En el marco de un año electoral —primarias y nacionales— van algunas reflexiones, siempre desde el punto de vista estrictamente ciudadano, y en el entendido de que la ciudadanía es merecedora de las aclaraciones pertinentes respecto a diversas situaciones y conductas —ya sea por acción u omisión— del espectro político (léase gobierno y oposición).
Para quien escribe, es un elemento muy importante a tener en cuenta a los efectos de la decisión del voto ciudadano que, una vez mayoritario, otorgará el gobierno del país. Conviene aclarar: el gobierno se otorga para servir y no para servirse de él.
Se avecinan meses “calientes” del periplo electoral. El año verdadero, podemos decir, comenzó en las postrimerías del mes de abril, luego de una insólita Semana de Turismo o Santa, según su apreciación, que en la oportunidad contó con ocho días. Lamentablemente, como ya es habitual de un tiempo a esta parte, las fechas patrias mutaron en instrumentos para la creación de “feriados largos” y poco o nada importan ya sus honrosas y respetuosas celebraciones —aunque constituyen la historia del país— en sus fechas que debieran ser inamovibles.
Entrando en tema, nos enteramos por la prensa (que nunca falte): entre julio de 2015 y diciembre de 2017, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado —los tres con representación en la Junta Departamental de Maldonado— cobraron más de un millón de dólares en partidas de la referida Junta Departamental (semanario Brecha del 2 de noviembre de 2018 págs. 14 y 15).
Con fecha 21 de julio de 2015, la Junta Departamental de Maldonado, por unanimidad de los 29 ediles presentes en sala, aprobó una resolución por la que cada sector político con representación legislativa comenzó a recibir una partida económica mensual, “para el mejor cumplimiento de sus fines”. A enero de 2018, la partida de representación era de $ 37.294, más que la percibida por un senador o un diputado. La referida resolución no pudo ser ubicada en la página web de la Junta Departamental, sino hasta 3 años después, cuando la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), ante denuncia que le fuera presentada al respecto, emitió su Dictamen (25 de julio de 2018-expediente 2017-34-1-0000204) en el que denunció el mecanismo por anticonstitucional y violatorio de las normas sobre financiamiento de los partidos políticos, entre otras disposiciones legales.
Relacionado con la Jutep, pero otro tema también preocupante, en la pág. 7 la edición de Búsqueda del 11 de abril 2019 titula: La junta anticorrupción analiza postergar sus fallos sobre denuncias contra políticos hasta después de las elecciones.
En la nota, entre otras consideraciones, se señala que a partir del “caso Raúl Sendic”, que la junta asumió de oficio y cuestionó el uso que el entonces vicepresidente dio a las tarjetas corporativas de Ancap, la junta anticorrupción empezó a recibir más denuncias y que Ricardo Gil, presidente del organismo, cree que en muchos casos lo que se busca es generar un hecho político y no que se investigue una irregularidad. Y que para evitar que esa práctica se profundice, ha dicho en varias oportunidades que las denuncias de políticos contra políticos no son prioridad para su organización. Van a recibir las denuncias y se van a expedir el 2 de diciembre 2019, cuando pasen las elecciones para que no usen a la Jutep con fines electorales.
En otra nota, edición de Búsqueda del 4 de abril 2019, pág. 5, se da cuenta del pedido del senador Marcos Otheguy para que su pareja trabaje en su despacho, hasta el final del período legislativo. Solicitud presentada una semana después de que una colega la acusara de maltrato (presunto acoso laboral) en el Ministerio de Educación-Centros MEC, donde desempeña funciones. El legislador manifestó que desconocía que se hubiera presentado una denuncia, apenas días antes de su planteo. Se expresa en la nota referida que el 6 de marzo una funcionaria del Centro MEC de Colonia materializó la denuncia, “según una carta que envió a la directora del organismo…”. Para sustentar su denuncia la funcionaria presentó copias de los mensajes de texto, WhatsApp y mails, que intercambió con la denunciada. El 26 de marzo, después de analizar los antecedentes, el Ministerio de Educación y Cultura resolvió instruir una investigación administrativa.
