N° 1856 - 25 de Febrero al 02 de Marzo de 2016
El pueblo boliviano rechazó el domingo 21 una iniciativa oficialista para reformar la Constitución, sancionada a instancias del presidente Evo Morales hace solo seis años, que pretendía habilitar una nueva reelección del mandatario y del vicepresidente Álvaro García Lineras, ideólogo y estratega del gobierno. La derrota del oficialismo boliviano, que pese a ello seguirá ejerciendo el poder hasta enero de 2020, es la tercera que sufre el populismo en la región en los últimos meses. En noviembre el kirchnerismo perdió el poder. En diciembre la derrota golpeó a Maduro, heredero del chavismo.
¿Significa esto la derrota de las corrientes populistas que predominaron en los últimos 15 años en América Latina? ¿Es el fin de un ciclo político?
Si bien ha habido una similitud ideológica, de enfoques políticos y una muy fuerte afinidad personal entre los gobernantes de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, quienes forjaron una red de solidaridad y coordinación política regional, a la que también se vincularon, entre otros Brasil y Uruguay, cada uno desarrolló su camino a partir de sus propias características culturales, tradiciones políticas y economías.
Por eso, aun cuando las tres fichas caídas tienen similitudes, cada caso tiene sus propias explicaciones.
El más claro es el de Venezuela, donde el abrumador triunfo opositor en la elección legislativa se explica por el caos político, social y económico provocado por un régimen que, pese a proclamarse defensor de los intereses del pueblo, terminó obligando a sus compatriotas a una lucha diaria para asegurar su subsistencia. Situación precedida por el despilfarro de cuantiosos recursos petroleros aplicados a financiar el sueño de Chávez de asumir el liderazgo del “progresismo antiimperialista” ante el retiro por vejez y enfermedad de Fidel Castro.
Inseguridad pública, corrupción galopante en todos los niveles de la administración, descontrol económico, desabastecimiento, autoritarismo, aumento de la criminalidad en las calles, persecución de medios independientes, violencia y cárcel para opositores demuestran la pérdida de brújula del régimen. Para completar el cuadro, sin Chávez, al desplome de los precios del petróleo se sumó la mediocridad e incapacidad de Maduro.
El régimen cavó su propia sepultura al convocar la elección legislativa. La derrota (66%-33%) marcó el rechazo a lo que queda del chavismo.
Sin llegar a esos extremos y sin convertir la vida diaria en un inmenso trauma para la mayoría de sus compatriotas, el kirchnerismo incluyó muchos ingredientes del caso venezolano. Aun siendo inferior a la dosis chavista, el Frente para la Victoria abrió el camino a una coalición opositora que, reunida en unos pocos meses y sin siquiera incluir a todos los opositores, logró imponerse en el balotaje. Un mes antes, más del 60% de los argentinos habían expresado su deseo de poner fin a un gobierno prepotente, incompetente y corrupto. De poner fin al enriquecimiento descarado de la nomenclatura, al amiguismo y al clientelismo que abusó de los recursos de la administración pública para perpetuarse en el poder, a la connivencia de personeros del régimen con el tráfico de drogas. El cerrarse a toda evidencia de la realidad, la negativa a aceptar críticas y el sentimiento de impunidad que exhibió el kirchnerismo forjaron la derrota en las urnas.
El desastre económico venezolano y las dificultades de Argentina apuntalan la tesis de que ambas derrotas tienen una razón principal: el desencanto de los ciudadanos cuando llega el tiempo de las vacas flacas.
Pero para el caso boliviano no parecen ser económicas sino políticas las causas de la derrota de Evo Morales (51,3%-48,7%).
Luego de acaudillar durante años el movimiento indigenista y cocalero fue electo diputado por Cochabamba en 1977 con el 70% de los votos.
Derrotado por escaso margen en la elección presidencial del 2002 por Sánchez de Losada, aunque reelecto diputado con alta votación (81,3%), lideró una oposición cerril que derrocó al mandatario un año más tarde. En 2005 conquistó la Presidencia (53,7%) y tres años más tarde superó con amplio respaldo (67%) un referéndum revocatorio de su mandato. En 2009, tras una batalla política de dos años, logró aprobar una nueva Constitución y meses después su primera reelección (64,2% de los votos).
Para mantenerle en el poder, su partido, el Movimiento al Socialismo, sancionó en 2013 una ley, avalada luego por la Corte Suprema, que autorizó una segunda reelección. Lo logró pese al impedimento explícito de la Carta sancionada a su medida cuatro años antes. La autorización se basó en que el primer mandato no debía tomarse en cuenta por haber sido logrado en la vigencia de la anterior Constitución.
Morales volvió a ser candidato en 2014 y ganó ampliamente un tercer mandato (61,3%) que concluirá en enero de 2020. Completará así 14 años como presidente, el período más prolongado en un país caracterizado por la inestabilidad política durante la mayor parte de su historia.
Tras sufrir el año pasado derrotas en varias ciudades en las elecciones municipales, el oficialismo consideró que sólo el carisma de Evo podía asegurarle la continuidad en el poder y que, ahora, tres años y medio antes de la próxima cita electoral, con una situación económica relativamente desahogada, era el momento de dar la batalla. Sus partidarios intentaron habilitarle a ser candidato en la elección de 2019, para lo cual aprobaron en el Congreso una enmienda constitucional de un solo artículo. Pero el domingo 21 los bolivianos dijeron basta. Recuerda al dicho popular: “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”.
El inconformismo expresado el domingo no parece tener un origen económico, sino político: el desgaste de la figura del presidente y de su entorno. A ello contribuyeron no sólo las reiteradas maniobras legales para eternizarse en el poder, sino la difusión de graves hechos de corrupción. El más notorio involucra a dirigentes indigenistas del MAS, allegados al presidente, que desviaron en beneficio propio 30 millones de dólares que el gobierno aportó al Fondo Indígena, institución de cooperación con las comunidades rurales.
O las concesiones de obra pública que el gobierno otorgó a una empresa china cuya principal ejecutiva mantuvo tiempo atrás una relación con el presidente con el que llegó a tener un hijo, fallecido prematuramente. O las devastadoras imágenes exhibidas por la televisión que mostraron al presidente pidiéndole a un colaborador que le atara los cordones del zapato y que este cumpliera sumisamente la orden de su jefe.
Aunque todavía dará que hablar, el actual ciclo populista va camino al despeñadero.
Más astuto, advertido por los malos resultados de sus candidatos en varias ciudades ecuatorianas en la elección municipal del 2014, consciente de las consecuencias del impacto negativo de la caída de los precios del petróleo en la economía del país, Rafael Correa anunció que no intentará ser reelecto el año próximo en Ecuador. Pero sus partidarios luchan por imponer la reelección indefinida de todos los cargos electivos a partir de 2021. Si esta propuesta es finalmente aprobada dejaría la puerta abierta para un eventual regreso, incluyendo “el sueño del pibe”: la reelección ad eternum.
El ciclo populista luce agotado, pero es obvio que solo la superación de las causas políticas y sociales que lo gestaron librará a la región de nuevas aventuras.
