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Las normas de Presupuesto, como la que entró en vigor este enero, “terminan siendo leyes ómnibus en las cuales entra de todo. A veces es hasta deliberado esperar a la instancia presupuestal porque entre tantas normas de diverso contenido y tan numerosas es una oportunidad de incorporar cambios que de otra manera hay que enviarlos por separado y van a ser más discutidos”, opinó Cristina Vázquez, directora del grupo de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Ferrere.
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Para Vázquez, un aspecto positivo de la norma es que profundiza una tendencia hacia la “transparencia” y “desburocratización” del Estado, si bien algunos puntos de la norma también “desvirtúan” el proceso de licitación en las compras estatales.
“Las creaciones institucionales vistas en su conjunto dan un importante sesgo hacia transparentar. Cuando se crea el Registro Único de Productores Agropecuarios o el Registro de Trazabilidad de Obra Pública, son soluciones que van en la línea de que el Estado cuente con información suficiente y actualizada. Lo mismo con el de Educación No Formal o el de Evaluación de Intervenciones Públicas”, explicó a Búsqueda la abogada y profesora de Derecho Administrativo.
Vázquez destacó como positivo de la ley la obligación de hacer públicos los pliegos de contrataciones estatales, así como la incorporación de planes anuales de contrataciones de bienes y servicios en la administración.
La norma también crea las Secretarías de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y de Ciencia y Tecnología, ambas en la órbita de la Presidencia de la República. “No es la primera vez que se hace, pero no es acorde a la Constitución agregar atribuciones a la Presidencia que tiene una competencia cerrada. Más allá de la bondad de la solución de fondo, desde el punto de vista jurídico administrativo es objetable que se cuelguen de la Presidencia”, opinó.
También criticó la incorporación de exoneraciones al método de licitación para las compras estatales que se introdujeron mediante modificaciones al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
“Las excepciones solían ser literales, y en el último Tocaf de 2012 se pasó a números porque se habían agotado las letras del abecedario. Ahora se siguen agregando, por ejemplo para el caso de emergencia agropecuaria o para contratar servicios artísticos. Esto termina desvirtuando la regla, pero también hay que observar que algunos de estos casos no son más que especies del género. Por ejemplo, ‘situaciones de emergencia agropecuaria’ podía entrar en ‘situaciones de emergencia’. No es bueno que las excepciones sean tantas que desvirtúen el principio, si es que se considera que el procedimiento competitivo es importante porque es más transparente”, fundamentó.
En materia de sentencias contra el Estado, el nuevo presupuesto establece que si un funcionario gana un reclamo salarial deberá esperar a la siguiente Rendición de Cuentas o Ley de Presupuesto para hacer efectivo el cobro. Esto, al entender de Vázquez, hace el procedimiento “más perjudicial” para los empleados públicos.
