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Presidencia y Ministerio de Salud intentan modificar decreto de la gestión de Venegas que puede iniciar “una guerra civil” con Femi
La norma que introduce la participación social en la dirección de los prestadores del interior intentó “forzar una discusión ya saldada” sobre el “cooperativismo”, consideran fuentes políticas
La Presidencia de la República trabaja junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) para “encontrar una solución” que “modifique” un decreto aprobado durante la gestión del ex ministro Jorge Venegas (Partido Comunista) y que es considerado por buena parte del gobierno como “ilegal”, así como un “profundo error político”, porque puede iniciar “una guerra civil” con la Federación Médica del Interior (Femi), informaron a Búsqueda diversas fuentes políticas vinculadas a la salud.
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Se trata de un decreto de diciembre de 2012 impugnado días después por la Femi que cambia la integración de las instituciones médicas del interior y el grupo Cosem de Montevideo. En los hechos, la norma indica quiénes tienen que ser los propietarios de esas instituciones, al obligarles a incluir como socios hasta un 75% de sus profesionales (lo que incluye a médicos pero también a otros como nurses o enfermeros) y a establecer la participación de los usuarios en sus órganos de dirección.
Varias fuentes políticas coincidieron en que el decreto fue aprobado como resultado de la alianza que comunistas e integrantes del Movimiento de Participación Popular hicieron en el MSP, y algunos consideran que fue un intento por “forzar” una ”discusión ya saldada” en el período pasado sobre el “cooperativismo” de esas instituciones.
Cuando Venegas estaba a punto de ser destituido del cargo por su nacionalidad chilena, el Partido Comunista emitió una declaración en la que “apoyó las medidas” que se estaban instrumentando en ese momento en el MSP, entre las que destacaron “el cambio de estatuto de las cooperativas médicas del interior que abre posibilidades a todos los médicos a participar en ellas”.
La FEMI es una organización médica que reúne a las instituciones gremiales y de asistencia médica del interior, en total 2.800 médicos agrupados en 22 gremios distribuidos en 18 departamentos del país.
Durante la presidencia de Tabaré Vázquez el gobierno definió que las empresas de Femi no eran cooperativas pero gozaban de beneficios como si lo fueran y por eso transformó su forma jurídica a una nueva: Instituciones de Asistencia Médica Privada de Profesionales (Iampp). Las rige una mezcla de normas propias de las cooperativas con otras propias de las sociedades comerciales. Así se salvaguardó la relación del gobierno con Femi.
La ley Nº 18.440 estableció un plazo de dos años para crear un estatuto para esas instituciones, pero ese plazo se fue prorrogando. Este decreto aprobado en diciembre pretendía crear esos estatutos, pero al ser impugnado se prolongó la fecha de definición, informó el diario “El País”. La nueva fecha límite vence el 30 de junio.
“Error político”.
Apenas se enteró de sus consecuencias, el presidente José Mujica mandó “modificar” el decreto, manifestaron las fuentes. Se entiende que es “ilegal” porque un decreto no puede modificar algo que fue aprobado por ley, pero además se considera inconveniente debido a que la consecuencia directa de un conflicto con la Femi es que se “enlentezcan” los acuerdos de complementación público-privados necesarios —según los impulsores de la reforma de la salud— para que el sistema funcione.
Llevar a cabo complementaciones de servicios, equipamiento y tecnología entre el sector público y privado es la respuesta que dan las autoridades ante los problemas de gestión, carencia de infraestructura o recursos humanos que aún debe resolver la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Fuentes del gobierno informaron que en los últimos meses solo se firmaron los convenios de complementación que ya se venían negociando antes del decreto. Estiman que, de aplicarse este decreto, Femi podría parar todos los futuros acuerdos, ya que el gobierno no puede obligar a una institución a hacer un acuerdo con otra.
Por eso el tema “preocupa” a las autoridades de la ASSE y en particular a su presidenta, Beatriz Silva. Fuentes de ASSE explicaron a Búsqueda que enfrentarse a la Femi en un conflicto “sin salida clara” es un “profundo error”. Para demostrarlo las fuentes recordaron que sin Femi hubiera sido “difícil” conseguir una “victoria” en el último conflicto con las Sociedades Anestésico Quirúrgicas, cuando renunciaron decenas de cirujanos. Aquella vez, ASSE derivó las intervenciones quirúrgicas pendientes a los prestadores de salud que forman parte de la Femi en el interior y no hubo omisión de asistencia.
Los prestadores de salud del interior son importantes, además, para implementar cualquier plan de salud rural que pueda querer concretar el gobierno.
Varias fuentes políticas coincidieron en que poner en funcionamiento este estatuto puede iniciar “una guerra civil” con la Femi y por eso aspiran a que en las próximas semanas se llegue a un texto que solucione el problema.
Decreto.
El decreto establece que podrán ser “socios” —es decir integrantes de la institución— “todos sus profesionales ” (no solo médicos) y además exige tener “al menos un 75% de sus trabajadores profesionales en condición de socio” para diciembre de 2014.
También establece que “deberán contemplar la participación de los afiliados en los órganos de gobierno” con hasta un 25% del total de miembros.
Estas dos disposiciones son las principales objeciones que tiene la Femi.
El decreto establece regulaciones sobre una serie de incompatibilidades, que el gobierno aspira a mantener en el próximo texto. El artículo 17, por ejemplo, indica que los socios de las Iampp que ocupen cargos de dirección y jefaturas de servicios quedan suspendidos en todos sus derechos como socios, excepto los de afiliación, mientras ocupen cargos políticos o de confianza en el Ministerio de Salud Pública y en ASSE, así como otros cargos directivos o administrativos en entidades públicas de salud.
