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    domingo 16 de junio de 2024

    Presiones indebidas

    Sr. Director:

    La acumulación de declaraciones de dirigentes políticos y de analistas a propósito de las conversaciones grabadas entre el expresidente del Partido Nacional Pablo Iturralde y el exsenador Penadés ha sembrado una estela de confusiones y contradicciones. Por desgracia, quienes podrían ser los más indicados para esclarecer los asuntos que aquí están en juego y poner los puntos sobre las íes, los constitucionalistas, han optado por llamarse a silencio, quizás por pudor, para no tener que marcar obviedades y, probablemente, para evitar quedar enredados en una espesa niebla de acusaciones crispadas y de despistes interminables.

    Por lo pronto, vale la pena analizar los comentarios de Daniel Chasquetti y de Adolfo Garcé (en el programa radial En Perspectiva). El primero puso el acento en la descalificación ética de las ufanadas pretensiones de Iturralde de haber incidido sobre la designación del fiscal que se encargaría de investigar las acusaciones contra el senador Penadés. El segundo, en cambio, quiso ampliar el enfoque y se refirió a la injerencia del poder político sobre ciertos subsistemas cuya autonomía resulta decisiva para garantizar la salud de la democracia. Y bien, los aportes de Chasquetti son inobjetables por cuanto se refieren a una modalidad específica de “presiones políticas” a los operadores judiciales, aquellas que se ejercen bajo cuerda, de espaldas a la ciudadanía. En ese sentido, Chasquetti se indigna, con toda razón, de que alguien reivindique —aunque sea en una conversación privada con Penadés— su eficacia para torcer el brazo de la Justicia, de influir para que un amigo resulte investigado por un operador inclinado a protegerlo. Por su parte, Garcé pretendió asumir un enfoque más abarcador, pero su enfoque acerca de la relación entre el poder político y “los subsistemas autónomos” dejó una brecha abierta para que se terminara filtrando el disparatario en el que, al final, quedaron atrapados tanto Yamandú Orsi como Fernando Pereira. Este último, con el agravante de condenar como presiones gravísimas a cierto tipo de declaraciones públicas con respecto a los desempeños de los fiscales, muy parecidas a las que él mismo asumió en otras oportunidades.

    Lo más grave de todo este contencioso es la confusión garrafal en la que incurren quienes califican como “violaciones gravísimas a la independencia de los operadores judiciales” a los comentarios críticos emitidos públicamente por mandatarios y dirigentes políticos, es decir, legisladores, ministros, presidentes, miembros de los órganos directivos de los partidos políticos, etcétera. En efecto, tal confusión constituye un síntoma inequívoco de no haber entendido la doctrina de la división de poderes —algo que se aprende en el liceo— en sus aspectos más elementales. En ese marco, ninguna instancia institucional dispone de prerrogativas de autoridad que otras instancias no puedan cuestionar y someter a procedimientos de revisión. Incluso la Suprema Corte de Justicia, instancia de alzada con respecto a los contenciosos en torno a las disposiciones constitucionales, puede ser sometida a juicio político por la rama legislativa, tal como se propuso hace pocos años, en a propósito del traslado de una jueza. Y si no fuera así, si no estuvieran disponibles las distintas modalidades de contralores recíprocos como amenazas pendientes de cuestionamiento y revisión de cualquiera de los “subsistemas”, entonces los ciudadanos resultarían indefensos frente a las aplicaciones desviadas de las prerrogativas de autoridad institucional.

    En ese sentido, entiendo que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ponía en juego recursos legítimos de contralor democrático cuando denunció públicamente sus desconfianzas acerca de los procedimientos de la fiscal Fossati, en su indagatoria sobre la extraña visita de Gustavo Leal a los padres del excustodio del presidente Lacalle Pou. Aún en el caso de que sus desconfianzas fueran infundadas, siempre es bueno que las actuaciones de los fiscales y de los jueces resulten expuestas a un escrutinio público sin complicidades ni complacencias.

    No olvidemos que en este país un fiscal y un juez concurrieron en el procesamiento de Amodio Pérez como responsable del delito de denunciar a los integrantes de una organización subversiva. Y si esa grosera distorsión de las prerrogativas judiciales tuvo lugar, ¿por qué tendríamos que suponer que la mera independencia de los “sistemas autónomos” constituye una garantía a prueba de balas contra la corrupción o contra los sesgos ideológicos de algunos de los miembros de la fiscalía y de la judicatura o, lo que es más peligroso, de aquellos jerarcas de quienes dependen sus calificaciones, traslados, ascensos, suspensiones?

