BROU otros U$S 34 millones. Ya entonces esa institución anunciaba su posicionamiento en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. En 2015 los nueve bancos privados ganaron U$S 130 millones y los dos públicos U$S 267 millones.
El pan de todos los días.
Pero la concentración bancaria se mantuvo, junto con un proceso de mayor regulación internacional que comenzó a hacer más escaso y caro el capital. En Uruguay a eso se le sumaron bajos márgenes de rentabilidad y altos costos que, con el escenario de bajas tasas de interés mundiales que dejó la crisis financiera de 2008, llevó a los bancos uruguayos a concentrarse en lo más rentable del mercado. Santander se salió del negocio de pensiones y compró las administradoras de crédito Creditel y Créditos de la Casa. Citibank vendió su negocio de consumo a Itaú, que adquirió OCA. BBVA compró la financiera Emprendimientos Valor y Scotiabank se hizo con Pronto!
“En este momento veo cuatro instituciones con vocación de hacer banca en Uruguay. El resto, de alguna manera está en esa trampa de que acá salirse es más caro que quedarse, pero la dimensión y el tamaño que tienen no justifica. En Uruguay hay que replantearse el tema de una sana rentabilidad del sistema si queremos mantenerlo a mediano y largo plazo. Y acá hay un fenómeno sin resolverse que es la Caja Bancaria, porque sus aportes personales y patronales son significativamente diferentes a cualquier otra industria”, dijo Jourdan.
“Cedimos las cobranzas a las redes de pago que hicieron fortunas. Y el crédito al consumo tuvimos que salir a rescatarlo. Porque nos quedamos con el negocio corporativo y una estructura donde no podíamos pagar los costos. En épocas de bonanza, cuando tomábamos fondos al 1% y lo colocábamos en Estados Unidos al 5% hacíamos el asiento contable. Pero el día que eso dejó de pasar, tenías que ganarte el pan todos los días”, recordó.
A fines de 2005 los créditos significaban 24% del Producto Bruto Interno (U$S 4.212 millones) y en agosto pasado eran 30% (U$S 15.260 millones); la morosidad bajó de cerca de 19% a 3% actualmente, en promedio.
Los depósitos pasaron de U$S 8.954 millones a fines de 2005 a U$S 31.124 millones en agosto pasado. La crisis económica mundial de 2008 apenas repercutió con una leve caída en los primeros meses de ese año.
El nuevo regulador.
“Con esta regulación estamos muy bien defendidos contra una corrida. Es absolutamente imposible enfrentarnos a un panorama como el de 2001. Podrá haber crisis de un banco puntual, pero no un problema del sistema financiero. Hubo un cambio impresionante en el soporte técnico del Banco Central (BCU) con las figuras de (Fernando) Barrán, (Jorge) Ottavianelli y (Juan Pedro) Cantera. Ahí hubo un cambio conceptual. Eso fue un segundo caballo de batalla importante a la hora de ir con nuestras matrices”, destacó Jourdan.
Con la creación de la Superintendencia de Servicios Financieros como una unidad con mayor autonomía dentro del BCU se incorporó normativa sobre gobierno corporativo, se exigieron mayores niveles de capital, se definieron los pasos a la hora de intervenir una entidad y, en los últimos años, se reforzaron los controles por lavado de activos. La última crisis en el sector fue a inicios de 2005, con la suspensión por problemas patrimoniales de la cooperativa Cofac, cuyos activos y pasivos fueron luego vendidos al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Fuentes bancarias consideraron, sin embargo, que se trató de un último coletazo de la crisis de 2002 que no se había resuelto “por temas ideológicos”.
En su primer año el gobierno del Frente Amplio reglamentó el seguro de depósitos que se había aprobado en la presidencia de Jorge Batlle. Este seguro —que se conforma con el aporte de los bancos— mantenía un saldo de U$S 483 millones al cierre de junio pasado. Un ejecutivo bancario consideró que el instrumento “no sirve para mucho” al cubrir un máximo de U$S 10.000 y 250.000 unidades indexadas a la inflación. Lo que “mejor aportó a mejorar los ratios de liquidez” fue reducir la captación de depósitos de no residentes para solventar los préstamos locales, evaluó.
“Hoy el sistema financiero uruguayo no es rentable para los estándares internacionales. Esa es una situación que viene de décadas atrás. Con costos laborales altísimos e inamovilidad, altas cargas fiscales, fuerte regulación que implica altos costos operativos y el costo del capital por las nubes, es difícil, si no imposible, justificar la presencia”, estimó esa fuente.
Jugar con las mismas reglas.
Aunque el BROU sigue concentrando 40% del mercado, las instituciones privadas lograron en estos años abrir canales de competencia que antes estaban concentrados en ese actor público. Una de las últimas victorias fue la ley de inclusión financiera aprobada en 2014 que les permitió dar créditos en nómina. Esa tendencia fue una “gran serenidad” que Jourdan se llevó de su primera charla con quien sería el primer ministro de Economía de los gobiernos frentistas, Danilo Astori, en una parrillada en la calle Soriano, en noviembre de 2004.
“Había ciertas asimetrías entre banca pública y privada que él estaba dispuesto a avanzar. Hasta ese momento UTE no podía importar un compuesto para sus centrales térmicas a través del sistema financiero privado. Era absolutamente impensable. Y luego se nos permitió pagar salarios de organismos públicos”, recordó.
El año pasado Santander fue el estructurador de la emisión de oferta pública que ese ente estatal realizó para la construcción de un parque eólico, aunque una fuente bancaria consideró que todavía existen “privilegios” que “no ayudan a alentar la permanencia” de los privados. En el mercado de créditos hipotecarios, la reforma del BHU significó el regreso del Estado como un actor “profesional”, consideró Jourdan.
Otras cosas, sin embargo, quedaron en el debe. El ejecutivo consideró que la banca fue “duramente golpeada” por la política de encajes que aplicaron los gobiernos de la izquierda. Utilizados como parte de la política monetaria, los encajes se calculan como un porcentaje de los depósitos que quedan inmovilizados en el BCU para regular el volumen de créditos. Desde la banca privada se critica la escasa remuneración que obtienen por eso.
“Y tenemos Impuesto al Patrimonio. Hoy si traigo 100 millones abro un banco y no hago nada, desaparezco. Porque el regulador te obliga a capitalizar y el legislador a pagar ese impuesto. Pero creo que es imposible que un gobierno de izquierda lo saque, aunque en el mano a mano te reconocen que es retrógrado”, agregó.
En los últimos años los bancos uruguayos han acompañado la tendencia mundial de incorporación de tecnología en sus negocios. Aplicaciones para celulares, cajeros automatizados, reducción de sucursales se plantean como soluciones para bajar la estructura de costos local. Una fuente del sistema apuntó que con esta tendencia “la buena noticia sería implantar tecnología que pueda sustituir al personal”, porque “con la inamovilidad laboral esto no es viable”. Aunque en Uruguay, apuntó, “también es difícil amortizar esas inversiones entre pocos miles de clientes”.
“En los próximos dos o tres años va a haber cambios significativos por temas tecnológicos”, estimó Jourdan. “Cuando se habla de los Uber financieros… Hoy hacés todo desde tu casa, hasta negociar las tasas. Se va a ocupar menos mano de obra y los modelos de sucursales van a cambiar. Esa es una verdad de a puño”.
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