Poderes Ejecutivo y Judicial enfrentados por sueldos de magistrados

Esa postura molestó a los magistrados, que ya citaron a una asamblea extraordinaria para el sábado 22, en la que se va a discutir la posibilidad de iniciar un nuevo juicio al Estado por “cobro de pesos”, dijo a Búsqueda una fuente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). “Esto es un tema grave porque se está desconociendo una decisión judicial en la que se declaró inconstitucional una ley y por lo tanto es inaplicable para nosotros”, agregó.

El periplo.

El 13 de diciembre, la SCJ integrada por cinco ministros de Tribunales de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley 18.738. La acción había sido presentada por más de 400 jueces nucleados en la AMU, que pensaron que con esa sentencia por fin cobrarían un aumento que se arrastra desde que la ley de presupuesto equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores. Los magistrados sostienen que eso implica un aumento para ellos, porque la Ley Orgánica de los Tribunales sancionada a la salida de la dictadura establece una escala salarial que toma como base precisamente el sueldo de los ministros.

Así, el 9 de enero, el ministro de feria de la Corte, Julio Chalar, envió una carta al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, en la que le pone en conocimiento de que el gremio de los jueces había consultado a la corporación por la liquidación de los haberes impagos provenientes de ese “enganche”. Solicita además la habilitación de un crédito presupuestal de $ 258.075.554 según un cuadro elaborado por la División Contaduría del Poder Judicial que adjunta a la misiva. Según ese cálculo, un ministro de la Corte debe recibir una partida de $ 678.138.09, un ministro de Tribunal de Apelaciones $ 523.600.88 y un juez Letrado de Montevideo $ 465.422.73 (ver cuadro aparte).

Para sorpresa de los magistrados, el 30 de enero recibieron una respuesta del Ministerio de Economía en la que se afirma que según la interpretación que esa Secretaría de Estado hace de la sentencia de inconstitucionalidad, no corresponde la liquidación. El documento, firmado por el asesor del MEF y abogado Daniel Gaggero, fue remitido a la Corte el 3 de febrero con el aval de la directora de Secretaría Graciela Mazzuchi. Allí se sostiene que “el Poder Ejecutivo actuando por medio de la Presidencia de la República y de esta Secretaría de Estado ha sostenido en todas las contestaciones de demanda de inconstitucionalidad que la ley 18.719 fue la que dispuso el aumento salarial para los señores ministros de Estado y demás cargos políticos, no disponiendo que este sea extensible a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ni a todos aquellos salarios llamados ‘enganchados’ al salario de los ministros de Estado”.

Agrega que “cuando se discutió en el Parlamento el artículo 64 de la ley 18.719”, norma que interpretó la anterior, “se expuso claramente que el objeto era desenganchar a todos los cargos cuyo mecanismo de cálculo retributivo se refiera a los sueldos nominales de los cargos mencionados”.

“En virtud de que conforme a la posición del Poder Ejecutivo es el artículo 64 de la ley 18.719 el que impide el pago de las diferencias solicitadas y que el mismo no fue declarado inconstitucional, no correspondería habilitar el crédito solicitado por la Suprema Corte de Justicia”, concluye el documento del MEF.

“Batalla”.

Una alta fuente del Poder Ejecutivo dijo a Búsqueda que el gobierno está dispuesto a dar “batalla” en este tema porque considera que el espíritu de la ley nunca fue aumentar el salario de más de 400 jueces que ya tienen un ingreso “aceptable” para la realidad del país.

La carta del MEF cayó como un balde de agua fría en el Poder Judicial, ya que algunos magistrados consideraban como un hecho el pago del aumento y evaluaban que el gobierno se encontraba en un “callejón sin salida”.

Ante este nuevo escenario, los ministros de la Corte dispusieron que se realice un “informe urgente de la División Jurídico Notarial” de la corporación para decidir los pasos a seguir. Por lo pronto, ya decidieron recurrir ante al propio MEF la resolución dictada.

Por su parte, la directiva de la AMU envió una carta al presidente de la Corte, Jorge Larrieux, en la que recuerda que la posición del Poder Ejecutivo ha sido “expresamente rechazada” por la SCJ en la sentencia de inconstitucionalidad de diciembre. La AMU calificó la postura del gobierno como un “contrasentido”.

“Salida negociada”.

A pesar de la virulencia del diferendo, algunos magistrados consideran que todavía se está a tiempo de buscar una salida negociada con el gobierno. De hecho, un correo electrónico que la directiva de la AMU envió en los últimos días a todos los asociados va en esa línea.

“Se informa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (Larrieux) manifestó en la reunión mantenida con los representantes de AMU el día lunes 10 de febrero del corriente, Rolando Vomero, Alberto Reyes, Eduardo Borges y Elena Martínez, que existe interés del Poder Ejecutivo en buscar una solución y posibles gestiones”, señala.

“Sin perjuicio de ello, la corporación decidió recurrir lo resuelto por el MEF, que se opuso a la solicitud de habilitación del crédito que le fuera cursada adjuntando solicitud de reliquidación de AMU”, concluye.