Cuando un ciudadano se postula (la palabrita) para algún cargo público, no hace otra cosa que plantear a sus conciudadanos su pretensión de representarlos y de ocuparse de sus asuntos. Les pide el voto para acceder al cargo para el cual se candidatea. Les solicita que le cedan transitoriamente parte de su soberanía y le concedan el privilegio de manejar sus cosas, sus intereses, sus dineros.
Lógicamente, debe haber una contrapartida. Y la hay: el postulante se compromete ante sus electores —y mandantes, a no olvidarlo— a cumplir la tarea lo mejor posible, en forma honesta y con total transparencia; asume su obligación de dar cuenta diaria de sus actos y de someterse al escrutinio público.
Ese es el pacto. Y más que un pacto, es el derecho de los ciudadanos, en cuanto soberanos, a exigir a sus representantes, a sus mandatarios, toda la información que sea necesaria y en el momento que sea, de cómo están llevando sus asuntos. El candidato está sometido a ello y lo sabe de antemano: ya desde cuando se postula y con mucho más fundamento si es elegido para ejercer el gobierno y tomar parte del poder.
De eso se trata, simplemente. Por lo menos en una democracia. Y no hay motivos para agraviarse.
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Hay gente que no quiere y que no está dispuesta a aceptar ese tipo de exposición. Ciudadanos que le dan un gran valor a su derecho a la privacidad. Esos no se postulan, no son candidatos y no ocupan cargos públicos. Incluso hay quienes, en esa misma línea, no hacen negocios con el Estado.
Ahora, el que se postula, el que es elegido o designado en un cargo público, cuyo sueldo se lo pagan los contribuyentes, “corre ese riesgo”. El riesgo de ser escrutados, de ser vigilados y de ser investigados y de que se le exijan manos limpias y a la vista, donde los ciudadanos las puedan ver.
Estos mentados riesgos a su vez tienen sus compensaciones: buen sueldo, auto con chofer, despacho, secretarias y secretarios, guardaespaldas (muy necesario en estas épocas), viajes, invitaciones, condecoraciones, doctorados (honoris causa, por supuesto) y ainda mais, y más, y más. Y poder, eso que dicen que enloquece, pero que a algunos les permite superar la condición de humanos y hasta parecerse a Dios, según lo planteaba tan bien André Malraux.
Hay, para el funcionario o persona vinculada al Estado, algún riesgo extra. Así como muchos de los beneficios y privilegios del cargo alcanzan a sus familias, de la misma manera estas también están sometidas al ya citado escrutinio público.
Es lo lógico y natural. Nadie debería sorprenderse ni enojarse por ello. No vale tener un cuñado o parientes offshore.
Tampoco eso es una novedad. Hijos o esposas de presidentes han merecido más de un titular y primera plana en nuestro país. Y no se recuerda que el hoy presidente Vázquez haya protestado por eso.
Pasa en todo lados. Con el hijo y la nuera de Michelle Bachelet; con Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala. Pasa con Lulinha, el hijo de Lula, “flor de fichita”, pero nada que hacer al lado de Máximo Kirchner. El patrimonio del heredero de “el tuerto y la terca” (Mujica dixit) creció un 55.000 por ciento en menos de 10 años. Máximo, en lo que a él atañe, parecería estar dándole la razón a Jorge Batlle en aquello que este decía de los argentinos en general.
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Vayamos al pase “de mondonguillo” para los dueños de los medios de comunicación (¿o solo es para los de “El País” y Búsqueda, señalados expresamente por el mandatario?).
Si es cierta o no la noticia lo pasamos por alto: los medios se han ocupado de clarificarlo con nuevas informaciones y documentos.
Lo de “muy mal intencionado” es otra cosa. Conozco a la mayoría de los muchachos que trabajan en Búsqueda y a una gran cantidad de los que lo hacen en “El País”. Son personas y profesionales muy respetables. No creo que busquen y difundan información con el exclusivo ánimo de dañar a alguien, y tampoco creo que esos periodistas reciban órdenes o instrucciones de “los dueños” y mucho menos que las acepten, para generar información con el propósito de “joder” políticamente la imagen de alguien.