En otro orden, la diaria del 25 de marzo de 2019 — Arq. Juan P. Urruzola —UPM— Tren: Las obras del ramal ferroviario puerto Montevideo — Paso de los Toros fueron declaradas de Interés Nacional y Urgente Consideración por el Consejo de Ministros (11 de marzo de 2019); se hace referencia a que “el país se propone alcanzar altos índices de desarrollo sostenible a cuyos efectos requiere de una infraestructura de calidad”.
En la nota, Urruzola señala que,el tramo montevideano será reconstruido en su totalidad sobre la traza histórica del Ferrocarril Central; la nueva infraestructura, asociada a las necesidades logísticas de UPM en Durazno, la transformarán en una hermética barrera norte-sur que dificultará decididamente la movilidad y accesibilidad este-oeste de la ciudad. Y le surgen las preguntas: ¿cómo se logran “altos índices de desarrollo sostenible”, con un proyecto que divide territorios urbanos históricos densamente poblados? ¿Por qué el proyecto sería prioritario? ¿En que nos favorece su “urgente ejecución”? y señala, por tanto, que “hay decisiones políticas que, huérfanas de sus debidos fundamentos, terminan pareciéndose a imposiciones autoritarias”. Y que “…permitir la adecuada movilidad y accesibilidad ciudadana en los territorios urbanos hace a su calidad de vida”. Cuestiona que un emprendimiento tan trascendente, que no figura en los programas de gobierno del Frente Amplio, esté cerrado a la consideración y debate ciudadanos.
Por su parte, y sobre el mismo tema, Benjamín Nahoum (Brecha 8/3/2019) plantea dos cuestionamientos básicos, ¿Por qué es necesario este tren? ¿Por qué en la ubicación elegida? Y la respuesta sostiene que el tren es condición ineludible para hacer viable el emprendimiento de UPM en Durazno, la ubicación elegida permite reducir al mínimo la inversión pública necesaria para concretar la infraestructura ferroviaria exigida por el emprendimiento privado.
La preocupación parece ser exclusivamente financiera; menos expropiaciones reducen costos y juicios y permiten acelerar los tiempos de ejecución.
La institucionalidad construida para promover el ordenamiento del territorio parte de la base de que deben ser los habitantes el origen y el destino de todos sus empeños. Las finalidades de la ley de ordenamiento territorial refieren a la calidad de vida, a la integración social y al uso democrático y sustentable de los recursos naturales y culturales. En el territorio habitamos, y ello lo hace imprescindible para la existencia humana.
Maltratar el territorio es maltratar a sus habitantes. Ejemplo: sometiendo las áreas centrales de la ciudad a flujos ferroviarios intensos, totalmente incompatibles con su densa vida urbana. O realizando una obra de altísimo costo y muy escasas potencialidades de desarrollo territorial futuro.
En la diaria — Río Abierto — 20/4/2019 - En el marco de que representantes de distintas organizaciones y movimientos ambientales en Uruguay coinciden en que, en los últimos años, las demandas ambientales han ganado fuerza, Karin Nansen, presidenta de Redes Amigos de la Tierra Internacional, entre otras consideraciones, señaló que el gobierno no es homogéneo en lo ambiental. En el caso de los transgénicos, el Ministerio de Vivienda y el de Salud Pública tienen un posicionamiento en contra pero no son los que más pesan, y finalmente se impone la lógica del Ministerio de Ganadería o del Ministerio de Economía. También dijo que, en Sarandí Grande, Florida, un grupo de vecinos, amparados en una disposición constitucional (15% de los habilitados para votar en la localidad), juntan adhesiones contra el proyecto del Ferrocarril Central.
Ahora bien, someramente se describieron algunas diversas situaciones del sistema político y, un hecho para nada menor, es que los cuestionamientos y las preocupaciones provienen de ciudadanos sin aspiraciones político-partidarias manifiestas; conformados por entendidos y por movimientos sociales.
El gobierno, por ser tal, no el único, pero sí el de mayor responsabilidad, debería expedirse de una buena vez, en forma fundada y unívoca, para transmitir certeza a una población que no la tiene. La oposición, dejar de hacerse la distraída y no dejar correr situaciones que, aprovechables hoy, no escapan al futuro del país y pueden llegar a salpicar feo.
Hay que actuar hoy sin reparar en lo electoral, sería muy buena cosa soslayarlo, por ambas partes. Quizás, de ese modo, veríamos alguna luz de futuro.
Carlos A. Nilson
CI 1.157.940-4
