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Tras algunos problemas de gestión en años recientes que abultaron el déficit fiscal, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, decidió vigilar más de cerca a los entes autónomos y servicios descentralizados, sobre todo a los más relevantes en sus números. Lo hace por diversas vías.
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A los efectos de cumplir con el contralor asignado constitucionalmente al Ejecutivo sobre la “legalidad y conveniencia de la gestión y los actos de los Directorios” de los entes autónomos y servicios descentralizados, el decreto 155 del 2000 obliga a estos a remitirle dos copias testimoniadas de las actas de sesiones de su órgano máximo. Deben hacerlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la reunión de Directorio, o en su caso, de haberse dictado el acto o resolución. La norma agrega que uno de los ejemplares queda en poder del ministerio con que se vinculan al Poder Ejecutivo y otro debe ser elevado por esa cartera a la Presidencia de la República.
El decreto señala que el ministerio al que se relaciona la empresa pública —Industria en el caso de Ancap o UTE, Vivienda en el de OSE, o Transporte en el de la ANP, por ejemplo— deberá elaborar un “informe circunstanciado acerca de la legalidad y conveniencia de lo resuelto”, que elevará al Ejecutivo.
Son relativamente pocas las empresas estatales que hacen públicas sus actas de directorio, que documentan, con distintos formatos, las reuniones de sus máximas autoridades y las resoluciones que se adoptan, en algunos casos con una síntesis de los dialogados. Amparado en la ley de acceso a la información pública 18.381, Búsqueda solicitó el 23 de diciembre pasado a la Presidencia de la República dichos documentos correspondientes a 2016 de los bancos República (BROU), de Seguros del Estado (BSE), Hipotecario y Previsión Social, además de Antel, Ancap, UTE, AFE y OSE, entre otros organismos. Cuatro días después la Presidencia contestó en una resolución firmada por su secretario, Miguel Ángel Toma: “Deniégase el acceso a la información solicitada () por inexistencia de datos en poder de la Presidencia de la República”.
Un abogado de la Presidencia consultado por Búsqueda explicó que las actas no quedan allí e invocó el decreto 155 para aconsejar dirigir un nuevo pedido de acceso a los ministerios que conectan a las empresas con el Poder Ejecutivo. El resultado fue dispar.
El 26 de febrero Industria, Energía y Minería contestó que se deniega la información solicitada, en ese caso sobre Ancap, UTE y Antel. Invocó el artículo 14 de la ley 18.381, según el cual “los sujetos no están obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido” de datos, y sugirió “dirigirse directamente a los organismos” para obtener la información.
En el Ministerio de Economía, a donde se pidieron las actas del BROU y el BSE, la respuesta fue que “la información solicitada por el peticionante no se registra en esta Secretaría de Estado, por lo que no se tiene información que aportar”. A través de su Comisión de Acceso a la Información Pública, insistió en que la negativa obedece a la “inexistencia de datos en su poder respecto a la información solicitada”. Un funcionario administrativo del ministerio aseguró a Búsqueda que actualmente solo se “toma nota” de la entrada de las actas, como un procedimiento que dio a entender como de mera formalidad.
En cambio, Transporte y Obras Públicas entregó, en papel, las actas de AFE y la ANP. Y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente proporcionó las de OSE, en tanto que remitió a la web del Hipotecario para acceder a las de ese banco estatal.
