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En los complejos de viviendas del Banco de Previsión Social (BPS) se encontraron, en el último año, hogares con “intrusos”, a quienes no le correspondía acceder a la solución habitacional ofrecida por ese organismo. Había algunos abandonados, uno que debió ser destruido por su deterioro y otros en los que el tiempo de refacción es “muy elevado”. Estos son algunos ejemplos de los “problemas de gestión” que tuvo el BPS en esa área y que provocaron una “demanda insatisfecha muy grande”, dijo su vicepresidente, Daniel Graffigna.
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Son alrededor de 6.500 los pasivos que cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda y que están en lista de espera para recibirla, pero el BPS no se las ha entregado porque “se construyó poco en los últimos años”, aseguró el jerarca a Búsqueda. En el último gobierno del Frente Amplio, fueron 120 inmuebles por año los entregados, dijo.
El representante de los pasivos en el Directorio del BPS, Sixto Amaro, sostuvo que hay “preocupación” en jubilados y pensionistas por el plan de viviendas que están discutiendo los directores y aseguró que todavía no hay uno definido. “Los tiempos nuestros no son los mismos que pueden darse en el gobierno. Necesitamos tener una solución urgente”, comentó Amaro.
Consultado sobre ese planteo, Graffigna se preguntó “qué plan existía” en la gestión pasada y atribuyó la responsabilidad a las autoridades anteriores. “Hay cuatro directores nuevos y hay otros que son de otra gestión. Ellos tendrían que asumir los problemas que son comprobados por la vía de los hechos”, respondió el vicepresidente, en referencia a que los directores sociales —representantes de pasivos, asalariados y empleadores— se mantienen y entraron los designados por el sistema político.
“Es un dato de la realidad que nos pega en la cara. Si la lista de espera es tan grande, el plan de antes no existía o es un fracaso rotundo (…). Asumo la responsabilidad de lo que me corresponde en este momento, pero no de la gestión anterior que sí tendría que asumir Sixto Amaro, que fue parte”, insistió Graffigna.
El representante de los pasivos se postulará a la reelección en los comicios del 28 de noviembre, cuando se votarán los nuevos directores sociales del BPS. De ganar, el integrante de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) ocupará el cargo por tercera vez consecutiva.
Amaro aseguró que desde que asumieron los nuevos directores políticos —tras el cambio de gobierno— no se ha construido ninguna vivienda. Según comentó, hay tres planes para el programa de vivienda que analizan en el directorio: la construcción de edificios, comprar apartamentos o buscar una “modalidad alternativa” para soluciones habitacionales “que sean dignas y tengan un costo menor”.
Graffigna agregó que el BPS busca “generar convenios” con otros organismos, como Mevir, y que ha “explorado alternativas” de financiamiento a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Quienes tienen derecho a acceder al programa de soluciones habitacionales del BPS son los jubilados o pensionistas con un ingreso inferior mensual a las 12 unidades reajustables (unos $ 16.300 actualmente) que no sean propietarios de otro inmueble.
El plan actual establece tres modalidades. Los “cupo cama” (para jubilados que no son autoválidos), del que son beneficiaros 683 pasivos; los subsidios por alquiler, al que accedieron 1.111; y las construcciones de inmuebles, en las que viven 5.209.
Ojos y pantallas
Amaro planteó otros dos asuntos que también preocupan a sus representados. “Es vital la continuidad de la Operación Milagro”, dijo sobre el programa que prevé operaciones de ojos para jubilados y que es parte de un convenio entre Uruguay y Cuba, firmado en 2007. El plan se detuvo por la pandemia de Covid-19, pero el director aclaró que está previsto que continúe. “Se van acumulando una cantidad importante de jubilados y pensionistas que necesitan ser operados”, comentó.
A su vez, dijo que “siguen sin entregarse dispositivos” del Plan Ibirapitá, un programa lanzado durante la segunda administración de Tabaré Vázquez para el que las autoridades prevén un cambio de “paradigma” y centrarlo en la entrega de paquetes de datos y no de dispositivos (Búsqueda N° 2.127).
