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Los funcionarios administrativos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) cuestionan que el organismo todavía no dispuso la exhortación del Poder Ejecutivo de llevar al máximo posible el teletrabajo, dijeron trabajadores a Búsqueda. El problema se volvió un poco más complejo después de que saltara el primer positivo por Covid-19.
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Son unos 100 trabajadores que, según relataron varios, podrían realizar sus tareas desde el hogar, ya que no están atendiendo público y son gestiones administrativas, pero las autoridades ordenan concurrir.
En una resolución emitida por el INR el jueves 3 se dispuso “la continuidad de la prestación de los servicios en las dependencias” con “un sistema de guardias rotativas de un mínimo del 50% del personal por día, de modo que el servicio no se vea resentido” y “quedando bajo estricta responsabilidad de quien lo establezca el cumplimiento de lo antedicho”. Unas semanas después, el jueves 17, el INR envió otra resolución, con la firma del director Luis Mendoza, extendiendo la medida y manteniendo las exigencias.
La situación se agravó en los últimos días a partir de que se confirmara que una funcionaria administrativa contrajo el virus. Pese a que todas las dependencias están ubicadas en dos pisos del mismo edificio, las autoridades pusieron en cuarentena solo al equipo que trabaja con la persona afectada. Esto, de acuerdo a los funcionarios consultados, expone a los demás trabajadores, ya que hubo espacios que fueron compartidos como baños, comedor, entre otros.
Los funcionarios sostuvieron que en marzo, cuando se dieron los primeros casos de Covid-19 en Uruguay, los jerarcas resolvieron de forma preventiva que todos trabajaran desde sus casas. Sin embargo, hasta el momento mantienen la obligatoriedad de que al menos la mitad de los trabajadores asistan. Una decena de funcionarios aún aguarda el resultado de los hisopados que les realizaron.