Los periodistas, en especial, deberíamos estar atentos ante esas críticas, muy bolivarianas por cierto, contra los ”dueños”. Por ahí se empieza y después “van por todo”, como decían los Kirchner.
No podemos ignorar, además, que eso de “meterles miedo” a los dueños puede tener un efecto búmeran en perjuicio de los ciudadanos y su derecho a saber lo que pasa. Ese tipo de “llamado de atención” puede ser utilizado por los propios dueños para mediatizar y manejar la tarea de los periodistas y censurarlos a ellos y a columnistas, con el argumento de que pueden castigarlos “desde arriba”, o simplemente porque no quieren estar ni quedar mal con el gobierno.
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En cuanto a que los dueños de los medios deban presentar declaración de bienes y de sus cónyuges, no creo que corresponda.
Veámoslo por partes. Los hombres públicos, los funcionarios elegidos o designados, a los que los ciudadanos pagan sus salarios y otros beneficios, están sometidos a la transparencia y a una permanente rendición de cuentas, como ya se ha explicitado. Otra categoría es la de los que sin ser funcionarios tienen negocios con el Estado, con contratos, acuerdos o arreglos que implican decisiones de funcionarios y el uso de dineros públicos; esto es, el dinero que aportan los ciudadanos contribuyentes. En este aspecto basta solo citar dos casos muy notorios, como el de Lázaro Báez en Argentina y el Odebrecht en Brasil para concluir que la transparencia es condición ineludible.
Algo parecido es lo de aquellos que se benefician de concesiones del Estado, servicios de transporte, taxis, recolección de residuos, que son servicios de interés público, en alguna forma monopolizados o no librados a la competencia. Son todos contratos y asignación de privilegios, que tampoco pueden escapar a la transparencia y el control ciudadano.
Y hasta ahí.
Hay personas que pueden ser muy conocidas públicamente e irles bien o muy bien en sus negocios y no por eso van a estar sometidas al escrutinio público, ni a la intervención del Estado, ni a la curiosidad de la gente, salvo en aquello por lo que son notorias. Los ejemplos abundan: deportistas, profesionales de todo tipo (médicos, arquitectos, abogados, odontólogos) o artistas. Se trata de gente que se hace famosa por alguna virtud especial, pero a los que no se les va a castigar o controlar por ser famosos. Mas allá de sus obligaciones fiscales (con el debido respeto del secreto tributario) y legales como las de cualquier ciudadano, no tienen por qué dar cuenta de sus vidas.
Y a los dueños de los medios, ¿por qué? ¿Porque forman opinión? Y los columnistas, comentaristas, periodistas, encuestadores, los que tienen blogs, los que usan Twitter, los que dan conferencias, los dirigentes sindicales, los sacerdotes, los pastores, los profesores, los maestros, ¿por qué no? Todos ellos forman opinión.
Por otra parte, cualquiera puede abrir un diario o un semanario. Aquí en el Uruguay está más que probado. Además se trata, primero que nada, del derecho de cada ciudadano a la plena libertad de expresión, de ejercer sin ningún tipo de limitaciones su derecho a buscar, recibir y difundir información a través del medio que sea y que quiera.
Y en cuanto al aspecto empresarial, la cuestión resulta más clara y elocuente aún. A los medios les va bien si el público los respalda por su propia voluntad. A las empresas periodísticas cuando les va mal reducen personal, ajustan cuentas y gastos, y no tienen la chance de obligar a los ciudadanos a que los compren o los sintonicen. Algo muy distinto a lo que pasa con el Estado y los funcionarios, cuyos permanentes déficits se solucionan no recortando, ni equilibrando sueldos y gastos, sino aumentando impuestos. Y el ciudadano que sí tiene la chance de comprar un diario o semanario, según se le antoje, no puede hacer lo mismo respecto a los impuestos: los paga o los paga y si no, le cae todo el peso del Estado y sus personeros.
Hay muchas diferencias y grandes como para tratar de igualar.
Además de la libertad de expresión.
