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    Preparan nuevos pedidos de inconstitucionalidad contra “ley de medios”

    La Asociación de Radios del Interior (Rami) y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (Cuta) presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como “ley de medios”.

    La decisión de Rami deberá ser avalada por la asamblea de la gremial, que se llevará a cabo el jueves 23, pero el consejo directivo ya decidió seguir este camino, con el que están de acuerdo la “gran mayoría” de sus miembros, dijo a Búsqueda su presidente, Miguel Ángel Pose.

    Los directivos de Rami tomaron esa resolución ayer, miércoles 15. Según contó Pose, ya tienen armado un “esqueleto” de los argumentos que utilizarán en el pedido de inconstitucionalidad, para el cual Carlos Delpiazzo fue uno de los abogados consultados.

    Ese pedido se sumará al que ya realizó la empresa DirecTV en febrero de este año, en el cual cuestionó 27 artículos.

    El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunció sobre ese pedido. En un informe divulgado por Búsqueda el jueves 9, señaló que la ley tiene cinco artículos contrarios a lo que establece la Carta Magna, además de varios incisos en otros nueve artículos (Búsqueda Nº 1.810).

    La posición de la Fiscalía, si bien no es vinculante, es preceptiva para los ministros de la SCJ.

    La Cuta también acudirá en las próximas semanas ante el máximo órgano judicial para pedir la inconstitucionalidad de la ley. Entre otros, la gremial cuestiona el artículo 1º de la normativa, que hasta ahora no ha sido impugnado y que establece su objetivo general: “La regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual”.

    Para la gremial, ese artículo atenta contra el principio de igualdad contenido en la Constitución. Pero además hay aspectos de la ley que “son inaplicables para la realidad de las empresas de televisión por cable del interior”, argumentó a Búsqueda su presidente, Horacio Rodríguez.

    La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) tenía programado presentar un pedido de inconstitucionalidad, pero por discrepancias en su interna todavía no lo han hecho. De todas maneras, al menos uno de los canales privados que integran la institución impugnará artículos de la ley, según publicó ayer miércoles 15 “El Observador”.

    El martes 14 el Partido Independiente presentó ante la SCJ el segundo recurso de inconstitucionalidad. “Las normas que regulan la materia electoral requieren mayorías especiales para aprobarse, y esta norma que regula la publicidad electoral gratuita requería de una mayoría especial, que no se cumplió”, dijo a Búsqueda el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. “Hay una inconstitucionalidad de forma que está relacionada con ese requisito”, argumentó.

    Otro de los puntos que el legislador entiende contrario a la Carta Magna es la norma que establece la distribución de tiempos de publicidad oficial, que asigna 80% al partido ganador en las elecciones y 20% al resto. Eso implica “una gran desigualdad a favor del partido de gobierno” y una “inconstitucionalidad sustancial, que tiene que ver con la violación del derecho de igualdad”, apuntó Mieres contra el Artículo 143 de la normativa.

    El recurso de inconstitucionalidad que presentó esta fuerza política fue diseñado por el abogado constitucionalista Martín Risso, quien asesoró a otras organizaciones que acudirán a la Corte.

    “Libertad de expresión”.

    Aunque Díaz opinó que la ley tiene varios artículos inconstitucionales, desde las organizaciones que impulsaron la nueva legislación señalaron que la “más importante” de sus conclusiones es que la reglamentación “no viola la libertad de expresión”.

    “Los defensores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han afirmado insistentemente que se trata de una ley garantista y que, muy al contrario de significar un avasallamiento del derecho a la libertad de expresión, se convierte en un instrumento para protegerlo y promoverlo”, escribió el ex director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Gustavo Gómez, en una columna de opinión difundida el 14 de abril. “Al desechar los argumentos de violación al artículo 29 de nuestra Constitución, el dictamen de la Fiscalía se interpreta como una confirmación y un respaldo en ese sentido”, señaló el ex jerarca en el escrito.

    El presidente Tabaré Vázquez dijo que esperará a que los ministros de la SCJ se pronuncien sobre la constitucionalidad de la ley antes de reglamentarla, aunque luego agregó que su plazo de espera llega hasta mediados de este año (Búsqueda Nº 1.808).