    Los ciudadanos tenemos derecho a sospechar que los operadores judiciales tratan mejor a los ricos que a los pobres, a los poderosos que a los inermes, a los amigos que a los enemigos. Por otra parte, tales sospechas forman parte de las mejores tradiciones de aquellas movilizaciones empeñadas en proteger y reforzar la incidencia de los ciudadanos comunes frente a los grupos oligárquicos nucleados en torno a las posiciones de poder. Y aún hoy, resulta decisivo que podamos apelar a los partidos políticos para que nuestros reclamos cobren resonancia pública, en aquellos casos en los que quienes nos acusan o a quienes demandamos reparación parecieran disponer de cómplices en los encargados de reunir los elementos de juicio, atribuir responsabilidades, tipificar delitos.

    Dos conclusiones sobre la salud de la democracia uruguaya. Por un lado, resulta muy grave que el presidente del directorio de un partido político uruguayo haya pretendido o que se vanaglorie —en un mero alarde— de incidir sobre la indagatoria fiscal de un caso. Su único atenuante es que, por lo menos, lo hizo en las sombras. Su estropicio fue descubierto mucho después, debido a que su comunicación quedó registrada en un celular requisado. Asimismo, debe preocuparnos que algunos dirigentes de esa colectividad se apresuraran a destacar las virtudes personales de Iturralde. Por otro lado, linda con lo aberrante comprobar que los dirigentes del Frente Amplio —en particular, recuerdo a Orsi, Cosse, Pereira, Andrade, Bergara y Lima— se alinearan públicamente detrás de la denuncia del presidente Lacalle Pou como incurso en un grave deterioro institucional por atreverse a cuestionar la diligencia y las prioridades de los fiscales en el procesamiento de las denuncias sustanciadas. Aquí asombran y asustan varios extremos. Por lo pronto, el caso de inconsecuencia flagrante de Fernando Pereira. En segundo lugar, sorprende que una convocatoria partidaria que se reivindica como heredera de las tradiciones seculares de la izquierda tenga una memoria tan frágil y no recuerde las batallas libradas hasta hace muy poco para equilibrar los platillos de la balanza de la Justicia, tradicionalmente ladeados en contra de aquellos sectores de la población cuyos intereses pretende representar. En tercer lugar, cabe destacar lo que parece a primera vista una mezcla delirante de ignorancias e ilusiones despistadas: ¿cuál es su interpretación de la división de poderes?, ¿acaso suponen que se trata de evitar las instancias de contralores recíprocos?, ¿realmente creen que una comunidad democrática puede apostar a la independencia técnica de los operadores judiciales y renunciar a someter a sus desempeños al escrutinio de la ciudadanía y de aquellos a quienes autoriza como sus representantes electos?, ¿no advierten que esa apuesta equivale a dejar nuestras libertades y nuestros destinos en las manos de una supuesta casta de semidioses, exentos de las venalidades, amiguismos y sesgos ideológicos que contaminan al resto de los mortales?

    A modo de remate, cabe señalar que en el mismo despiste incurren las declaraciones de los fiscales y de los funcionarios que colaboran en ese “subsistema”: apelando al respeto debido a su independencia técnica, todos rechazan cualquier intento de cuestionar sus prioridades y sus procedimientos indagatorios. Si bien pueden exigir legítimamente que no se interfiera con sus actuaciones, ni se los someta a presiones y amenazas, tienen que estar dispuestos a rendir cuenta pública de sus aciertos y de sus errores. De paso, todos saldríamos beneficiados si limitaran al mínimo imprescindible sus declaraciones a los medios de comunicación y si las mismas se caracterizaran por su sobriedad y contención, si se expidieran sobre aquellas cuestiones en las que son expertos y en las que deben aplicar sus competencias especializadas: las garantías procesales, la identificación y calificación de los elementos probatorios, las estrategias de indagación, el chequeo de los testimonios de los involucrados. En ese sentido, quedo en deuda: me faltó especificar cómo deberían articularse, en el marco de una institucionalidad democrática, aquellos aportes expertos y especializados, por un lado, y, por el otro, los enjuiciamientos profanos de la idoneidad moral e intelectual de los operadores judiciales. No se trata de una tarea sencilla, algo que se pueda despachar en un par de renglones. En todo caso, el funcionamiento del sistema judicial en Argentina a lo largo de los últimos veinte años nos indica que debemos huir de las soluciones demasiado sencillas y prolijas: no alcanza con preservar la independencia de los operadores de ese subsistema.

    Carlos Pareja

    CI 575.187-6

    Cartas al director
    2024-05-29T22:22:55